Derechos Humanos

Sin derecho a la salud

2011-11-02T04:48:00.000-07:00

Su abogada advierte que Henry Vivas padece de 18 patologías y algunas pudieran convertirse en cáncer. Piden medidas humanitarias frente a lo que consideran una "condena a muerte" y una "tortura". La defensa del comisario exige que jueza defienda la Constitución.

El comisario Henry Vivas, detenido en el Sebin desde 2004, y su defensa continúan a la espera de que la jueza Lorena Moreno se pronuncie acerca de la solicitud de una medida humanitaria, pues el reo padece de 18 patologías.

"El proceso ha sido diferente que el resto de los casos porque, como no tiene cáncer, la jueza ha tenido dudas para darle la medida humanitaria. El viernes pasado fijó una audiencia con la Fiscalía y el médico forense, quien explicó todas las patologías y dijo que hay que intervenir cinco de ellas. La fiscal no dijo que se opone o no, sino que solicitó que se fije un lapso a los funcionarios de la policía para que lleven al comisario a que se practique las operaciones, vigilen el postoperatorio, lo saquen todos los días al aire libre, le den comida sana y garanticen que haga actividades físicas", relata la abogada Theresly Malavé.

La defensora de Vivas asegura que lo que propuso el Ministerio Público "no se puede realizar en ninguna cárcel del país porque la dinámica del sistema penitenciario no lo permite. Menos lo van a hacer en la Disip porque sólo los sacan 24 horas al año a tomar sol, por eso tienen la piel amarilla".

A pesar de que la opinión de la Fiscalía "no es vinculante", dice Malavé, la juez no ha opinado; se está reservando tres días hábiles para emitir el pronunciamiento que será el miércoles.

"La juez como juez constitucional ante todo tiene que hacer respetar la Constitución y sabe que el MP no está garantizando verdaderamente el derecho a la salud. Como defensores le pedimos que se separe de la opinión fiscal. Si no accede a otorgarle la medida humanitaria, interpondremos una acción de amparo. Si la declaran sin lugar, porque es la misma Corte de Apelaciones que siempre niega lo que pedimos, lo estarían condenando a muerte. También tendremos que denunciar el caso ante la Comisión del Delito de Tortura porque constituye tortura", sostiene.

PODRÍA COLAPSAR

Seis condiciones médicas destacan en el complicado diagnóstico médico del comisario Vivas. Padece de glaucoma en ambos ojos, que lo puede conducir a perder por completo la vista si no se trata constantemente. También, sufre de tinnitus, padecimiento en un oído que le produce un ruido fuerte, por lo que ha perdido parte de la audición.

En su colon se encontraron pólipos premalignos, por los cuales necesita ser operado porque puede convertirse en cáncer. Similar condición tiene en el esófago, donde el Síndrome de Barrett antecede a un cáncer. Por si fuera poco, el ex policía presenta un tumor en la garganta y sufre de rinitis.

Tal Cual Digital

En cuatro años se han registrado 1.193 homicidios en Barinas

2011-10-17T04:29:00.000-07:00

Precandidato a gobernador de Barinas, considera que la entidad que durante una década le ha confiado el mandato al padre y hermano del Presidente Chávez, "ha contribuido enormemente para que Venezuela, sea uno de los países con mayor índice de homicidios en Latinoamérica".

Barinas - Desde el mes de diciembre del año 2008 cuando Adán Chávez recibió de manos de su padre la Gobernación de Barinas, hasta la semana pasada del mes de octubre de 2011, en esta región se han registrado la muerte de forma violenta de 1.193 ciudadanos.

Andrés Eloy Camejo, precandidato a gobernador de Barinas por el partido Acción Democrática, presentó este domingo un informe relacionado con la inseguridad donde refleja las cifras que colocan a esta región, como una de las más violentas de Venezuela.

Dijo que Adán Chávez se estrenó como gobernador con una cifra de 58 homicidios ocurridos en diciembre del año 2008, y en el año siguiente, durante los doce meses el total de asesinatos estuvo en 457, tomando en cuenta únicamente los casos que fueron reflejados en la prensa regional.

"En lo que va de año 2011, tenemos los números trágicos en 298 muertes violentas, pero aparte de estas cifras también es preocupante la forma cómo los ciudadanos están perdiendo la vida en manos del hampa", agregó.

Camejo recordó que la semana pasada, la estudiantes de la Unellez, Andreína Rangel, falleció tras saltar de una unidad de transporte público, atemorizada, para evitar ser atracada.

El precandidato a gobernador de Barinas, considera que la entidad que durante una década le ha confiado el mandato al padre y hermano del Presidente Chávez, "ha contribuido enormemente para que Venezuela, sea uno de los países con mayor índice de homicidios en Latinoamérica".

Destacó que un equipo multidisciplinario de AD en Barinas, elaboró un estudio relacionado con el problema de la inseguridad para determinar las causas que conllevan a que en esta entidad la calle le pertenezca al hampa, y encontraron que desde febrero de 2009 a diciembre de 2010, el secuestro en Venezuela ha aumentado un 470% y los homicidios un 280%.

"Esto ha pasado en el país, a pesar de que el Gobierno del Presidente Chávez, ha implementado 17 planes de seguridad durante 13 años", añadió.

Cuando hay omisión

Para el abogado Rafael Mítilo la situación de inseguridad en Barinas, obedece más a un problema por falta de voluntad en combatir la delincuencia, que por un caso de orden técnico, por lo que, toda la responsabilidad recae en el gobernador Adán Chávez.

El penalista Omar Gatrif, asegura que el mandatario barinés ha dejado como letra muerta la Constitución en los artículos 43, 55 y 164 numeral 6, porque "se ha violado el derecho civil a la vida, porque el Estado no le ha garantizado al ciudadano la protección y en la entidad es una atribución del gobernador organizar la policía para un servicio efectivo".

El jurista aclaró que la presentación de un informe y las cifras en materia de inseguridad en Barinas, "no corresponde a que estamos atacando al gobernador, sino que el estamos reclamando para que cumpla con sus funciones".

Hace tres días el presidente del Consejo Legislativo de Barinas, Miguel Ángel León, justificó que el gobernador Adán Chávez se encontraba en Cuba con permisos ajustados a la ley, pero para el buró adeco "él fue elegido para que trabaje por el beneficio de quienes lo eligieron".

El Universal

Cualquier juez puede correr la misma suerte de Afiuni

2011-10-07T04:31:00.000-07:00

Hoy Venezuela se someterá por primera vez al Exámen Periódico Universal de la ONU. Evaluarán la situación de los derechos humanos

El 11 de diciembre de 2009, cuando el presidente Hugo Chávez instó a las autoridades judiciales a aplicar la pena máxima de 30 años a la jueza María Lourdes Afiuni, también enviaba un mensaje al resto de los jueces. "Miren lo que le puede pasar al que se atreva a contrariar los intereses del Gobierno", podría resumirse la advertencia.

La jueza Afiuni liberó al empresario Eligio Cedeño y desató la furia del jefe del Estado. En menos de 24 horas estaba presa y sin verdaderas garantías de defensa.

La injerencia indebida del Poder Ejecutivo en el Judicial había sido verificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 5 de agosto de 2008, cuando dictó sentencia en el caso de los jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que fueron defenestrados de sus cargos por tomar decisiones que incomodaron al Gobierno, entre ellas la exigencia de credenciales a los médicos cubanos de la Misión Barrio Adentro.

En dos fallos posteriores, el máximo tribunal hemisférico volvió a condenar a Venezuela por la destitución arbitraria de dos jueces: María Cristina Reverón y Mercedes Chocrón. En ambos casos se ratificó que la mayor debilidad del Poder Judicial venezolano consiste en la falta de estabilidad y de autonomía de los jueces, pues más de 60%, según reconocen las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, ejercen sus cargos de manera provisional. En pocas palabras, pueden ser removidos de un plumazo.

En el acto de apertura del año judicial 2011, la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, reveló que en 2010 "se dejaron sin efecto 67 nombramientos de jueces provisorios o temporales, y se suspendieron cautelarmente 40 jueces titulares".

Dos formas de remover jueces sin mayor trámite. Morales también informó que el año pasado fueron designados 206 jueces provisorios, 858 jueces temporales y 315 jueces accidentales. Todos de libre nombramiento y remoción.

Más grave que la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial es la adhesión de las autoridades del sistema de administración de justicia al proyecto político que lidera el presidente Chávez.

El discurso de orden del acto de apertura del año judicial 2011 estuvo a cargo del magistrado Fernando Vegas Torrealba, quien se refirió al jefe del Estado como "comandante presidente".

Vegas Torrealba fue claro al dar instrucciones a la mayoría de los 1.910 jueces del país que estaban concentrados en la sede del máximo juzgado del país: "Este Tribunal Supremo de Justicia y el resto de los tribunales de la República deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del socialismo bolivariano".

La falta de independencia judicial no sólo afecta a los operadores del aparato jurídico del Estado, sino a todos los ciudadanos que no cuentan con suficientes garantías de imparcialidad en la tramitación de sus causas.

Para mayor desamparo, la posibilidad de obtener justicia fuera del país se aleja con el repetido desacato a las sentencias de los tribunales internacionales, como acaba de ocurrir con el fallo a favor del ex alcalde Leopoldo López.

A propósito del Examen Periódico Universal nadie podría asegurar que el Estado venezolano va a cumplir los compromisos que adquiera en la ONU.

Derechos y reveses

El Poder Judicial ha realizado procesos de reestructuración, evaluación y capacitación que le han permitido contar en la actualidad con 1.910 jueces, 6,6 por cada 100.000 habitantes.

El TSJ inició desde 2007 el Programa de Tribunales Móviles. En 2010, el programa totalizaba 10.773 asesorías.

Se han creado nuevas competencias: la de niños y adolescentes, para un total de 164 tribunales; la de protección a la mujer para una vida libre de violencia, con 38 tribunales; la agraria, con 21 tribunales, y se incrementó la laboral, que en la actualidad totaliza 335 tribunales.

ONG

En 2001 se suspendieron los concursos de oposición para designar jueces titulares. Más de 60% actualmente son provisorios, es decir, no tienen estabilidad en sus cargos y son susceptibles de presiones extrajurídicas indebidas.

En 2009 ingresaron en la Defensa Pública 139.271 causas penales y fueron concluidas 25.965.

En los casos de ejecución extrajudicial existe una situación de impunidad debido a que las investigaciones quedan a cargo de compañeros de trabajo de los victimarios.

De 9.224 denuncias de presunta violación de derechos humanos en 2009, la Fiscalía sólo acusó en 315 (3,28%).

Las agresiones permanecen impunes

Alejandro Álvarez no quisiera recordar el 13 de agosto de 2009 cuando él y otros 12 periodistas de la Cadena Capriles fueron brutalmente golpeados por protestar contra del cierre de 32 emisoras de radio.

"Por los golpes y la indignación estuve intranquilo durante los días siguientes. Todavía no entiendo por qué la intolerancia llega a tales extremos", dice el reportero.

Tampoco entiende por qué la agresión que sufrieron permanece impune. Del ataque a los comunicadores sociales sobraban pruebas documentales, por lo que fue relativamente sencillo identificar a los agresores. La Fiscalía imputó por el delito de lesiones graves a Gabriel Jess Uzcátegui Beaumont, quien sólo estuvo detenido una semana.

El Ministerio Público solicitó la captura de José Enrique Vásquez y Luis Santana, pero nunca fueron apresados.

Las organizaciones no gubernamentales presentes en Ginebra para el Examen Periódico Universal registraron 221 ataques y agresiones a periodistas y medios durante 2010, mayoritariamente a manos de presuntos simpatizantes del Gobierno. "El patrón generalizado de esos hechos es la ausencia de investigaciones y la impunidad", se indica en el informe de la coalición Conapro.

El Nacional

Corte IDH sigue debatiendo hoy caso de inhabilitaciones

2011-09-01T16:30:00.000-07:00

Uno de los magistrados dijo que "la discusión va avanzando" y aseguró que entre hoy o mañana debe haber un pronunciamiento, descartando de plano la posibilidad de que este asunto sea diferido hasta el próximo período de sesiones del tribunal que se celebra en octubre. Sobre la fecha en la que se dará a conocer no hay precisión.

Bogotá.- Una mañana y una tarde no fueron suficientes para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está sesionando en esta ciudad colombiana, decidiera si la inhabilitación que la Contraloría General de la República le impuso al exalcalde de Chacao, Leopoldo López, violó o no su derecho fundamental a elegir y a ser elegido, y por ello los magistrados del tribunal continental volverán a reunirse hoy para despejar la incógnita.

"Este es un tema muy entretenido", bromeó uno de los miembros del organismo, quien acto seguido, y en tono más ceremonial, explicó que "este es un asunto complicado, que tiene muchas aristas e implicaciones en la región y, por ende, requiere de un estudio cuidadoso".

Entretanto, otro de los magistrados se limitó a decir que "la discusión va avanzando" y aseguró que entre hoy o mañana debe haber un pronunciamiento, descartando de plano la posibilidad de que este asunto sea diferido hasta el próximo período de sesiones del tribunal que se celebra en octubre.

A eso de las 9:00 de la mañana de ayer, los jueces Diego García-Sayán (presidente), Manuel Ventura, Margarette May Macaulay, Rhadys Abreu, Alberto Pérez y Eduardo Vio Grossi se encerraron en el salón El Cedro del hotel Embassy Suites, de Bogotá, ciudad en la que la Corte se encuentra reunida estos días, para analizar el proyecto de fallo.

Sobre el contenido del mismo nada ha trascendido.

No obstante, expertos en materia de Derechos Humanos, como el catedrático Héctor Faúndez, dan por descartado que el juzgado dará la razón a Leopoldo López, pues la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 23, establece que solamente a través de una decisión judicial se le puede impedir a un ciudadano la posibilidad de votar y de postularse a una elección. Al exalcalde López lo sancionó el fallecido contralor Clodosbaldo Russián y no ha sido enjuiciado.

A tener paciencia

Sobre la fecha en la que se dará a conocer el pronunciamiento de la Corte Interamericana, fuentes de la misma indicaron que ello podría producirse en aproximadamente 15 días o máximo un mes.

"Una vez que decidamos, pues hay que dar un tiempo para que se hagan las correcciones que formuladas por los magistrados y dar tiempo para que quienes disientan de parte o toda la decisión entreguen sus votos concurrentes o salvados. Luego hay que notificar a las partes (Estado, Comisión Interamericana y víctima) antes de difundirla", se explicó.

Ayer, el hotel Embassy Suites, ubicado en el sector Chapinero, donde se han reunido los magistrados del tribunal continental, se encontraba fuerte mente custodiado por agentes de la Policía Nacional de Colombia.

El Universal

Human Rights Watch pide protección para Humberto Prado

2011-08-30T05:36:00.000-07:00

La organización explicó en un comunicado que Chávez debería acatar una orden interpuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. Prado recientemente criticó el manejo de los motines organizados por presos armados en las prisiones de El Rodeo I y II, en Guatire, estado Miranda.

Caracas.- Human Rights Watch (HRW) solicitó al presidente de la República, Hugo Chávez, que ofrezca protección a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones.

La organización explicó en un comunicado que Chávez debería acatar una orden interpuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, que exige a las autoridades venezolanas que protejan a Prado de posibles ataques.

Prado, quien ha denunciado la situación precaria de muchas de las cárceles venezolanas ha recibido numerosas amenazas en los últimos meses.

Recientemente criticó el manejo de los motines organizados por presos armados en las prisiones de El Rodeo I y II, en Guatire, estado Miranda, por lo cual recibió las amenazas. "El gobierno venezolano debería adoptar pronto medidas concretas para acatar la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", reiteró el comunicado de HRW.

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya le había dicho a Venezuela en 2009 que protegiera a Prado" destacó la agencia AP.

"José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, criticó enérgicamente a las autoridades por condenar a Prado por hacer una evaluación negativa a los esfuerzos del gobierno para tranquilizar los penales mediante el despliegue de cientos de efectivos de la Guardia Nacional para retomar el control de las prisiones, un movimiento que desató tiroteos mortales contra los presos amotinados", apuntó la información de AP.

"La hostilidad directa por parte de funcionarios de alto nivel contra defensores de derechos humanos es absolutamente inaceptable", dijo Vivanco en un comunicado. Se agrega que "en lugar de cuestionar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno debería asegurar que los defensores puedan trabajar sin temor a sufrir represalias".

El Universal

Ligia Bolívar: Venezuela no tiene meritos para cargo en la ONU

2011-08-01T07:26:00.000-07:00

La directora de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, asegura que María Lourdes Afiuni está siendo víctima de trato cruel por parte del juez Alí Paredes y del Poder Judicial. "Le han negado su derecho a la salud y le prohíbe tomar sol y ejercitarse. Eso es tortura y trato cruel", dijo.

La socióloga y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Ligia Bolívar, es tajante al decir que el Poder Judicial no necesita de un exhorto presidencial para otorgar medidas humanitarias que están contempladas en las leyes. "Esto no es un juego o una medida de gracia que debe esperar a que un personaje dé una orden en cadena de radio y televisión. Esta es una obligación del Estado para los presos comunes y políticos que están en un riesgo inminente por su estado de salud".

Cuando se trata del tema de María Lourdes Afiuni, la especialista en Derechos Humanos, no duda en calificar de "atroz y aberrante" todo lo que ha sucedido. "La situación de la jueza es insostenible en un país con un Gobierno violador de los derechos humanos y que aspira a sentarse en una silla en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en igualdad de condiciones con otros países".

Asegura que su equipo de colegas junto a la defensa de la juez se mantiene en pie de lucha para lograr su libertad y el respeto no sólo a los derechos humanos de Afiuni y todos los presos políticos del país, sino a los convenios y reglamentos internacionales que han sido suscritos por Venezuela.

-El Poder Judicial asegura que a la jueza Afiuni no le corresponde medida humanitaria porque ya ella está en su domicilio y se le garantizó su tratamiento, luego de la operación por una afección de útero. ¿Por qué solicitar la libertad condicional?

-Las medidas humanitarias no las declara el Presidente de la República por televisión, eso está contemplado en el artículo 502 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y eso ha debido hacerlo el Poder Judicial con todos los presos comunes y no comunes de este país desde hace muchísimo tiempo. El problema está en que Afiuni tiene una serie de restricciones diferentes a una persona común y corriente para acceder a los servicios médicos y ella necesita con urgencia hacerse los exámenes necesarios para determinar si tiene cáncer o no. Lo que dicen las normas de Naciones Unida con respecto a las personas en prisión es que la única sanción que tienen es la de estar privado de libertad, no de la salud, no de la educación, no del ejercicio, no de la exposición al sol, no de ninguno de los otros derechos.

Es una irresponsabilidad que una persona que asistió al Oncológico Padre Machado para algunos controles, nadie le haya hecho un examen para determinar qué es lo que tiene en el seno. Es cierto que lo del útero se resolvió, vía cirugía porque la mujer estaba en una situación muy grave por una hemorragia permanente que puso en riesgo su vida pero no se le ha permitido una biopsia, una mamografía. Además, en la actualidad necesita un tratamiento que depende del capricho de un juez que decide en qué momento la autoriza o no para salir y que ha llegado al extremo de no permitirle cumplir una obligación que él mismo le impuso, la presentación cada 15 días ante los tribunales.

-La defensa ha agotado recursos y documentos en las instancias nacionales y en el ámbito internacional, hasta el filósofo norteamericano y seguidor de la revolución, Noam Chomsky se ha pronunciado a favor de Afiuni ¿Qué recursos quedan para lograr la libertad de la jueza, tomando en cuenta la actitud del Gobierno de no ceder a ningún argumento?

-Afiuni es el único caso en el mundo de privación de libertad de un juez por tomar una decisión autónoma en cumplimiento de una resolución de un órgano de protección de derechos humanos de Naciones Unidas y eso a la institución internacional le ha generado conflicto e indignación porque no pueden permitir que este tipo de situaciones sean ejemplo para otros países. Esa es la razón principal por la cual se ha logrado la movilización y el repudio de toda la comunidad, algo que el Estado venezolano pareciera no entender.

Además, en este momento Venezuela aspira a una silla en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la pregunta que la comunidad internacional tiene que hacerse es si el Estado venezolano tiene los méritos para sentarse en igualdad de condiciones con otros países, cuando tiene un record en violación a los derechos humanos y el ejemplo más palpable es el de Afiuni y de otros presos políticos.

Por parte de la defensa y de las instituciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos en Venezuela, seguiremos trabajando y agotando hasta lograr la libertad de la jueza y el respeto a las normas y reglas establecidas por organismos internacionales y suscritos por nuestro país.

-¿Cuáles son los elementos para considerar que Afiuni está siendo víctima de tortura, de acuerdo a la Convención Mundial Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes?

- La Convención Mundial se refiere a tres categorías: tortura, trato cruel, inhumano y degradante y penas crueles, inhumanas y degradantes. La tortura es cuando ocasionas un sufrimiento mediante el dolor físico y psicológico a una persona con una intención determinada para obtener información. Hay que dejar claro que la jurisprudencia internacional para separar lo que es tortura de tratos crueles no es muy clara. No existe la definición propiamente de ambas categorías, lo que existe es la doctrina que establece que aunque hay ciertas situaciones que no constituyen tortura, de todas maneras ocasionan un sufrimiento mental o físico que puede generar secuelas en la salud de las personas. Las penas son sanciones que por su grado de acción se consideran crueles.

En el caso de la jueza Afiuni, estamos hablando de la categoría de trato cruel, porque ha sido y es sometida a unas condiciones de detención que son distintas a las normales. En la cárcel donde estaba la jueza todas las presas tenían acceso al sol y ejercicio, ella no. Nunca tuvo ni tiene contacto directo con la luz solar. Eso trae como consecuencias un deterioro en el organismo, infringido por la autoridad que le está impidiendo un desarrollo similar al del resto de las personas.

Otros elementos que se consideran dentro de la categoría de tortura y trato cruel es la denegación de atención médica y el acceso a los resultados de exámenes médicos. Afiuni en reiteradas oportunidades ha sido víctima de ambas situaciones. Se le ha negado su derecho a la salud, se le ha retardado el tratamiento por todas las afecciones que presenta y por si fuera poco el juez Paredes, haciendo uso abusivo de su poder, le niega los resultados de las pruebas médicas tanto a la defensa como a su familia. Eso es tortura y trato cruel que le ha traído como consecuencia problemas físicos y psicológicos a la magistrada.

-Dice el Gobierno que la jueza Afiuni no es una presa política ¿Qué le responde?

-Le respondería con otra pregunta: ¿Por qué hay sólo dos personas en este momento que están silenciada por orden judicial y son precisamente Lázaro Forero y María Lourdes Afiuni? Todos los demás presos del país pueden hablar ¿Por qué ellos no pueden hacerlo? ¿A qué le temen?

-Por todos los acontecimientos que se han suscitado en el año y 7 meses que lleva Afiuni privada de su libertad, donde Alí Fabricio Paredes a jugado el rol de "verdugo" ¿No corresponde denunciarlo ante las instancias internacionales y nacionales?

- La defensa ha presentado quejas no sólo del trato de Paredes hacia Afiuni, sino de Venecci Blanco y de la directora del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), Isabel González. Esas denuncias están en Fiscalía el problema es que la institución no las ha procesado ni lo hará porque toca intereses gubernamentales.

-¿Qué delito cometió Afiuni para ser condenada por el Presidente de la República en cadena de radio y televisión?

-Meterse con un trofeo de Hugo Chávez: El ex banquero Eligio Cedeño.

El Universal

Fiscal aclara que libertad solo se otorgará a enfermos graves

2011-07-26T08:17:00.000-07:00

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, pidió no crear "falsas expectativas" entre los privados de libertad que no cumplen con las condiciones para otorgar el beneficio de casa por cárcel.

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló con respecto al beneficio de casa pór cárcel que se ha anunciado para los privados de libertad con problemas de salud que se están creando falsas expectativas entre quienes no cumplen con las condiciones previstas para otorgar el beneficio.

Reiteró que si el tema se maneja de manera irregular "todos creen que van a salir". Aclaró que las medidas solo son para los condenados y aquellos que tengan enfermedades graves o en fase terminal, solo el detenido que cumpla con estas características podrá estar en las listas de evaluación de los casos. "No queremos crear falsas expectativas", insistió.

Explicó que se debe actuar de acuerdo a un protocolo porque los internos deben ser evaluados por médicos forenses asignados por el Ministerio de Interior y de Justicia para determinar su condición física real.

Detalló que los pasos a cumplir son en un primer orden la evaluación del médico forense asignado por el ministerio posteriormente la revisión de un médico especialista y finalmente se lleva el expediente médico al juez para que decida la medida que va se va a tomar.

Informó que hasta ayer le habían llegado 9 listas de presos para su evaluación al tiempo que aseguró que no se darán tratos preferenciales en la consideración de los casos y en el otorgamiento del beneficio. "Aquí no hay distinción, todos serán tratados por igual".

Han acordado con la ministra de Salud, Eugenia Sader, para los reclusos que sí presentan un cuadro delicado de salud y no cuentan con los recusos para su tratamiento el Estado pueda garantizárselo.

El Universal

Vivir como en un campo de guerra

2011-07-25T05:05:00.000-07:00

En septiembre de 2006, el Instituto Nacional de Tierras entregó cartas agrarias sobre un antiguo terreno de prácticas militares. Hoy las balas llueven sobre la zona

No tienen electricidad, tampoco agua, gas, ni mucho menos transporte. Viven en medio de la nada y sobreviven a la buena voluntad de Dios. De esta forma describe la población de las comunidades El Moga, El Mogú, Los Negritos y Colinas de Zamora, todas reunidas en el parcelamiento Colinas de Zamora, parroquia La Sierrita del municipio Mara en el estado Zulia, las condiciones en que habitan.

José Pineda, fundador del parcelamiento, cuenta que fue el primero en llegar a la zona y que proviene de la Alta Guajira.

"La Guajira es nuestra tierra, nuestra casa, pero el problema es que allá no llueve y la tierra no sirve para sembrar, así que no hay de qué vivir. Quedarse allá es esperar a que llegue la muerte", afirma.

Explica que fue aproximadamente en 2002 cuando llegó a La Sierrita en Mara en búsqueda de un nuevo lugar para vivir, y se sintió atraído por esas tierras porque, además de parecerse a su Guajira, la zona contaba con el beneficio de las lluvias y de las tierras fértiles.

"Aquí podemos sembrar yuca, maíz, criar chivos y también se da la mata de mangle.

Con ella hacemos carbón vegetal que vendemos por sacos. La técnica y el horno para hacerlo es aprendido en nuestras tradiciones y cultura", comenta.

Animado por la esperanza de una oportunidad de vida mejor, Pineda invitó a paisanos y congéneres a mudarse a esa región, y poco a poco se fueron instalando. En su momento, nacieron las comunidades de El Mogú, El Moga y Los Negritos y, en consecuencia, el número de habitantes se incrementó.

En principio, no eran más de 30 las familias que ocupaban el área. Hoy día son, al menos, cerca de 300 y en cada una hay como mínimo 2 niños, así que tienen con ellos 600 menores aproximadamente.

Mireya Atencio, vocera del consejo comunal El Mogú, asegura que en su comunidad hay 120 familias y que las de El Moga, Los Negritos y Colinas de Zamora tienen casi 60 familias cada una.

Carta agraria. En septiembre de 2006, el Instituto Nacional de Tierras, representado por su presidente, Juan Carlos Loyo, otorgó el lote de tierras a los lugareños mediante una carta agraria.

El documento que los autoriza a habitar la zona versa lo siguiente: "... El Directorio del Instituto Nacional de Tierras, en reunión N° 22-06, de fecha 7 de septiembre de 2006, decidió otorgar la presente Carta Agraria dirigida a un Desarrollo Agrícola Socialista, a favor del ciudadano José Pineda, titular de la cédula de identidad N° V-5.040.824, sobre un lote de terreno denominado La Loma, ubicado en el sector Colinas de Zamora, parroquia La Sierrita, municipio Mara del estado Zulia (...), constante de una superficie de seis hectáreas con nueve mil novecientos treinta y seis metros cuadrados".

La concesión fue aprobada por Juan Carlos Loyo, presidente del INTI, y se registró en la Notaría Tercera del municipio Chacao.

El documento buscaba asegurar a sus habitantes una región para vivir y producir, y al mismo tiempo que estos no invadieran los terrenos de Fuerte Mara, los cuales abarcan 4.000 hectáreas. El único elemento que no tomaron en consideración es que el lote de tierras entregadas está al fondo del polígono de tiro del Fuerte, a casi 2 kilómetros y la zona era utilizada anteriormente por la Guardia Nacional para realizar prácticas militares.

El domingo 10 de julio, un niño de 8 años de edad quedó herido y su hermano menor, de 3 años de edad, resultó muerto por una munición de mortero antitanque de 81 milímetros, abandonada y enterrada en el área y que estalló por el calor que produjo una fogata que hacían los menores.

Desde ese entonces se encontraron alrededor de seis u ocho explosivos más del mismo tamaño, inclusive, algunas de mayores dimensiones.

María Machado, habitante de Campo Mogú, recordó que hace ocho años una prima embarazada perdió un brazo por las esquirlas de una munición que detonó dentro de la vivienda de su abuela, en Campo Mogú, durante una práctica de tiro.

De esto comen. Los moradores del parcelamiento Colinas de Zamora viven de la siembra de yuca, maíz, la cría de chivos y la producción de carbón vegetal. Señalan que el exceso de lluvias de diciembre de 2010 inundó sus cosechas.

Al hacer el carbón también se exponen a un gran peligro: el de encontrarse con una bomba enterrada no detonada y que no haya sido descubierta por los militares cuando revisaron la zona luego del accidente delos dos niños.

"Todo aquí es muy rudimentario. De alguna forma nos las arreglamos. El sendero para llegar hasta acá lo hicieron apto para vehículos luego de que la bomba mató a mi sobrino y dejó ciego al otro, pues para acá no se podía llegar en carro", explicó José Pineda.

No obstante, llevar alimentos y agua hasta sus viviendas es toda una odisea, pues son casi ocho kilómetros de caminata a pleno sol los que deben atravesar. "Los que tenemos tanque de agua lo dejamos destapado para que cuando llueva le caiga agua", relató Pineda.

En la actualidad, esperan respuesta de una contratista que levantará unos galpones en Fuerte Mara para que los tome en cuenta como mano de obra en la construcción.

El Nacional

CIDH condena muertes en El Rodeo I

2011-06-17T04:56:00.000-07:00

El organismo exigió al Estado que se reduzca la sobrepoblación y el hacinamiento, se decomise y controle el ingreso de armas y drogas, se separen los reos procesados de los condenados, se asigne suficiente custodia a las cárceles y se investiguen los hechos de violencia en los penales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó este jueves los asesinatos en el penal El Rodeo I y urgió al Estado a tomar acciones para proteger la vida de los reos.

Esta comisión recordó que la Corte Interamericana dictó medidas provisionales sobre este penal en el año 2008, ratificadas en 2009, en las que se ordenaba al Estado la adopción de medidas para proteger a los reclusos.

La CIDH indicó en un comunicado que se han realizado en su sede cinco audiencias relativas a la "preocupante situación" que viven los reos en las cárceles venezolanas.

En estas citas, se han reportado las altas cifras de violencia en los penales. Al respecto, la CIDH destacó que estos lugares son "controlados por organizaciones criminales y no por el Estado".

Igualmente, se dejó constancia de la colaboración de la Guardia Nacional para facilitar armas de fuego a los reclusos, la extorsión a los reos por parte de las bandas que controlan los penales, el hacinamiento, la falta de atención médica y el retardo procesal.

Anteriormente, la CIDH se ha dirigido al Estado respecto a este tema en seis comunicados de prensa emitidos entre 2009 y 2010, y se le dedicó un capítulo en el informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela.

El ente exige que se reduzca la sobrepoblación y el hacinamiento, se decomise y controle el ingreso de armas y drogas, se separen los reos procesados de los condenados, se asigne suficiente custodia a las cárceles y se investiguen los hechos de violencia en los penales.

El Nacional

"TSJ irrespetó a electores al negar recurso de Mazuco"

2011-06-16T04:50:00.000-07:00

La coordinadora de la comisión de DDHH de la Mesa de la Unidad Democrática, Delsa Solórzano, definió como un nuevo golpe del TSJ a la soberanía popular y a los electores de José Sánchez, la decisión de negar el recurso de casación solicitado por la defensa.

La diputada al Parlamento Latinoamericano y coordinadora de la comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática, Delsa Solórzano, calificó como un irrespeto a la soberanía popular la decisión de Tribunal Supremo de Justicia de negar el recurso de casación solicitado por los abogados del diputado José Sánchez.

La diputada considera que con esta decisión, el TSJ se coloca al margen de la Constitución y del país, al sentenciar de acuerdo a los intereses políticos del gobierno que finaliza en enero de 2013 y no de acuerdo a las leyes y a la imparcialidad de la justicia, que es lo que el país espera y exige.

"La Unidad rechaza esta decisión que vulnera la justicia e irrespeta, de nuevo, a los electores que votaron por José Sánchez" dijo en nota de prensa.

"Mientras el país contempla con sorpresa e indignación cómo a los responsables de la violencia en Guayana -que ya suma varios obreros fallecidos- se les otorgan medidas que no significan privación de libertad, el TSJ vuelve a irrespetar a la soberanía popular al negar el recurso de casación solicitado por los abogados del diputado José Sánchez, quién ha sido condenado en un juicio viciado; con tecnicismos jurídicos, el TSJ oculta que no es un tribunal imparcial y que obedece a los dictados de Miraflores" afirmó Solórzano.

Solórzano explicó que el Tribunal Supremo de Justicia ignoró que los testigos presentados por la Fiscalía para sentenciar a Sánchez, fueron testigos encapuchados, técnica que emplean los gobiernos autoritarios, así como obvió que Sánchez fue traído a Caracas y secuestrado en Fuerte Tiuna, con visitas restringidas.

Asimismo, la diputada expresó su solidaridad con el comisario Lázaro Forero, y demandó de la Fiscal General, que emita de inmediato el traslado de este a un centro asistencial, a fin de que sea atendido ante el delicado cuadro de salud que presenta.

"Ratificamos nuestra solidaridad con los presos políticos y sus familiares. Ratificamos nuestro trabajo y nuestra voluntad para cambiar las cosas, y para producir en diciembre de 2012 un nuevo gobierno que cumpla con el anhelo de toda la sociedad: que cumpla con las leyes, que no amenace ni abuse del poder, y que sea capaz de impartir justicia, que es lo que el TSJ no es capaz de hacer, subordinado a Miraflores como está en la actualidad" finalizó la dirigente de Un Nuevo Tiempo.

El Universal

Piden libertad condicional para Peña Esclusa por salud

2011-05-13T10:30:00.000-07:00

Médicos aseguran que hay 80% de probabilidad de un nuevo cáncer

Incertidumbre y preocupación. Así define Indira Ramírez de Peña la situación que vive su esposo, el ingeniero Alejandro Peña Esclusa, quien no sólo vive el calvario de estar privado de su libertad desde hace 10 meses, acusado por los supuestos delitos de tráfico de armas de guerra y asociación a delinquir sino también la amenaza de un cáncer que no ha podido superar porque no ha recibido el tratamiento requerido para pacientes que han sido sometidos a una intervención de próstata (Prostatectomía).

Ramírez, recibió el pasado lunes el informe del equipo de médicos del Hospital Oncológico Padre Machado donde le advierten que "hay 80% de probabilidades de que el cáncer que presenta Peña Esclusa se extienda porque no ha recibido la radioterapia".

"Al momento de la detención de mi esposo (12 de julio de 2010) apenas tenía un mes de haber sido sometido a una intervención quirúrgica para extraerle la próstata y tres días de habérsele retirado la sonda uretral. Según su médico tratante en el Hospital de Clínicas Caracas, el próximo paso que se debía seguir para erradicar la enfermedad era someterlo al tratamiento de radioterapia y eso no fue posible por su situación jurídica", explicó.

Recientemente a Peña Esclusa se le realizó un examen de antígenos prostáticos que arrojó una alteración de los valores, por lo que Ramírez solicitó al tribunal 22 de Control, a cargo de la juez Dorothy Avilés, el traslado para que el médico tratante de su esposo iniciara las pruebas médicas y descartara una posible metástasis.

"Se le envió el informe de medicina forense que dice que Alejandro debía ser trasladado al Hospital de Clínicas Caracas, pero ella (la juez) desconfió y decidió enviarlo al Padre Machado para confirmar el diagnóstico. Allí el médico encargado nos advirtió que obviar la fase de radiación lo deja vulnerable y actualmente (Peña Esclusa) tiene 80% de probabilidades de presentar un nuevo cáncer", precisó.

Libertad para luchar

Ramírez aseguró que la condición de salud de Peña Esclusa es un argumento de peso para que la juez decida a favor de una medida cautelar de juicio en libertad. "Están esperando el informe final del Oncológico Padre Machado que sale este jueves (hoy) pero con todo lo que ha sucedido con los presos políticos, temo que el Tribunal se niegue a darle la medida".

"Alejandro es un paciente que afortunadamente no tiene una metástasis pero el Estado está obligado a garantizarle su derecho a la salud. Si no le otorgan una medida sustitutiva de libertad se estaría cometiendo un delito de lesa humanidad", advirtió.

Además, "un tratamiento de radioterapia tiene efectos secundarios que pueden desmejorar su estado físico y por esa razón es necesario que se faciliten los traslados y se le garantice los cuidados que requerirá luego del tratamiento y el Sebin no tiene las condiciones adecuadas para atenderlo.

Peña Esclusa será trasladado nuevamente al Oncológico este jueves para otras pruebas médicas y entregar el informe final que define el tratamiento que seguirá.

El Nacional

Procuraduría de Brasil alerta ante caso de jueza Afiuni

2011-04-20T06:34:00.000-07:00

Juristas de Brasil aseguran que el TSJ venezolano perdió su objetivo

Una vez más las organizaciones internacionales claman por la libertad de María Lourdes Afiuni. En esta oportunidad, la Procuraduría Federal de Derechos Ciudadanos de Brasil se pronunció y emitió un informe a los defensores del Pueblo de Iberoamérica y Colegios de Abogados de la región, donde denuncian las "amenazas y graves ofensas a los derechos e integridad física" contra la jueza durante los 14 meses que permaneció recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

La procuradora Gilda Carvalho, presentó el informe en el Tercer Seminario sobre la Ley María da Penha o Ley 11340/2006, que establece mecanismos para frenar la violencia contra las mujeres en Brasil y donde se reunió a más de 430 participantes en dos días de actividades.

"En la prisión, la vida de la jueza se encontraba en alto riesgo, pasando por amenazas y graves ofensas a los derechos a la integridad física y privacidad", destacó la procuradora, quien solicitó a las defensorías y juristas de Brasil pronunciarse por "el atropello" contra Afiuni. Además, precisó que el Gobierno venezolano ha ignorado las recomendaciones hechas por la Corte y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a favor de la jueza.

Visita de juristas de Brasil

Una comisión de la Asociación Internacional de Abogados de Brasil, encabezados por el abogado Belisario Dos Santos, visitó a María Lourdes Afiuni en su residencia para conocer su estado de salud y el estatus del caso.

Para Dos Santos, lo sucedido con la jueza es un ejemplo "flagrante" del proceso de "desinstitucionalización" progresiva por la que pasa Venezuela. "Las instituciones son formalmente mantenidas, pero ya no sirven a su objetivo. Hoy, en ese país, el Estado se llama Chávez".

A través de un informe, también alerta que las decisiones de los jueces en Venezuela, "son proclamadas bajo el riesgo de una destitución o bajo el terror de la prisión ", lo que denomina la Defensa como "el efecto Afiuni".

"No es exageración suponer que la prisión de Afiuni haya sido practicada como una especie de pena de muerte velada. Las prisiones venezolanas están entre las más violentas del mundo, con más de 450 muertes por año. La jueza fue obligada a convivir con presas que ella había condenado. Fue sometida a humillaciones y maltratos y le fue denegada la atención médica en varias oportunidades", destaca Dos Santos.

El Universal

Trasladada a tribunales

2011-04-07T07:10:00.000-07:00

Desde tempranas horas hoy, la jueza María Lourdes permanece en los calabozos del Palacio de Justicia para dar cumplimiento a la orden de presentación semanal

A tempranas horas de este jueves, la jueza María Lourdes Afiuni fue trasladada para dar cumplimiento a la orden de presentación semanal y desde antes de las seis de la mañana se encuentra en los calabozos del Palacio de Justicia.

Afiuni, que fue detenida en diciembre de 2009, acusada primero por el presidente Hugo Chávez y luego por el Ministerio Público de liberar y facilitar la fuga del país del empresario Eligio Cedeño, preso a su vez en 2007 bajo la acusación de efectuar operaciones cambiarias ilegales y fraude al Estado.

Alí José Fabricio Paredes, el juez a cargo del juicio, ha sido vetado por Afiuni que lo acusa de no ser imparcial y de manifestar su lealtad al presidente venezolano, Hugo Chávez, y a su proceso revolucionario.

Chávez denunció en diciembre de 2009 que la liberación de Cedeño fue planificada por abogados del empresario, la jueza Afiuni, secretarias y alguaciles del tribunal con una citación a una audiencia sin la presencia del fiscal del caso, en la cual se le liberó para que saliera por una puerta secundaria del tribunal.

"Habrá que meterle la pena máxima a esta jueza y a los que hagan lo mismo. ¡30 años de prisión pido yo!", dijo Chávez durante un acto en el cual la llamó "bandida", lo que sus opositores interpretan como una indebida interferencia del Ejecutivo en el Judicial.

El caso concitó por ello la atención de varias instancias internacionales, entre ellas el Senado español, que en marzo pasado instó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a que gestione que diplomáticos españoles y de la Unión Europea visiten a la jueza y actúen como observadores en el juicio en su contra.

Tras poco más de un año en prisión, el juez concedió a su colega el beneficio de la prisión domiciliaria a partir del pasado 8 de febrero, aunque adicionalmente le prohibió dar declaraciones a los medios y le ordenó presentarse en su despacho una vez a la semana.

El pasado miércoles, la jueza Afiuni renovó su veto al juez que debe juzgarla. "Todo sigue igual, por lo que la magistrada María Lourdes Afiuni se presentará mañana en acatamiento a la decisión de que así debe hacerlo cada semana, pero no concurrirá al inicio del juicio que ahora comenzará el 14 de abril y no mañana como se dijo inicialmente", declaró a Efe Nelson Afiuni, hermano de la jueza.

Tal Cual Digital

Crecieron quejas contra jueces y fiscales por violar derechos

2011-03-29T08:14:00.000-07:00

En 2010 Defensoría recibió 64% más casos por violación al debido proceso

La obligación constitucional del Estado de garantizarle a todos los ciudadanos su derecho a ser asistido por un abogado, a presumirse su inocencia, a ser notificado previamente sobre los cargos por los cuales se les investiga y a ser oído en todas las partes de los procesos judiciales y administrativos no es acatada plenamente.

Al menos esta es la conclusión a la que se arriba al revisar el contenido del informe anual de la Defensoría del Pueblo correspondiente a 2010, en el cual se da cuenta que el número de venezolanos que acudieron ante esa instancia para denunciar la violación a su derecho al debido proceso se incrementó en 64%, al pasar de 730 en 2009 a 1.139 en los últimos doce meses.

Este número representa el 18,8% del total de quejas relacionadas con vulneraciones a los derechos civiles que recibió el despacho encabezado por Gabriela Ramírez el año pasado.

Asimismo en el reporte también figura que la cantidad de denuncias sobre violaciones al derecho a la justicia crecieron en 14%, la pasar de 137 en 2009 a 157 en 2010. Lo mismo ocurrió con los señalamientos de irrespeto al principio de igualdad ante la ley, las cuales llegaron hasta 64, frente a 37 en el período previo, lo cual equivale a un aumento de 73%.

En el informe que hace dos semanas entregó la defensora Ramírez a la Asamblea Nacional figura que el principal señalado de atentar contra el debido proceso es el Gobierno, a través de los ministerios, contra los cuales se presentaron 1.500 denuncias (23,9%). En segundo lugar se ubicaron las policías estadales con 818 quejas y en tercero se ubicaron los tribunales y los fiscales, los cuales recibieron juntos 659 señalamientos.

En 2009 el número de denuncias contra tribunales y el Ministerio Público llegó hasta 516; lo cual equivale a una variación de 27%.

Pero no todo son criticas para los integrantes del Poder Judicial, Ramírez en su reporte resaltó que el año pasado se crearon tres nuevos juzgados especializados para conocer los casos de violencia contra la mujer en el estado Táchira y que el número de fiscalías que se dedicarán a investigar estos asuntos ya llega a los 58.

No obstante, la responsable de velar por los derechos humanos de todos los venezolanos indicó que el caso del boxeador Edwin Valero, quien se suicidó tras asesinar a su pareja, a la que había maltratado en reiteradas ocasiones, demuestra que las instancias creadas para combatir la violencia de género requieren fortalecerse.

Saluda política alimentaria

Pese al escándalo de los alimentos que se pudrieron en distintos puertos del país, la defensora del Pueblo saludó la política alimentaria impulsada por el Gobierno, por cuanto la misma ha permitido entre otras cosas reducir el déficit nutricional de los niños desde el 7,7%, en el que se encontraba en 1990, hasta 3,7% en 2008.

Asimismo anunció que en 2010 cada venezolano consumió en promedio 2.783 kilocalorías, por encima de lo que fijan los estándares internacionales.

Por último, saludó la creación de la red Mercal, porque ella permitió adquirir alimentos a casi la mitad de su precio.

El Universal

Venezuela en agenda

2011-03-21T06:27:00.000-07:00

A partir de este lunes la CIDH escuchará denuncias sobre la libertad de expresión en el país, la ley habilitante, los presos políticos y la situación carcelaria

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciará mañana su 141º periodo de sesiones en el que escuchará denuncias sobre abusos cometidos en Haití durante la dictadura de Jean Claude Duvalier, sobre la situación de los niños mapuches en Chile, sobre el cese de magistrados en Honduras o las libertades en Venezuela y Nicaragua.

El periodo de sesiones se prolongará hasta el 1 de abril y en el mismo se celebrarán 45 audiencias sobre casos, medidas cautelares y denuncias temáticas y específicas de violaciones de los derechos humanos en diferentes países del continente americano.

La CIDH, que cuenta con siete comisionados, mantendrá además reuniones de trabajo cerradas al público para tratar peticiones en trámite, analizar informes de ‘admisibilidad’ y aprobar informes de fondo.

También se elegirá al nuevo presidente de turno, cargo que desempeña actualmente el comisionado chileno Felipe González.

Las audiencias públicas comenzarán el próximo viernes, día 25.

Entre todas las audiencias, destaca una en la que la CIDH escuchará de un grupo de víctimas las denuncias que han presentado en Haití sobre las violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura de Jean Claude Duvalier “Baby Doc”.

La CIDH ha fijado la fecha del 28 de marzo para la celebración de la audiencia a la que se espera que acudan la periodista Michèle Montas, ex portavoz del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y quizás Alix Fils-Aime, antiguo preso político, entre otras víctimas.

Desde el regreso de Duvalier -que gobernó entre 1971 y 1986- el pasado 16 de enero a Haití, tras 25 años de exilio en Francia, se han presentado varias denuncias contra él ante la Justicia haitiana.

También destaca la sesión de trabajo cerrada al público del 26 de marzo en la que la CIDH dará seguimiento a la medida cautelar que le otorgó en 2003 a la ex senadora colombiana Piedad Córdoba para proteger su vida e integridad.

Por otra parte, la CIDH analizará las investigaciones relacionadas con el escándalo del espionaje del DAS, el servicio de inteligencia de Colombia, denunciado ya por la Comisión que se vio también afectada por las escuchas y seguimientos ilegales.

La Comisión celebrará asimismo una audiencia en la que analizará las “graves” situaciones de vulneración de derechos que sufren presuntamente los niños mapuches.

También adquirirán importancia en este periodo de sesiones las denuncias que se presentarán sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, especialmente una audiencia de ‘admisibilidad’ sobre los magistrados destituidos por oponerse al golpe de Estado de 2009 en ese país centroamericano.

Llama además la atención la sesión sobre la situación de los derechos políticos en Nicaragua, especialmente en un momento en el que seguidores y oponentes del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se manifiestan a favor y en contra de una posible reelección del líder sandinista en los comicios del 6 de noviembre próximo.

La audiencia sobre los derechos humanos y políticos de los migrantes en EE.UU. y los casos de deportación y detención, también podría tener repercusión, sobre todo el Latinoamérica, así como la sesión sobre la seguridad ciudadana en México.

De nuevo se celebrarán dos audiencias privadas sobre la situación de defensoras de derechos humanos y sobre la libertad de expresión en Venezuela, así como otras audiencias públicas sobre la situación en las cárceles de ese país, los supuestos presos políticos y la Ley Habilitante, que otorga poderes excepcionales al presidente Hugo Chávez.

Tal Cual Digital

Ratifican sentencia a 19 años de prisión de Mazuco

2011-03-15T06:59:00.000-07:00

Theresly Malave calificó de atroz y violatoria de los DDHH la decisión. La Corte de Apelaciones mantiene como sitio de reclusión el Centro Nacional de Procesados Militares, en Ramo Verde.

La Sala 10 de la Corte de Apelaciones, ratificó la sentencia a 19 años de presidio para el ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del estado Zulia y diputado electo a la Asamblea Nacional, José Sánchez Montiel (Mazuco), acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Caludio Macías, agente de la DIM, en el retén del Marite tras haber sido detenido por la Polizulia.

Así lo dio a conocer la abogada penalista y directora de la Fundación Justicia y Proceso Venezuela, Theresly Malave, quien calificó la decisión de "atroz y violatoria" a los derechos fundamentales.

"Este es una sentencia política que le causa un gran daño al sistema de justicia y que perjudica no sólo a Mazuco o a los presos políticos sino a todos los venezolanos", destacó la abogada penalista.

Recordó que el juicio se inició en el mes de diciembre de 2010 "sin la presencia de los abogados de la Defensa, con audiencias que duraban de 12 a 14 horas, con la declaración de un testigo encapuchado con nombre de mujer pero con voz y cuerpo de hombre; y un testigo falso con unas credenciales firmadas por la Asamblea Nacional".

Además, "se realizó con la celeridad procesal (condenado en nueve días) que se aplica sólo a los presos políticos para perjudicarlos, mientras que los presos comunes mueren de mengua esperando que se les haga las audiencias".

"Si no existieran hombres y mujeres que ratificaran sentencias de esta índole, o jueces que condenaran por razones políticas, el sistema de justicia en este país sería otro", declaró.

Asimismo, la Corte de Apelaciones ordenó mantener como sitio de reclusión el Centro Nacional de Procesados Militares, en Ramo Verde, ubicada en Los Teques, estado Miranda.

A tres años de estar privado de su libertad y esperando por el inicio de un juicio oral, el 26 de septiembre de 2010, José Sánchez fue elegido como diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia. Dos meses después, fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de homicidio calificado en grado de complicidad necesaria, privación ilegitima de libertad y quebrantamiento de pactos internacionales.

El Universal

"Los derechos humanos no son concesiones de ningún gobierno"

2011-03-09T04:33:00.000-08:00

"El derecho a la libertad religiosa es un fundamental, y es un derecho que está pendiente". Monseñor Peña Parra, un saladillero que ha servido en tres continentes, pidió sabiduría como regalo de su 51 cumpleaños el pasado 6 de marzo

Edgar Robinson Peña Parra nació en la populosa barriada de El Saladillo (Maracaibo - Zulia), el 3 de marzo de 1960, y a los 16 años ingresó al Instituto Universitario Seminario Santo Tomás de Aquino en San Cristóbal, donde se graduó de Licenciado en Filosofía en el año de 1981.

En 1985 recibió el título de Licenciado en Teología en el Instituto Universitario Santa Rosa de Lima en Caracas, y ordenado sacerdote por Monseñor Domingo Roa Pérez en la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá. Inició estudios en la Pontificia Academia Eclesiástica (Vaticano) y obtuvo el título de doctor en Derecho Canónico.

Realizó la especialización en Derecho Internacional, en la Pontificia Universidad Gregoriana, estudio simultáneo con la Academia Diplomática del Vaticano.

Desde 1993 comenzó sus servicios por los continentes. Hasta 1997 en la Nunciatura Apostólica en Nairobi - Kenia, en la cual también representó la Santa Sede ante las Agencias de las Naciones Unidas para el Ambiente (con las siglas UNEP) y para la vivienda conocida como Habitat. Hasta 1999 en la Nunciatura Apostólica Yugoslavia en Belgrado. De donde es enviado a la capital de Suiza, Ginebra, y luego a Sur África. En este período de tres años, hasta el 2002 desempeña su labor diplomática en la Misión Permanente de la Santa Sede ante la ONU y la OMC. De 2002 y hasta el 2005 pasa a ser el Consejero en la Nunciatura Apostólica en Tegucigalpa, Honduras, y desde el 2006 se desempeñó en la Nunciatura Apostólica de México, hasta hoy, cuando el Papa Benedicto XVI lo ha elevado a la categoría de arzobispo y nombrado Nuncio Apostólico en Pakistán.

-¿Cómo se siente al volver a su tierra?

-He venido a mi tierra a celebrar, a darle agracias a la Virgen por esta designación que me ha hecho el Papa Benedicto XVI, y estoy muy regocijado y verdaderamente agradecido con el pueblo de Maracaibo, con mi familia, con mis amigos, con los dirigentes del estado por la acogida y el cariño mostrado. Estoy muy contento, porque cuando te demuestran que te quieren, dice un dicho: "amor con amor se paga".

-¿Qué es lo que más ha extrañado al estar fuera de su Zulia natal?

-Del Zulia extraño todo. Pero ahora con las nuevas tecnologías uno está informado, puede escuchar la gaita donde esté; lo que queda más difícil es su comida, todo ese acervo cultural gastronómico que tenemos en el Zulia, que es irremplazable. Soy fanáticos de las Águilas y de todo lo que es Zulia, todo lo que es Maracaibo. Yo me considero un maracucho 100%. Durante mis años en Ginebra la misión venezolana era grande y cuando mis compañeros diplomáticose me preguntaban: 'Edgar, ¿cuándo te vas de vacaciones?', yo les decía: 'yo me voy a Maracaibo tal día... '.

-¿Cómo lo ha marcado su tránsito por tres continentes?

-Cada país te marca porque en cada uno encontramos una cultura, una gente con sus propias costumbres, una riqueza inmensa. En el África por ejemplo, con sus hermosos paisajes, con su gente abierta y buena, es encantadora... Mis cuatro años en Nairobi, en Kenia, fue una experiencia maravillosa. Luego estuve dos periodos en Europa, en Los Balcanes. Yo definí entonces a Los Balcanes como el Suramérica de Europa. Era el tiempo del dictador Milosevic, pero no obstante la gente vivía, esperaba, los jóvenes creían y eso era algo maravillo. También viví cuatro años en Ginebra, en Naciones Unidas. Esa es una experiencia universal, y Suiza es el país de la perfección, del orden... Finalmente he venido a mi continente, a Honduras, un país pequeño, el país más pobre después de Haití y Bolivia, pero uno de los países más ricos en cariño. Y luego México con sus tradiciones, con la cultura milenaria de los mayas, de los aztecas, ese símbolo que es la Virgen de Guadalupe... Cada país, cada continente, queda grabado en el corazón de un sacerdote y de un diplomático.

-Su tesis para obtener el título de Doctor en Derecho Canónico (que fue publicada por la Santa Sede) fue "Los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano a la luz del Magisterio Pontificio" ¿Qué tiene que decir sobre este tema tan vigente?

-El tema de los derechos humanos es una de las más grandes conquistas de nuestro tiempo, porque no son concesiones que le hacen a la persona humana, sino que vienen inherentes a nosotros, nos pertenecen. No hay concesión por parte de ningún Estado ni gobierno, y no me refiero específicamente a Venezuela, sobre los derechos humanos. Hay muchos derechos que siguen pendientes. Yo quiero especialmente hablar, porque me toca muy de cerca, sobre el derecho a la libertad religiosa. Este es un derecho fundamental, y muchas veces en el mundo entero, los gobiernos creen que es una concesión a la Iglesia... a cualquier iglesia o grupo religioso. Eso está pendiente, porque en muchos países -cada vez hay mas- se ven violentados, conculcados, estos derechos, especialmente el de la libertad religiosa.

-Cuando el 6 de marzo celebró su cumpleaños, ¿qué deseó como regalo?

-La sabiduría. A Salomón, cuando fue nombrado rey, Dios le dio la oportunidad de que pidiera un deseo y dice la escritura que no pidió larga vida ni riqueza ni poder, sino que pidió sabiduría. Sabiduría para poder servir, y eso le pido hoy al Señor y a la Virgen de Chiquinquirá al cumplir mis 51 años. Sabiduría para poder llevar adelante la misión que me ha encomendado.

-¿Algo que considere que tenga pendiente?

-Ahora tengo pendiente todo mi episcopado ya que me acaba de ser conferido Soy Obispo de la Iglesia, sucesor de los apóstoles y por lo tanto allí tengo todo un programa de vida que tengo que hacer realidad.

-¿Qué significa Monseñor Lückert para Edgar Peña?

Monseñor Lückert para mí y para muchos sacerdotes de Maracaibo es un maestro, es un amigo, es un hombre bueno, un gran hombre, un gran venezolano y un gran zuliano que nos ha dado ejemplo de gallardía, de valor, de consecuencia y de entereza.Él nunca ha tenido miedo de anunciar a Cristo y de denunciar aquello que no está de acuerdo con lo que Cristo y la Iglesia nos proponen.

-¿Cuáles son sus expectativas frente a la nueva misión que le ha encomendado Su Santidad, en Pakistan, eminentemente musulmán?

-Voy dispuesto a conocer profundamente ese lugar, ese país a donde me manda el Santo Padre, y a amarlo y servirlo con todo mi corazón.

El Universal

Vivanco: Es poco probable que Afiuni reciba un "juicio justo"

2011-03-08T13:10:00.000-08:00

Para Human Rights Watch, la jueza María Lourdes Afiuni permanece detenida de "manera arbitraria" en su casa, y ahora está también "obligada a guardar silencio".

Ginebra.- En un comunicado, la organización Human Rights Watch agradeció al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas su opinión sobre la "detención arbitraria" de la jueza María Lourdes Afiuni.

"La decisión de juzgar a la jueza Afiuni por aplicar el derecho venezolano e internacional constituye un fuerte revés para el estado de derecho en Venezuela", dice el comunicado.

Asegura que la Jueza Afiuni permanece detenida de manera arbitraria en su casa, y ahora está también obligada a guardar silencio. Además, señala que a la luz del contexto de su detención y el preocupante deterioro de la independencia judicial en Venezuela, "es muy poco probable que reciba un juicio justo".

Explica que inmediatamente después de la detención de Afiuni en diciembre de 2009 por haber concedido la libertad condicional a una persona que, según este Grupo de Trabajo, había sido detenida arbitrariamente, "el Presidente Chávez se refirió a ella abiertamente como "bandida" y afirmó que debía ser condenada a 30 años de prisión".

Posteriormente, "Afiuni fue acusada de cometer varios delitos, incluido el de corrupción, pese a que el propio Ministerio Público señaló expresamente que la jueza no había recibido ningún pago ni promesa de pago. El juez que presidirá el juicio contra Afiuni ha expresado abiertamente su apoyo al Presidente Chávez, y ha señalado que nunca traicionaría... (a su) Comandante porque lleva la Revolución en la sangre".

Indica que la jueza Afiuni, "permaneció detenida en condiciones deplorables durante más de un año en una violenta cárcel de mujeres de Caracas, donde ha sido objeto de reiterados insultos y amenazas por otras reclusas"

"No existe separación entre las presas que no han sido condenadas y aquellas que ya han recibido condena, incluyendo algunas que fueron juzgadas en su tribunal. A su vez, Afiuni no recibió tratamiento médico adecuado durante su detención. Debido a problemas de salud, el 2 de febrero de 2011 se le autorizó arresto domiciliario, pero debe presentarse semanalmente ante las autoridades y se le prohibió comunicarse con la prensa nacional e internacional".

El Universal

Preso por no traicionar

2011-03-02T05:09:00.000-08:00

Un país no se construye mediante el temor", afirma el dirigente sindical de Ferrominera Rubén González, sentenciado a 7 años, 3 meses y 21 días por defender a los trabajadores. Se movilizan factores sindicales y políticos de Guayana. Anuncian jornadas de protesta

La sentencia dictada por la juez Magda Hidalgo dejó estupefactos a los familiares de Rubén González y a la mayoría de los trabajadores que desde Ciudad Piar o desde otras empresas de Puerto Ordaz esperaban a las puertas del palacio de Justicia en Guayana lo que creían, debía ser una sentencia absolutoria.

Siete años, seis meses y 22 días de prisión por los delitos de instigación a delinquir, violación a la zona de seguridad y restricción de la libertad al trabajo.

Tan dura, injusta y violatoria de los principios constitucionales del derecho a la protesta como la que meses antes en ese mismo recinto se dictó contra los dirigentes sociales mineros de Tumeremo Carlos Chancellor y William Saud. Casi exactamente la misma condena.

Cortada por la misma tijera. Buscando afirman los que denuncian el mismo objetivo: infundir temor, provocar miedo y silencio, promover sumisión y liquidar los derechos laborales a la protesta.

La inmediata reacción de buena parte de la dirigencia sindical de Guayana fue de indignación y repulsa. En cambio, la mayoría de los dirigentes laborales del PSUV guardaron total silencio, temerosos quizás de ser objeto de represalias desde el poder.

"Rubén González es un preso del Estado venezolano. Esto lo califica como un preso político", decía al borde de la ira, Benjamin Moreno, dirigente del sindicato de profesionales de Ferrominera y quien pese a ser del PSUV ha sido frecuente crítico de la desastrosa situación y manejo de la empresa. "No puede ser que existan chavistas buenos y chavistas malos", remató.

"Es la criminalización de la protesta. Algo inaceptable y violatorio de la Constitución", señaló José Luís Morocoima, secretario general del sindicato de Bauxilum, independiente y del sector democrático, mientras Henry Arias de SintraAlcasa anunciaba reuniones para protestar y hacer sentir el repudio.

También se manifestó José "Acarigua" Rodríguez, ex presidente de Sutiss y director laboral quien señaló que "el gobierno se ha definido como contrario a la clase trabajadora".

TELEFONAZO ME TIENE PRESO
A Rubén González lo entrevistamos para nuestro espacio radial Público & Confidencial en Puerto Ordaz. Se mostró sereno y firme. Nunca lució abatido. Mucho menos arrepentido aunque si adolorido por el sentimiento de "mi adorada esposa con quien tengo 33 años de casado, por mis 4 hijos y mis cinco nietas que esperaban otra cosa".

El líder sindical, con 25 años de trabajo en Ferrominera fue enfático: "Hice mi trabajo. Hice lo que tenía que hacer. Uno se debe a los intereses de los trabajadores y no para adosar intereses partidistas. Sería traidor si le hubiera dado la espalda a los trabajadores".

Advierte que la medida es "un adefesio jurídico. A mi me tiene preso un telefonazo. Un teléfono dictamina y un teléfono condena". Desgrana entonces todos los elementos del contrato colectivo que para la fecha estaba recién homologado pero violado y que casi dos años después siguen igual de incumplidos porque la empresa dice que "no tiene dinero, cuando para que Chávez autorizara la homologación, el presidente de la empresa firmó una carta asegurando tener los recursos para cumplir".

Se pregunta: ¿Acaso yo podía caerle a golpes a los trabajadores para que no fuesen a trabajar simultáneamente en las cinco minas del sector en Ciudad Piar?" y recuerda que la empresa firmó un acta aceptando cumplir y asegurando que no habría represalias. "Yo no soy chavista, soy revolucionario, No sigo a un hombre sino a ideas y principios. Al único que sigo es a Jesucristo. Yo apoyé este proceso pero no voy a traicionar a los trabajadores y al pueblo. ¿Acaso yo tenía que quedarme callado? Un país no se construye en base a sembrar temor. No puedo compartir la criminalización de la protesta. Estoy tranquilo con mi conciencia. Puedo dormir tranquilo porque cumplí con mi deber".

Tal Cual Digital

Amnistía Internacional exige al Gobierno liberar a jueza Afiuni

2011-01-27T10:47:00.000-08:00

A través de un comunicado, la subdirectora de Amnistía Internacional para Las Américas, Guadalupe Marengo, pide a las autoridades venezolanas prestar la atención médica necesaria a la jueza María Lourdes Afiuni.

Amnistía Internacional instó al Gobierno de Venezuela a liberar a la jueza María Lourdes Afiuni, quien lleva un año detenida tras dictar una medida cautelar a favor del banquero Eligio Cedeño. La subdirectora de Amnistía Internacional para Las Américas, Guadalupe Marengo, indicó que la detención de la Jueza 31 de Control de Caracas, "es aparentemente el resultado de interferencia del Presidente Chávez. Ella está detenida simplemente por cumplir con su trabajo y por ello debe ser liberada".

Además, expresa que la jueza necesita atención médica y ha recibido amenazas en varias oportunidades por internas del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

"Su salud es precaria y recibe poco o ningún tratamiento, además de encontrarse en riesgo de violencia. Las autoridades deben asegurar que mientras permanezca en prisión, no sea torturada o sometida a malos tratos por parte de la custodia ni de otras reclusas", destacó el comunicado.

Destaca que los informes médicos aseguran que la jueza Afiuni "tiene dos tumores en el seno. También presenta un problema ginecológico que le ha causado hemorragias desde noviembre de 2010. No se ha permitido a los médicos concluir los exámenes necesarios para brindarle un tratamiento adecuado. En enero de 2011 ella también tuvo varios episodios de taquicardia por los que no ha recibido tratamiento adecuado".

Asimismo, Amnistía Internacional le preocupa que el caso el jueza Afiuni pueda disuadir a los demás jueces de tratar a todos los acusados por igual. "El temor de los jueces a que sus decisiones sean rechazadas por parte de autoridades superiores, puede afectar de manera negativa los derechos humanos de la población y la posibilidad de que los acusados y las víctimas de violaciones de derechos humanos puedan obtener justicia".

El Universal

HRW: Derechos humanos en Venezuela se encuentran en "situación precaria"

2011-01-24T07:51:00.000-08:00

Según la ONG, la ex jueza María Lourdes Afiuni fue recluida "en condiciones deplorables" en una cárcel de Caracas, tras ser acusada de corrupción por dejar en libertad provisional al banquero Eligio Cedeño

La "dominación que ejerce el gobierno venezolano" sobre el sistema judicial y el "debilitamiento de los valores democráticos" están dejando los derechos humanos en una "situación precaria" en el país, afirmó este lunes en su informe anual, la ONG Human Rights Watch (HRW).

"Sin control judicial sobre sus acciones, el gobierno del presidente Hugo Chávez ha minado sistemáticamente la libertad de expresión y prensa, la libertad de los trabajadores a asociarse y la capacidad de los grupos defensores de los derechos humanos" de realizar su trabajo, reza el informe de esta organización no gubernamental divulgado en Bruselas.

"La dominación del gobierno venezolano sobre la justicia y el debilitamiento de los valores democráticos ha contribuido a una situación precaria de los derechos humanos", agrega el texto, que recoge casos de abuso policial y persecusión a políticos opositores, entre otros. Para demostrar la falta de independencia en el sistema judicial, HRW cita el caso de la jueza María Afiuni, detenida en diciembre de 2009 y para quien Chávez pidió, en un acto público, "la pena máxima".

Según HRW, Afiuni fue recluida "en condiciones deplorables" en una cárcel de Caracas, tras ser acusada de corrupción por dejar en libertad provisional al banquero Eligio Cedeño, que estaba inculpado por fraude y que luego se fugó del país. Sobre la libertad de prensa, la ONG asegura que el gobierno venezolano "ha intensificado la capacidad del Estado de limitar la libertad de discurso y creado poderosos incentivos para que los críticos al gobierno se autocensuren".

En este sentido, HRW destaca la salida definitiva del aire en 2010 de la televisora RCTV, muy crítica con Chávez. La concesión de este medio de comunicación para transmitir en abierto fue revocada en 2007 y el año pasado fue excluída de la programación por las empresas de televisión por cable tras incumplir una normativa gubernamental.

Además, también recuerda que el presidente ha obligado a radios y televisoras a transmitir "más de 2.000 discursos suyos" desde 1999, cuando llegó al poder. Por último, la ONG critica la campaña del gobierno para "desacreditar a las organizaciones de derechos humanos locales e internacionales".

El Nacional

Magistrada califica de inválido fallo contra Pilieri

2011-01-21T05:34:00.000-08:00

Escabino asegura que votaron por liberar al diputado opositor

La validez de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anuló el juicio contra el diputado opositor Biaggio Pilieri y que ordenó repetirlo, por segunda vez, pero en Caracas fue puesta en duda por una miembro del propio máximo juzgado.

La magistrada de la Sala Penal, Blanca Rosa Mármol de León, denunció que la decisión contra el legislador se adoptó obviando normas de la Ley que regula al órgano rector del Poder Judicial.

En un escrito que ayer consignó ante la Secretaría de la Sala Penal, Mármol aseguró que sus colegas, Eladio Aponte (presidente y ponente del caso), Deyanira Nieves y Ninoska Queipo, violaron los artículos 101 y 102 del texto, pues ella nunca fue llamada la reunión donde se acordó el avocamiento y se anuló el juicio y tampoco se le dio el proyecto de sentencia para que ella pudiera fijar su opinión.

Sospechas confirmadas
Cuando el río suena es porque piedras trae. Así reza un refrán, el cual parece ajustarse a la perfección al caso de Pilieri, pues días antes de que el TSJ decidiera anular el juicio sus abogados advirtieron de la posibilidad de que esto ocurriera, debido a que creían que la decisión los terminaría favoreciendo.

Las sospechas de los representantes del legislador fueron confirmadas ayer por Deivis Calderón, uno de los dos escabinos que junto a la jueza Eglée Matute escucharon los argumentos a favor y en contra de condenar al diputado por los presuntos hechos de corrupción que habría cometido cuando fue alcalde de Bruzual.

Calderón, en entrevista a Globovisión, aseguró que durante el debate oral y público que apresuradamente se celebró en diciembre la Fiscalía no logró convencerlo a él y al otro escabino de la responsabilidad de Pilieri y por eso decidieron absolverlo.

"Pilieri es inocente porque no se le consiguieron las pruebas necesarias para condenarlo (...) Fue demostrado en juicio que él no malversó fondos", dijo y cuestionó la labor de los fiscales, pues reveló que no le permitieron leer los documentos que presentaron.

Calderón, quien se desempeña como mototaxista, no ocultó su molestia por la decisión del TSJ. "¿Para qué se hace un sorteo de escabinos si no van a respetar las decisiones de cada quien? Háganlo con la jueza y los abogados y dejen el pueblo tranquilo".

Por último, el escabino dijo temer por su seguridad y por ello demandó de las autoridades que tomen las medidas para garantizársela.
El Universal.

Burlada y humillada

2011-01-12T05:43:00.000-08:00

La jueza Afiuni fue trasladada al oncológico, pero no fue atendida su emergencia médica. La directora de INOF Isabel González hizo caso omiso a la orden de llevar a la jueza a un hospital para realizarle exámenes médicos

La emergencia médica de la jueza María Lourdes Afiuni no ha sido atendida. Este martes fue trasladada al oncológico Padre Machado para realizarle una biopsia de cuello uterino. Sin embargo, aún no se le han hecho los exámenes que ordenó el médico forense enviado por la Fiscalía para que la revisara.

“El traslado de hoy estaba programado desde el 19 de diciembre. Con relación a la emergencia cardiaca que presentó la jueza el 5 de enero, la directora del Instituto Nacional de Orientación Femenina, Isabel González, no ha acatado las órdenes de la dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público".

El 6 de enero de este año, la dirección de Derechos Fundamentales del MP y la Defensoría del Pueblo solicitaron a la directora nacional de Servicios Penitenciarios, Consuelo Cerrada, que ordenara el traslado inmediato de la jueza a un centro asistencial, sin la orden de un tribunal por tratarse de una emergencia. Aunque Cerrada cumplió, la directora del INOF hizo caso omiso.

“No entendemos la situación contradictoria entre la Fiscalía, la Defensoría y la directora del INOF que se manda sola. Pareciera que la ciudadana Isabel González estuviera tratando de ejecutar un exterminio o una pena de muerta contra Afiuni al no acatar órdenes estrictamente médicas”, expresa Graterol, y añade que ante la “crisis cardiológica”, a la jueza deben realizarle un electrocardiograma y un eco abdominal pélvico, según prescribió el doctor.

El abogado informó también que, para este jueves 13 de enero, se acordó “de forma oficiosa” que la privada de libertad sea llevada al hospital Victorino Santaella para practicarle las evaluaciones y determinar las causas del sangrado, la taquicardia y la constante sudoración de la jueza. “Aunque no se hizo a tiempo, confiamos en Dios y esperamos que no le pase nada de aquí al jueves”, manifestó el representante legal.

COINCIDEN LAS FECHAS
El próximo 18 de enero, Afiuni tiene pautada una cita en el Oncológico Padre Machado y también está fijada su audiencia. El abogado de la jueza espera que, antes del juicio, sea llevada al hospital.

“Creemos que prevalecen los artículos 43 y 83 de la Constitución, que establecen el derecho a la vida y a la salud. Debe atenderse la situación médica de Afiuni que ha desmejorado a consecuencia del hostigamiento y la presión física y psicológica que se ha generado en el INOF por parte de la directora”, señala.

DENUNCIAS IGNORADAS
El abogado de María Lourdes Afiuni, José Amalio Graterol, reitera que la directora del INOF, Isabel González, fue denunciada por maltratar a la detenida, delito que está contemplado en el artículo 181 del Código Penal, que dicta: “Todo funcionario público encargado de la custodia o conducción de alguna persona detenida o condenada, que cometa contra ella actos arbitrarios o la someta a actos no autorizados por los reglamentos del caso, será castigado con prisión de quince días a veinte meses… Se castigarán con prisión de 3 a 6 años los sufrimientos, ofensas a la dignidad humana, vejámenes, torturas o atropellos físicos o morales cometidos en persona detenida por parte de sus guardianes o carceleros, o de quien la orden de ejecutarlos”.

Graterol denunció asimismo que la directora de la cárcel de mujeres no cumple con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó que Afiuni sea enviada a otro centro de reclusión por ser juez penal y que se vele por el buen desarrollo de sus condiciones físicas, psíquicas y morales.

Tal Cual Digital

Cap(GN) Javier Nieto Quintero corre Maraton en USA por los presos políticos venezolanos

2011-01-10T05:25:00.000-08:00

En la mañana del Domingo 9 de Enero se realizó, como todos los años en la ciudad de Orlando, Florida, EEUU, el Maratón “Disney World 2011?, evento deportivo de importancia internacional que convoca a destacadísismos atletas maratonistas medallistas Olímpicos y aficionados de todo el mundo a correr por causas humanitarias personales y colectivas de toda índole.

La carrera, que se inició a las 5.00 am reunió a mas de diez mil corredores de todo el mundo, entre ellos al Capitán (GN) Javier Nieto Quintero, quien corrió por la libertad de los presos políticos venezolanos, habiendo sido él uno de ellos, y ahora exiliado.

RadioNeXX.com tuvo ocasión de conversar con el Capitán Nieto Quintero en esa ciudad del centro del estado de La Florida acerca de esta experiencia.

“El Maratón Disney es un reto para los atletas que tienen causas humanitarias fundamentales; son 42 kilómetros, unas 26.2 millas, lo cual constituye un reto. Hay gente que corre por la lucha contra el cancer, por algún problema personal; en este caso mi motivo de inspiración era la libertad de nuestros presos políticos, Otto Gebauer, el General Felipe Rodríguez, los Comisarios, la Dra Afiuni, los diputados, los policias metropolitanos, por todos.

Aspiraba hacer el recorrido en unas 4 horas, pero siendo ellos mi inspiración logré hacer un tiempo de 3.30, lo cual significa un gran logro para alguien como yo que lo hace como hobbie. Le pedimos a Dios que en honor a lo que hicimos hoy se vean los resultados pronto a favor de nuestros presos políticos.”

Al consultarle acerca de cómo decidió participar en esta carrera nos comenta que el año pasado, supo que en Irak, militares americanos corrían en honor a sus compañeros caidos en combate; se preguntó “porque nosotros, como miembros de “FUNDAPREFC” y de la campana “LIBERENLOS YA !!!”, que siempre estamos buscando cualquier oportunidad para apoyarlos y hacer saber a Venezuela que estamos ayudando desde afuera si esta no sería una excelente oportunidad, asi que informé a los directivos de “FUNDAPREFC” quienes de inmediato accedieron y me apoyaron, por eso me animé y comencé a entrenar.

Fueron 8 meses de mucha disciplina y constancia. Gracias a Dios los esfuerzos rindieron sus frutos y desde aquí envío un gran abrazo a nuestros presos y perseguidos políticos. Queremos decirles que dia y noche estamos buscando cualquier ocasión, herramienta para utilizar para ellos, para su libertad”

El capitán Nieto Quintero imparte charlas y conferencias en diferentes universidades americanas llamando la atención sobre la verdadera situación de Venezuela, sobre la relación que tiene el régimen venezolano con el terrorismo y el narcotráfico y el verdadero peligro que representa para otros países el consumo de droga y todas las facilidades que da el régimen al tráfico de estupefacientes desde territorio venezolano.

Al ser consultado acerca del resultado del Consejo de Investigación que se le sigue a su hermano el Capitán Juan Carlos Nieto Quintero, nos comentó que esperaban un pronunciamiento de parte del Minsitro de la Defensa desde hace ya una semana, mismo que no se ha producido aun ya que , estima, los argumentos esgrimidos por su hermano están totalmente ajustados al texto constitucional y una decisión en este caso es “una papa caliente” en manos del Ministro. “Tengan por seguro que apenas se produzca el resultado ustedes serán los primeros en saberlo” nos aseguro.

RadioNeXX.com

Elevarán informe a la CIDH por violación de garantías de Afiuni

2011-01-07T06:21:00.000-08:00

El hermano y abogado de la jueza, Nelson Afiuni, indicó que la salud de la jueza sigue deteriorándose sin que las autoridades del Inof hayan accesedido a un examen médico abierto y serio que de cuenta de su estado real.

Nelson Afiuni, abogado y hermano de la jueza María Lourdes Afiuni, informó hoy que los defensores están elaborando un informe sobre el incumplimiento de la orden emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) según la cual el Estado debe garantizar la salud y la seguridad en un centro de reclusión adecuado para la jueza.

El hermano de la jueza refirió que no se ha cumplido con ninguno de estos dos mandatos y entretanto la salud de Afiuni sigue deteriorándose. Relató que efectivamente ha sido atendida por un médico forense pero el informe médico no se corresponde con el diagnóstico que originalmente fue otorgado.

"En diciembre la jueza un episodio de muchos días de fiebre, la directora del penal ordenó hacer exámenes de sangre y de orina y esta es la fecha en que ninguno de sus familiares, los abogados ni ella misma conocen los resultados de esos exámenes".

Agregó en entrevista con El Universal que desde el 28 "tiene sangramiento" lo que le ha traído como consecuencia bajo ritmo cardiaco.

El abogado Juan Garantón llamó a una fiscal de derechos fundamentales para que la ayudara con la atención médica, la lograron pero tras examinarla el médico forence emitió un informe que no se corresponde con el diagnóstico que verbalmente se dio a la jueza.

"El médico se reunió con la directora del Inof y a la media hora buscan a Afiuni con unos guardias nacionales para que firmara un acta en la que dijera que ella está hiperventilada por nicotina lo que no es el diagnóstico que el médico le dio a mi hermana. El médico ni siquiera preguntó si fumaba o no", narró Nelson Afiuni.

A la Defensoría

Los abogados tienen la intención de introducir una vez más ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso para solicitar el traslado de la jueza a otro centro de reclusión, para que le otorgen la casa por cárcel o le den una medida cautelar.

"El juez Alí Paredes está de vacaciones debería reintegrarse hoy o mañana por lo que nos queda acudir a la Defensoría del Pueblo para ver si Gabriela Ramírez puede hacer algo con el fin de que atiendan médicamente a mi hermana".

El abogado Nelson Afiuni no tiene muchas esperanzas con la respuesta que pueda recibir en la Defensoría "porque hace dos meses Ramírez dijo que Afiuni se encontraba perfectamente bien y que ella estaba prácticamente en un hotel 5 estrellas".

El Universal

Año nuevo, cárceles viejas

2011-01-06T05:30:00.000-08:00

El Observatorio Venezolano de Prisiones advierte que para 2011 las prisiones tendrán menos dinero para su mantenimiento. Humberto Prado hace un llamado a la nueva Asamblea Nacional para que rediscuta el presupuesto otorgado al MinInterior

El sistema carcelario sigue sin ser prioridad para el Estado. Aunque el presupuesto destinado en 2011 para la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios se incrementó en 83,30% respecto al año 2010, los montos asignados para las áreas fundamentales de los privados de libertad fueron reducidos.

"En 2010, otorgaron un presupuesto de Bs. 327, 34 millones para 27.700 internos cuando en realidad la población reclusa era de 32 mil. Este año, el monto está visualizado para 47 mil reos, pero en total tenemos 43 mil presos. Es decir, calculan más internos de los que hay hoy en día, pero menos presupuesto para el mantenimiento de las cárceles", explica el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado.

De acuerdo con datos suministrados por el OVP, a principios del pasado diciembre, la Asamblea Nacional aprobó Bs. 600 millones para el sistema carcelario en 2011.

Prado denuncia que el incremento de estos fondos está en "cosas burocráticas", como el gasto de personal, materiales, alimentos y bebidas para los internos, agua, luz, gas y teléfono, pero "hay que fijarse más en dónde vive y qué come el preso".

Si bien la cantidad destinada para los alimentos y bebidas de los privados de libertad en 2010 era de Bs. 115,65 millones y en 2011 es de Bs. 156 millones, el monto con el que contará cada interno diariamente es menor este año que el anterior.

En 2010, el presupuesto diario para la alimentación per cápita era de Bs. 11,8 y en 2011 es de Bs. 8,74, por lo que este año cada recluso tendrá menos de Bs. 3 para cada comida. La alimentación no solamente es escasa, sino también poco balanceada.

Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, señala que "los internos sobreviven en parte porque los familiares son los principales proveedores de comida en las prisiones, ya que la que dan ahí es muy mala".

El director del OVP coincide con Nieto Palma y añade que "además de desmejorar la atención de la alimentación carcelaria, hay una reducción del monto asignado para el mantenimiento, reparación y construcción de prisiones".

LO QUE NO SE MANTIENE, SE DAÑA
De los Bs. 600 millones que aprobó la AN para el sistema penitenciario, Bs. 35 millones son para la construcción y reparación de las prisiones, mientras que el año pasado el monto establecido para tal fin era de Bs. 46,4 millones.

Actualmente, en Venezuela funcionan 33 centros de reclusión con una capacidad instalada para 12.500 internos en total. Tomando en cuenta que el Ministerio de Interior y Justicia estima que la población reclusa será este año de 47 mil reos, Prado calcula que tendrían que construirse otros 22 centros penitenciarios para que ningún reo esté hacinado.

Para realizar esta fórmula matemática, el OVP tomó como modelo el Centro Penitenciario de Coro, construido para albergar a 860 internos, por ser la última cárcel edificada.

"A los 47 mil presos que el MIJ visualiza para este año, le restamos los 27.700 que sumó el año pasado. Ese resultado dividido entre 860 nos da 22, por lo que habría que construir 22 centros penitenciarios con capacidad para 860 reos", indica.

Prado deduce que, si la construcción de la prisión de Coro tuvo un costo de 62 millones de dólares, se necesitarían 1.364 millones de dólares para cimentar esas 22 prisiones, lo que en bolívares significa 5.865 millones cuando sólo se aprobaron Bs. 35 millones para tal fin.

El director del OVP aclara que, aunque no está de acuerdo con seguir construyendo cárceles, realiza este cálculo con el fin de "dar a conocer el número de cárceles que requeriría el país para humanizar el sistema penitenciario".

"La nueva Asamblea debe meter la lupa en el presupuesto aprobado para las cárceles, pues hay que sincerarlo con la realidad penitenciaria del país. Para la verdadera transformación de las prisiones, debe haber mayor presupuesto y ser entregado a las gobernaciones para cumplir con la descentralización que establece la Constitución", agrega.

Tal Cual Digital

OVV: Venezuela registró 17.600 asesinatos en 2009

2010-12-31T05:18:00.000-08:00

Venezuela, uno de los países más violentos de América Latina, registró 17.600 asesinatos en 2009, según cifras de la organización Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

"Nuestra proyección para este año es de 17.600 asesinatos", precisó a la AFP Roberto Briceño León, director del OVV.

"Y estas son cifras conservadoras. Aquí no estamos considerando resistencia a la autoridad, que incluye unos 2.000 muertos más, ni tampoco los muertos en este diciembre que ha sido muy fuerte", agregó.

Según Briceño León, del total de fallecidos "entre 4.000 y 5.000 homicidios se registraron en Caracas", una de las ciudades más violentas de la región con "230 homicidios por cada 100.000 habitantes".

"Le siguen a Caracas los estados del centro del país, que son además los más poblados. Es un problema urbano, que afecta principalmente a la gente más pobre", indicó el experto.

Venezuela tiene una población de 29 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El gobierno no entrega cifras de violencia desde hace años y es la prensa la que semanalmente presenta estadísticas sobre crímenes basándose en el número de cuerpos que ingresan a las morgues.

El OVV calculó que en 2009 fueron asesinadas 16.047 personas. Esta cifra es inferior a la que muestra un informe del INE, filtrado a la prensa en agosto, que calculó que en 2009 hubo 19.133 asesinatos en el país.
Según encuestas, la creciente inseguridad es el problema que más preocupa a los venezolanos.

"Es terriblemente alarmante, Venezuela tiene cuatro veces mas homicidios que México. Y no hay una opinión, una respuesta oficial", expresó Briceño.

En enero de 2010, el gobierno declaró una "ofensiva" contra la inseguridad y desplegó dispositivos especiales de seguridad en todo el país.

Globovision

Retoman huelga de hambre para exigir pago del hato La Vaca

2010-12-17T04:41:00.000-08:00

Hace dos meses hubo una primera huelga para que el MAT pagara

Hace ya más de cinco años el Gobierno nacional tomó el hato La Vaca, de 33 mil hectáreas en Guárico. Y ayer los hermanos Solórzano, propietarios de los 7 fundos que componen el predio, decidieron retomar la huelga de hambre que habían declarado hace dos meses, para exigir al Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) y al Instituto Nacional de Tierras (INTI) que cumplan con el pago acordado por las bienhechurías de La Vaca.

Carlos Solórzano y sus hermanos, frente a la sede del Consulado de España en Caracas, manifestaron que solo esperan que el Gobierno cumpla con el punto de cuenta del Presidente de la República que ordenaba la indemnización del caso. El monto, que no fue revelado, representaría una muy pequeña fracción del avalúo de Bs 50 millones que la familia Solórzano presentó ante el MAT.

Detalló que el MAT firmó un acuerdo, mediado por el Consulado de España, donde se estableció que antes del 30 de noviembre se cancelarían los compromisos por el hato La Vaca. "En el año 2008 nos dijeron que en 15 días estaría listo el pago. Nos preguntamos dónde está ese dinero que había aprobado el propio Presidente", dijo Solórzano, quien mencionó que ya se había pagado por siete grupos de fincas intervenidas por el Gobierno, mientras que no había avances con el hato La Vaca.

Amenazas y tardanzas

Durante el mediodía de ayer algunos funcionarios del MAT se reunieron con Solórzano. "No hubo ningún avance en el caso. Solo nos dijeron que 'no tomáramos ese camino'" de la protesta y la huelga, aseguró el productor. Al respecto, dijo que "nosotros nos formamos con dignidad y respeto a las leyes, sin tener que humillarse. No tenemos por qué vivir amedrentados".

Los mismos funcionarios que conversaron ayer con Solórzano le informaron que el pago se haría en enero, sin dar mayores explicaciones. A la familia Solórzano, aunque se le asignaron 4.000 hectáreas, en la práctica solo ocupan 400 hectáreas, donde han sembrado arroz y rubros frutales como mango, merey, limón, o guayaba.

El Universal

Demoler las prisiones

2010-12-16T04:49:00.000-08:00

Gilber Caro, Orden Luis María Olaso 2010, por defender los Derechos Humanos, asegura que las cárceles no fueron hechas para Latinoamérica,sino bajo copiando un modelo europeo. El coordinador de las redes penitenciarias denuncia que familiares también padecen la crisis del sistema

Sus primeros años los pasó corriendo por los pasillos del retén de Catia, Yare y Tocuyito, o jugando con los niños del barrio La Cochinera, en los Frailes de Catia.

Cuando recién alcanzaba la mayoría de edad, cayó preso por traficar droga y estuvo 10 años detenido. Hoy dedica su tiempo a colaborar con reos y familiares de reos.

"Nadie tiene la oportunidad de elegir su destino ni su familia cuando nace. Yo crecí en una familia con muchos problemas. En los años 80, visitaba siempre a mi hermano en la prisión, donde conocí a muchos presos que me hablaban de su dolor, de sus maldades, de sus virtudes y sus miedos. En los 90, caí preso, fui líder de banda y pastor. Desde que salí, hago trabajos en las cárceles. Tengo 30 años conociendo la realidad del sistema penitenciario".

Así resume su vida Gilber Caro, quien ahora es coordinador nacional de las redes penitenciarias del partido Voluntad Popular y obtuvo el pasado 9 de diciembre la orden Luis María Olaso 2010, por la lucha en la defensa de los Derechos Humanos de los privados de libertad.

–¿Ha habido algún cambio en las prisiones durante los últimos 30 años?
–Las cárceles están igual o peor de deterioradas porque no fueron hechas para Latinoamérica donde hay 500 muertos semanales. Copiaron el modelo europeo, donde hay un asesinato cada año y donde 10 homicidios al año es una alarma. Además, nuestra sociedad está tan dolida que lo que quiere es más venganza que justicia.

–¿Qué se debe hacer entonces para mejorar el sistema penitenciario?
–Nosotros, en nuestra organización, proponemos llevar a cabo lo que denominamos Plan 180, que busca disminuir la delincuencia en dos años. Primero, hay que depurar la policía, sacarla de los barrios y pagarle bien a los funcionarios. Segundo, hay que crear un sistema de prevención en todos los colegios, con buenos profesores educando sobre todo a los niños que crecen en barrios acerca de los valores familiares. Tercero, debe haber un sistema judicial descentralizado, poder tener acceso a un juicio justo y no sufrir retardo procesal. Los gobernadores y alcaldes deben encargarse de sus presos. Cuarto, las cárceles deben ser granjas abiertas de trabajo. Por último, debe haber reinserción social, tema del que nadie habla. Sale un plan de seguridad y sólo hablan de las personas que agarraron, pero no se escucha que se reinsertan a otros 400. Cuando no hay política de reinserción, se fracasa.

–¿Es suficiente que los ex presidiarios se regeneren para que se dé con éxito el proceso de reinserción social?
–No. La sociedad no está preparada para recibir a los presos que cambien o mejoren; no los contratan en empresas. Los mismos presos se tienen etiquetados, se sienten menos que nadie. Cuando se dan cuenta de esto, sienten que lo mejor que pueden hacer es reincidir en el delito que cometieron.

–¿Cree usted que es posible transformar la mentalidad de la sociedad?
–Para lograrlo, hay que crear oportunidades. Por ejemplo, yo tengo un programa que se llama "Dale la mano a tu par" que reinserta a los jóvenes y les consigue trabajo. Es importante que la sociedad conozca los testimonios de estas personas para crear confianza.

FAMILIARES PERJUDICADOS
Vivir la cárcel desde todos los puntos de vista ha hecho entender a Caro que los familiares de los reos padecen las calamidades del sistema penitenciario casi de la misma manera que los propios internos.

"Uno de los Derechos Humanos establecido en la Constitución es el de los niños, la familia y los hogares. La sociedad ve al individuo preso, pero no se da cuenta de que detrás del individuo están el niño y la esposa. La idea es transmitirle a los jóvenes que tienen familia y a la sociedad que el derecho a la familia es para todos. Con esto me refiero a que los derechos de esas personas también están siendo violados", explica.

Por esta razón, el coordinador nacional de las redes penitenciarias de Voluntad Popular maneja la fundación Familias de la Libertad, que busca "rescatar los valores y la dignidad de los familiares de los internos dictándoles talleres de formación y dándoles herramientas para que sean los embajadores de paz dentro de las cárceles".

"Santa va a las cárceles" es el nombre que le da a uno de los proyectos que lleva a cabo y que consiste en llevar más de 2 mil juguetes a los hijos de los reos mientras hacen la fila para poder visitar a sus parientes recluidos.

–¿Qué propone para mejorar las condiciones de las visitas penitenciarias?
–Quiero instalar un botiquín de primeros auxilios para que los familiares tengan asistencia de salud. También sería útil construir establecimientos especiales para que no tengan que hacer colas por horas bajo un palo de agua o durmiendo en la acera de la calle. Hay que tratar de que la familia se sienta cómoda y estable.

–¿Qué considera usted que le ha faltado al Estado para acabar con la tragedia carcelaria?
–Al Estado le ha faltado comprender que las cárceles fracasaron, sincerarse y empezar desde cero. Las prisiones encerradas deben ser demolidas; fueron hechas en lugares calientes. Mientras en otros países cierran cárceles, aquí queremos abrir más. Pareciera que quisiéramos tener una política de más delitos. No creo que empezar desde cero sea muy difícil: es dar una amnistía, perdonar, es tratar de que cuando la persona salga tenga un plan de contingencia para atenderlo, es sincerar el sistema. A los delincuentes hay que encerrarlos en granjas agrícolas, espacios abiertos que les brinden oportunidades de trabajo. Por supuesto que debe ser un lugar delimitado, pero fresco y acondicionado. A las cárceles hay que verlas como formación y no como castigo. También debe haber inversión por parte de las empresas privadas para que éstas manejen parte del funcionamiento de las prisiones y sean quienes den la comida, como en Francia. Los reos deben ganar un dinero por su trabajo para destinarlo a sus familias.

Tal Cual Digital

Amnistía Internacional reitera pedido de liberación de Afiuni

2010-12-10T06:31:00.000-08:00

Amnistía Internacional reiteró a las autoridades venezolanas el pedido de liberación de la ex jueza María Lourdes Afiuni, quien hoy cumple un año detenida en el Inof, y que a juicio de la organización es un “caso de indebida interferencia política por parte del Ejecutivo nacional.

Este nuevo pronunciamiento, a través de un comunicado, ocurre a propósito de celebrarse el Día Internacional de los Derechos Humanos.

A continuación el comunicado:

A un año de su detención arbitraria, Amnistía Internacional reitera el pedido de liberación de la Jueza Afiuni.

Amnistía Internacional considera que la detención de la jueza María Lourdes Afiuni Mora el pasado 10 de diciembre de 2009 es un caso de indebida interferencia política por parte del ejecutivo. Su detención vulnera los Principios Básicos de la ONU relativos a la Independencia del Poder Judicial, adoptados en 1985, que determinan que “[l]os jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad...sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquiera sectores o por cualquier motivo”.

La jueza Afiuni ha sido acusada de “corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir”. Su detención se produjo horas después de haber emitido una orden de libertad condicional a favor del banquero Eligio Cedeño. Decisión que se encontraría dentro de su competencia y se ajustaría a las leyes venezolanas que establecen que nadie puede estar detenido a la espera de juicio más de dos años.

La orden de libertad condicional dictada por la jueza en diciembre de 2009 fue condenada públicamente por el Presidente del Gobierno Hugo Chávez. Un año después, la Fiscalía General de la República no habría presentado ninguna prueba fehaciente para sustentar los cargos en contra de la jueza Afiuni.

Amnistía Internacional se encuentra profundamente preocupada por las consecuencias que este caso pudiera tener en la disposición que puedan tener las y los jueces de Venezuela a extender a todas las categorías de procesados, los beneficios y salvaguardas contempladas en la constitución y las leyes de Venezuela, así como en los convenios internacionales de los cuales Venezuela es parte. El temor de las y los jueces a la falta de aceptación de sus decisiones por parte del Ejecutivo y otras instancias del Estado venezolano y las posibles consecuencias que esto acarrearía, podría afectar la realización de los derechos humanos de la población y la capacidad de los procesados, víctimas y familiares de posibles abusos a los derechos humanos, a obtener justicia y reparación bajo claras normativas preestablecidas.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, la Relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, y la Relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, han insistido que “se ponga a la Jueza Afiuni en libertad inmediata e incondicional” y que “[l]as represalias por ejercer funciones constitucionalmente garantizadas y la creación de un clima de temor en el poder judicial y en los abogados no sirve a otro propósito que el de socavar el estado de derecho y obstruir la justicia”, en palabras de estas instancias de Naciones Unidas del 16 de diciembre de 2009.

Preocupa asimismo a Amnistía Internacional que la encarcelación preventiva de la jueza Afiuni en instalaciones en las que se encuentran reas que habrían sido condenadas por ella, pondría a la magistrada en situación de riesgo, y constituiría un castigo cruel, inhumano y degradante, por el prolongado temor a sufrir lesiones graves o muerte. Temor fundamentado por las constantes amenazas e intentos de atentar contra su integridad física, que hasta la fecha habría denunciado la jueza y que al parecer, continúan sin ser debidamente investigados; así como por la situación de violencia generalizada en las prisiones del país, la cual ha ameritado repetidas medidas de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además, de acuerdo a la información recibida, la jueza Afiuni tiene diversos problemas de salud que requieren medicación y atención médica que incluye pruebas ginecológicas y oncológicas; y en más de una ocasión se le habría negado acceso a atención médica adecuada.

Amnistía Internacional EXHORTA a las autoridades VENEZOLANAS a:

Liberar a la jueza Afiuni y asegurar de forma inequívoca y públicamente su respeto a la labor de los operadores de justicia y su compromiso a respetar y garantizar la independencia del poder judicial.

Liu Xiaobo: Espero ser la última víctima de la inquisición literaria de China

2010-12-10T06:27:00.000-08:00

El intelectual manifestó que "aunque los crímenes de los que se me acusa son distintos en nombre, su verdadera esencia es realmente la misma: ambos son crímenes de discurso". Hizo votos por un país en el que "todas las visiones políticas estarán bajo el sol para que la gente escoja", y "nadie podrá, bajo ninguna circunstancia, sufrir persecución política por tener posiciones divergentes"

El activista chino Liu Xiaobo, premio Nobel de la Paz 2010, envió a la ceremonia de este galadón el discurso titulado I have no enemies (No tengo enemigos) ante su imposibilidad de asistir a la entrega por estar encarcelado por el régimen de China.

El texto fue leído durante el acto por Liv Ullman, debido a que la esposa del homenajeado, Liu Xia, tampoco asistió por estar bajo arresto domiciliario.

Liu narró cómo su vida cambió de ser profesor, escritor y conferencista a estar en prisión por expresar ideas contrarias a las del gobierno chino.

"Lo que exigía de mí mismo era esto: como persona o como escritor, llevaría una vida de honestidad, responsabilidad y dignidad", expresó Liu a través de la voz de Ullman.

El intelectual manifestó que "aunque los crímenes de los que se me acusa son distintos en nombre, su verdadera esencia es realmente la misma: ambos son crímenes de discurso".

Sin embargo, el académico aclaró que, aunque "he sido declarado enemigo de la mentalidad del régimen, (...) aún quiero decirle a este régimen que me está quitando la libertad que me mantengo firme en las convicciones que declaré en mi huelga de hambre".

Al régimen, y a los funcionarios involucrados en su encarcelamiento y persecución, declaró en varias oportunidades en su discurso: "no tengo enemigos y no tengo odio".

"Ninguno de los jueces que me juzgaron son mis enemigos, aunque no hay forma de que les acepte sus arrestos" pero "respeto sus profesiones y sus integridades, incluyendo la de los dos fiscales que ahora están escogiendo cargos en mi contra en nombre de la fiscalía", afirmó.

Progresos graduales

A pesar de encontrarse en prisión por oponerse al régimen, Liu asegura haber visto progresos paulatinos en su causa.

Aseguró que la labor de la disidencia "ha llevado a una tolerancia creciente de parte del régimen y una notable caída de la persecución social a la disidencia"

Liu explicó que "el debilitamiento de la mentalidad enemiga ha sido el camino para que el régimen acepte los derechos humanos"

Recordó que "en 2004, el Congreso Nacional del Pueblo mejoró la constitución incluyendo por primera vez que el Estado respete y garantice los derechos humanos" Por eso, a pesar de las medidas en su contra, considera que, "los derechos humanos ya se han vuelto uno de los principios fundamentales del régimen legal de China".

También expresó que "he podido sentir estos progresos a un nivel micro a traves de la experiencia de mi arresto", donde percibe la mejoría de sus condiciones de reclusión y el respeto de quienes lo han tratado.

"Es precisamente por tales convicciones y experiencias personales que firmemente creo que el procesos político de China no se detendra", afirmó Liu.

"Estoy lleno de optimismo y espero una China libre en el futuro. No hay fuerza humana que pueda detener la voz que lucha por la libertad", expresó.

Homenaje a Liu Xia

El activista Liu Xiaobo también dedicó en su discurso palabras a su esposa, Liu Xia, quien representa para él "la luz del sol que salta sobre altas ventanas, calentando cada célula de mi cuerpo, permitiendo mantenerme en paz en mi corazón y sintiendo que cada minuto en prisión significa algo".

Por ello, expresó a Liu Xia que "con tu amor puedo calmadamente llegar a mi destino sin arrepentirme de las decisiones que he tomado".

La China de sus sueños

Liu culminó su discurso describiendo el ideal de nación que espera ver en algún momento materializado. Una nación en la que "las visiones mayoritarias y minoritarias sean igualmente garantizadas, y las visiones políticas de aquellos que difieren del poder sean respetadas y protegidas".

"Espero con ansias que mi país sea una tierra con libertad de expresión, donde el discurso de cada ciudadano sea bien tratado", expresó.

Liu sueña con que en su país "todas las visiones políticas estarán bajo el sol para que la gente escoja", y "nadie podrá, bajo ninguna circunstancia, sufrir persecucion política por tener posiciones divergentes".

Por eso, aseguró: "espero ser la última víctima de la inquisición literaria de China, y que nadie sea discriminado por su discurso".

Para Liu, "la libertad de expresión debe ser la fuente de la humanidad, y la madre de la verdad. Extrangularla es pisotear los derechos humanos, asfixiar la humanidad y suprimir la verdad".

Aclaró que "no hay nada criminal en lo que he hecho, pero si los cargos se me presentan, no tengo quejas".

El Nacional.

Lo trasladan a Caracas

2010-11-29T05:29:00.000-08:00

El diputado electo José Sánchez "Mazuco" fue objeto de un nuevo abuso judicial al ser sacado de su casa por efectivos de la GN y enviado esta madrugada a Caracas, donde un tribunal revisará su causa

El diputado electo a la Asamblea Nacional, José Sánchez “Mazuco", fue víctima este lunes de un nuevo abuso del gobierno de Hugo Chávez, al ser trasladado desde su residencia en Maracaibo –a donde un tribunal obligó su confinamiento– hacia Caracas para ser presentado en el tribunal undécimo de control de la capital.

De acuerdo con información emanada desde Maracaibo, a las 5 de la mañana una comisión de efectivos de la Guardia Nacional sacó de su vivienda al diputado electo por el circuto 5 de la capital zuliana, con laorden de presentarlo en untribunalde Caracas.

En el momento de su traslado, el ex director de Seguridad de la Gobernador de Zulia declaró al diario La Verdad estar desconcertado por esta nueva mediada e insistió que "siempre he sido un hombre respetuoso de la ley. No tengo problema porque soy inocente".

Recalcó que las características del traslado no se precisan en el oficio. “No sé porqué esa decisión, allí no se especifica”.

De acuedo con el diario zuliano,Sánchez fue llevado hoy al tribunal séptimo de juicio que llevaba la jueza Carla María Morales, de quien se supo que fue cambiada. Decisión reforzada

Después de estar tres años y 23 días preso en la Cárcel de Ramo Verde y después de haber resultado electo como diputado en Maracaibo con 91 mil 812 votos, a José Sánchez se le otorgó el beneficio de casa por cárcel.

Tal Cual Digital

Abogados de Afiuni denunciaron a directora del Inof ante el MP

2010-11-09T04:26:00.000-08:00

Nelson Afiuni afirmó que los abogados de su hermana, la jueza María Lourdes Afiuni, interpusieron en horas de la tarde de este lunes una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP) contra la directora del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), Isabel González, por el presunto hostigamiento a su familiar.

En la denuncia también se incluyó al teniente encargado del traslado de la jueza al Hospital Oncológico Padre Machado, con el fin de que le practicaran unos exámenes médicos. Recordó que dicho traslado estuvo a cargo de “cincuenta guardias nacionales” y que su hermana tuvo que realizarse la mamografía con el personal castrense adentro.

“Cuando le fueron a hacer la citología, el teniente insistió en que debían entrar los guardias nacionales (…) Fue una pelea hasta que por fin dejaron a mi hermana sola con el médico (…) A la salida, le ajustaron las esposas. Llegó con las manos moradas al Inof, lo que le faltó fue que la golpearan”, dijo.

Declaró que este miércoles 10 de noviembre la jueza va a cumplir once meses en “esa celda sin tomar sol”

Noticias24.com

A LA OPINION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL: Desde las cárceles de Venezuela

2010-11-05T07:11:00.000-07:00

Nosotros, Agente (PM) Erasmo Bolívar, Dtgdo. (PM) Luis Molina Cerrada, C/1ro (PM) Arube Pérez Salazar, Sub.Com. (PM) Marco Hurtado, (PM)Héctor Rovain. S/ Mayor. (PM) Julio Rodríguez, Silvio Mérida Ortiz, Cap. Otto Gebauer, Com. Juan Bautista Guevara Pérez, Com. Otoniel José Guevara, Com. Rolando Jesús Guevara, Com (PM). Lázaro Forero, Com (PM). Henry Vivas, Com. Ivan Simonovis, Gral. Felipe Rodríguez, Gral. Delfín Gómez Parra, Gustavo Arráiz, Asdrúbal Lugo, Mario Martínez, John Pernia, Juez. María Lourdes Afiuni, Ing. Alejandro Peña Esclusa, Dip. Jose Sanchez (Mazuco) y Dip. Biagio Pilieri. Presos Políticos Venezolanos del régimen de Hugo Chavez Frias; en virtud de las declaraciones realizadas por la ciudadana Ministra Trinidad Jimenez, emitimos el siguiente pronunciamiento:

El día 02 NOV10 en Madrid, en una sesión del Senado Español, el Senador Iñaki Anasagasti del Partido Nacionalista Vasco (PNV), solicita a la Ministra de Relaciones Exteriores y Cooperación de España, Ciudadano (a). Trinidad Jiménez, que el gobierno de España al igual que se hizo con Cuba, tramite ante Caracas la liberación de los presos políticos venezolanos.

Ante el requerimiento hecho por el Senador, la Ministra Jiménez respondió con las siguientes aseveraciones: “La defensa de los Derechos Humanos es una de las prioridades de la política exterior española, como también lo es la cuestión de la liberación de los presos políticos.”

Señaló que “a diferencia de lo que ocurre en otros países, las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch no tienen catalogado como preso político a ningún preso en Venezuela”.

Reconoció igualmente que existen “presos por causas penales acusados de haber participado en el golpe de estado de 2002 o por posible corrupción que son considerados como presos políticos por la oposición venezolana pero no por estas organizaciones”. Añadiendo que este criterio “es el que hemos utilizado para tratar de presos políticos en el caso de otros países”.

Insistió que “El concepto de preso político es algo que viene determinado por las organizaciones internacionales de Derechos Humanos y ninguna tiene catalogado ningún preso político en Venezuela”. En cuanto al caso de la jueza Afiuni, Jiménez ha señalado que fue condenada “aplicando la legislación vigente en Venezuela”.

Ante las aseveraciones de la mencionada Ministra, los Prisioneros Políticos Venezolanos del Régimen de Hugo Chávez se permiten puntualizar los siguientes aspectos:

1- La defensa de los Derechos Humanos debe ser la prioridad natural de cualquier Estado que se precie de ser democrático; y el ser democrático implica el cumplimiento de los principios fundamentales que este sistema de convivencia social conlleva, siendo uno de los mas importantes, la sana separación de los poderes que conforman la institucionalidad de un Estado.

2- En Venezuela, la separación de poderes no existe; todos los poderes que integran el Estado Venezolano están en la actualidad bajo el dominio del Ejecutivo. Vale decir, los Poderes Legislativo, Judicial, Electoral y Moral obedecen genuflexos las órdenes del Presidente de la República. Acción que se suma a las numerosísimas violaciones a la Constitución Venezolana vigente.

3- Siendo la Ministra Jiménez tan fervorosa creyente de las organizaciones no gubernamentales que menciona, y para hablar en su mismo idioma, se transcriben trozos del Informe Anual del 2008 de Human Rights Watch y que atañen a los numerales anteriormente enunciados:

"Venezuela: Derechos socavados bajo Chávez:

Discriminación política e instituciones democráticas debilitadas caracterizan su presidencia. (Caracas, 18 de septiembre de 2008) En sus esfuerzos por contener a la oposición política y consolidar su poder, el gobierno del Presidente Hugo Chávez ha debilitado las instituciones democráticas y las garantías de derechos humanos en Venezuela, señala Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Ante la ausencia de un control judicial creíble, el gobierno de Chávez ha aplicado, sistemáticamente, políticas discriminatorias que han limitado el ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas, el derecho a la libertad sindical de los trabajadores y la capacidad de la sociedad civil de promover los derechos humanos en Venezuela.

Discriminación política: La discriminación por motivos políticos ha sido una característica definitoria de la presidencia de Chávez. El gobierno de Chávez ha implementado prácticas discriminatorias, en contra de sus opositores políticos y críticos. En algunas oportunidades, el Presidente mismo ha respaldado abiertamente actos de discriminación. De manera generalizada, ha incentivado a sus subordinados a tomar medidas discriminatorias al tachar sistemáticamente a sus opositores de conspiradores antidemocráticos independientemente de que tuvieran o no alguna relación con el golpe de 2002.

Los tribunales de justicia: Otra característica definitoria de la presidencia de Chávez ha sido el manifiesto desprecio del principio de separación de poderes y, en especial, de la idea de que un poder judicial independiente es indispensable para la protección de los derechos fundamentales en una sociedad democrática. Después del golpe de 2002, la violación mas grave del estado de derecho en Venezuela fue el copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia por parte de Chávez y sus partidarios en 2004, que logró neutralizar al poder judicial como rama independiente del gobierno. Desde su intervención política el 2004, el tribunal repetidamente ha abdicado de su papel como contralor del accionar arbitrario del estado y garante de los derechos fundamentales."

4- Allí claramente se hace alusión al Poder Judicial Venezolano bajo el Régimen de Hugo Chávez y su "particular" concepción de la Democracia. Y así, orientando mas específicamente hacia el tema que nos ocupa, se detecta la herramienta que utiliza el Régimen para neutralizar a sus opositores: la administración de la Justicia Penal Venezolana.

5- Esta Justicia Penal Venezolana esta caracterizada por :
-Dependiente y política.
-Plegada al amo del poder.
-Al servicio de una ideología y no del Derecho y de la Justicia.
-Reinventora del Derecho de acuerdo a los intereses del Régimen.

6-El "modus operandi" de esta Justicia Penal es la selectividad victimizante: todo ciudadano es inocente hasta el momento en que se oponga o le sea incómodo al Régimen. Una vez ocurrido esto, el aparato judicial, léase Ministerio Publico y Tribunales, se ponen en movimiento y mediante artilugios legales, el incómodo o disidente es convertido en delincuente.

7- Esta Justicia Penal fanatizada y parcializada es la que ha llevado a prisión o al exilio a muchísimos venezolanos y ha ido desde encauzar inocentes para culparlos por crímenes cometidos por el mismo Régimen, caso 11ABR, caso fiscal Anderson, hasta encarcelar por delitos de opinión, casos Alfonso Martínez, Uson Ramirez, Alvarez Paz y Peña Esclusa; pasando por innumerables juicios y medidas restrictivas de la libertad para neutralizar a opositores "peligrosos". La lista de perseguidos políticos, prisioneros o exiliados, es bien larga y suficientemente sustentada legal y fácticamente a nivel nacional e internacional, y es la que la Ministra Jiménez pretende desconocer.

8- Cada una de las causas penales seguidas a las víctimas de la persecución política del Régimen de Hugo Chávez esta plagada de las mas variadas aberraciones legales y violaciones al debido proceso que se puedan concebir, siendo una de ellas la imputación por delitos comunes como pantalla, evadiendo la verdadera causa del acoso político, y la utilización de los falsos positivos: "siembra", testigos estrellas y pruebas amañadas. La aseveración de la Ministra Jiménez de que en Venezuela lo que existen son presos comunes por causas penales o corrupción, responde a la estrategia manipuladora del Régimen, exitosa como el expresar de ella lo certifica.

9- Coincidencialmente, ante la cara de la justicia y la opinión publica española, han explotado casos que relacionan al acontecer delincuencial de ese país ibérico con nuestras causas.
Y no nos referimos a las violaciones al Derecho a la vida y a la Propiedad que sufren sus connacionales en Venezuela sin que el Gobierno de Zapatero se refiera a esto.
Nos dirigimos a la relación de nuestras causas y su instrucción penal con el flagelo internacional del Terrorismo.

10- Valga la pena el símil. Acreditado como embajador de Venezuela ante el Reino de España, encontramos al Ciudadano. Julian Isaías Rodríguez, ex Fiscal General de la República, quien durante su gestión al frente del Ministerio Público Venezolano fue el arquitecto de la mayoría de los procesos legales fraudulentos de los perseguidos políticos. Bien conocido es en España este personaje, ya que en fecha reciente, ante la confesión de dos etarras capturados en donde afirmaban que en Venezuela habían sido adiestrados en prácticas terroristas por un protegido del Régimen, Arturo Cubillas, puso en entredicho a la Justicia, a la Fiscalía y a los Órganos de investigación criminal españoles al afirmar que esas confesiones habían sido obtenidas mediante torturas. Hilando fino, cabría preguntar a la Ministra Jiménez si aprueba lo expresado en este caso por el ex Fiscal venezolano con la misma vehemencia que afirma que nuestras causas penales instruidas por El, son legales y valederas. Porque sin conocimiento de causa, eso es lo que ha hecho!

A la par, estas declaraciones del ex Fiscal dan mayor solidez a la imagen internacional que existe del Régimen de Hugo Chávez como Mecenas del Terrorismo Internacional. Solo recordemos, refiriéndonos a este siniestro personaje que mora bajo el amparo diplomático en la Madre Patria, que un árbol con las raíces podridas, no puede dar frutos sanos.

Y para no dejar el tema de lado, le expresamos a la Ministra Jiménez que "LA AFIRMACION DE QUE EN VENEZUELA NO EXISTEN PRESOS POLITICOS ES IDENTICAMENTE IGUAL A DECIR QUE LOS ETARRAS NO SON TERRORISTAS!"
En el mas amplio sentido de la afirmación.

Una vez expuesto el hecho que nos ocupa y presentados los alegatos de parte nuestra al respecto, nos permitimos manifestar lo siguiente:

1- Rechazamos categóricamente lo expuesto por la Cddna. Trinidad Jiménez, Ministra de Relaciones Exteriores y de Cooperación del Reino de España ante el Senado Español y la Opinión Pública Internacional que se refiere a la no existencia de presos políticos en Venezuela por:
A- Evidenciar un total desconocimiento de la realidad política venezolana, lo cual si observamos, coincide con la línea de pensamiento de su antecesor, el Sr Moratinos, y nos lleva a intuir que es una política del Gobernante español, Sr Rodríguez Zapatero, motivada a meros intereses comerciales antes que a la pregonada "Defensa de los Derechos Humanos".

B-Fundamentar sus afirmaciones en la presunta no existencia de la figura de Presos Políticos en Venezuela en dos ONG, fundamento que ponemos en duda, pues basta recordar que el representante de HRW, Sr. Jose Manuel Vivanco, fue violentamente expulsado de nuestro País por denunciar las arbitrariedades del Régimen de Hugo Chávez, la violación de Derechos Humanos bajo su gobierno y la degeneración de la Democracia en Venezuela.

No deja de causar sorpresa el desconocimiento de la declarante, de las denuncias que nuestros Defensores de Derechos Humanos han interpuesto ante organismos e instituciones como el Parlamento Europeo, el propio Senado Español, la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos entre otros, quienes en su debido momento han emitido pronunciamientos reconociendo nuestra frágil situación democrática y por ende nuestra existencia.

2- Instamos al Jefe del Gobierno Español a fijar una posición respecto al caso aquí planteado. Es de hacer notar que en la sesión del Senado en donde se presentó la intervención de la Ministra Jiménez, se encontraba El presente.

3- Solicitamos a todas aquellas Instituciones y Organizaciones de cualquier índole y que están al tanto de la situación política de Venezuela a manifestarse públicamente al respecto.

Comunicado suscrito, .... DESDE LAS CARCELES DE VENEZUELA ...

OIE exigió al Gobierno investigar ataque contra Fedecámaras

2010-11-04T04:50:00.000-07:00

La institución cree que se buscaba "defenestrar" a la cúpula empresarial

La Organización Internacional de Empleadores (OIE) solicitó a las autoridades venezolanas investigar y castigar a los culpables del atentado que sufrieron cuatro directivos de Fedecámaras la semana pasada.

"La OIE solicitó al Director General de la OIT que el Comité de Libertad Sindical examine con la máxima celeridad este nuevo ataque contra los líderes de Fedecámaras y requiera del Gobierno de Venezuela la realización de una investigación exhaustiva sobre este atentado, se detenga y juzgue a los culpables y cese la violencia física, confiscatoria de bienes y verbal con la que permanentemente agrede al empresariado y a las empresas privadas venezolanos", dijo la institución en un comunicado.

El texto asegura que el ataque, sufrido por los directivos de Fedecámaras, buscaba "defenestrar" al gremio. "Por la forma de haberse desarrollado la agresión, todo parece indicar que el objetivo del ataque era defenestrar la cúpula empresarial de Venezuela, aunque luego los secuestradores hubieron fingido un secuestro".

El Universal

Denuncias ante el CIDH

2010-10-28T05:31:00.000-07:00

Mañana viernes 29 de octubre concurrimos en Washington a la audiencia pública que nos ha concedido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Una cita ineludible que congregará la tarde de este viernes la agenda temática de Venezuela, en cuatro jornadas de sesiones de trabajo; tres de ellas presentadas por defensores de derechos humanos y la otra por el Estado: Las audiencias estarán referidas a:

1. Institucionalidad Democrática y Defensores de Derechos Humanos en Venezuela (Audiencia Privada).

2. Situación del derecho a la libertad de expresión e Información en Venezuela (Audiencia Privada).

3. Audiencia sobre la Situación de Derechos Humanos. Es pública y ha sido concedida al Estado venezolano. En ella presentará los "avances" que consideran las autoridades de nuestro país existen sobre la materia.

4. Audiencia sobre Seguridad Ciudadana, cárceles, diversidad e igualdad sexual, donde los representantes del Foro por los Derechos Humanos y la Democracia haremos denuncias importantes de violaciones que ocurren en este sentido en Venezuela.

En esta audiencia, en nombre de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional informaremos en concreto sobre: La Doctrina de Seguridad Nacional en ejecución por parte del Gobierno del presidente Chávez y su impacto sobre derechos civiles y políticos de los ciudadanos.

Esto se traduce en los efectos de la militarización del modo de vida de los venezolanos en los más diversos aspectos, direccionados a la consecución de una sociedad subordinada y obediente al Comandante en Jefe y la Revolución.

Referiremos la permisividad del Estado frente a grupos armados al margen de la Ley, la opacidad del Estado en su deber de rendir cuentas e informar sobre políticas publicas de seguridad y defensa, que considera el gobierno son todas secretas y discrecionales, el sistema de justicia militar uno de los mas retrasados del continente, que depende casi íntegramente del Poder Ejecutivo nacional, también hablaremos de las amenazas y la afectación a la propiedad y libre empresa fundada en los criterios seriamente cuestionables de "seguridad agroalimentaria" o de "interés estratégico nacional".

Acudimos una vez más a la Comisión Interamericana, en el derecho que nos brinda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de acudir al sistema internacional de protección de Derechos Humanos; a pesar del costo y las amenazas a la integridad personal que eso conlleva en Venezuela para los activistas de ONG y a pesar también del profundo desprecio que el Estado ha expresado en contra de la Comisión.

Tal Cual Digital

2010-10-25T06:53:00.000-07:00

El Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos, solicita el respeto de la huelga de hambre iniciada por el hermano jesuita José María Korta, el pasado 19 de octubre frente a la sede administrativa de la Asamblea Nacional.

El hermano Korta tomó esta acción en protesta por las continuas violaciones a los derechos indígenas, estos derechos se han visto violentados en dos momentos : 1.- Enfrentamiento de comunidades de la etnia yukpa, que culminó en la detención de los líderes Sabino Romero Izarra, Alexander Fernández y Olegario Romero, quienes desde octubre de 2009 se encuentran encarcelados luego de un enfrentamiento entre las comunidades Wamapamocha y Chaktapa, en el cual resultaron tres personas muertas y cinco heridas. Y 2.- La Exigencia del respeto a la auto demarcación de los territorios indígenas y la no criminalización de líderes sociales como Lusbi Portillo, integrante de la organización Homo et Natura, quien ha acompañado a la comunidad.

El derecho a la manifestación pacífica se encuentra consagrado en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo que el Hno. Korta debería tener la garantía de que su huelga va a ser respetada. En este sentido, exhortamos al Estado venezolano a no tomar medidas arbitrarias en su contra, como ha sido el caso de anteriores huelguistas de hambre.

De igual forma, el Foro por la Vida recuerda que en relación con los derechos de los pueblos indígenas, el Estado venezolano se encuentra en mora, según lo dispuesto en la disposición transitoria decimosegunda de la Constitución, con la demarcación de las tierras que ancestralmente ocupan y que fue el trasfondo del conflicto entre integrantes de la etnia yukpa,

En cuanto a este hecho, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Capítulo III, en el apartado de los Derechos Civiles, específicamente en el artículo 43 establece: “El derecho a la vida es inviolable”. Pero es importante destacar que la misma carta magna en el artículo 260 reconoce la jurisdicción especial indígena, como componente esencial del Sistema de Justicia: “Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.

De igual forma, el artículo 141 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas indica lo siguiente: “En los procesos penales que involucren indígenas se respetaran las siguientes reglas: 1. No se perseguirá penalmente a Indígenas por hechos tipificados como delitos cuando en su cultura y derecho estos actos sean permitidos, siempre que no sean incompatibles con los derechos Fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los Tratados Pactos y Convenciones Internacionales, suscritos y ratificados por la República…”.

En tal sentido las organizaciones del Foro por la Vida solicitamos:

1.- Respeto a la protesta pacífica del Hermano José María Korta

2.- Se ejecuten con urgencia políticas y medidas orientadas a culminar la demarcación de las tierras que le corresponden al Pueblo Yukpa en particular y en general a los pueblos indígenas.

3.- Garantía de un juicio justo a Sabino Romero Izarra, Alexander Fernández y Olegario Romero y en los términos que establece la Constitución.

4.- Cese a la criminalización de las organizaciones e individualidades que se solidarizan con los justos reclamos del Pueblo Yukpa y en particular con el defensor de derechos humanos Lusbi Portillo.

Vocería Foro por la Vida:

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Espacio Público

Justicia y Paz Nacional

Dos hermanos inician huelga de hambre en el Consulado de España en Venezuela

2010-10-08T04:33:00.000-07:00

Nosotros los hermanos Solórzano San Blas, Luis Alberto y Carlos Enrique, productores agropecuarios, hemos decidido iniciar una HUELGA DE HAMBRE como forma de protesta, en nombre de nuestra familia, así como de todos los productores agropecuarios de Guárico y Venezuela, en nombre de la dignidad, decencia y respeto a nuestra Constitución, madre de todas las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, así como la de todos los ciudadanos españoles invadidos en Venezuela. Exigimos la inmediata indemnización por la toma ilegal del Hato La Vaca en el año 2005 donde estábamos asentados en nueve unidades de producción, las cuales fueron tomadas violentando flagrantemente todos los preceptos constitucionales por parte del INTI y apoyados por el ejército venezolano. Luego de un proceso de negociación que culminó en el año 2008, en donde intervino el Gobierno español, y el INTI, en el cual, quedó demostrada la propiedad privada, se acordó el pago de una indemnización SUSTENTADA SÓLO EN EL AVALÚO PRESENTADO POR EL INTI, el nuestro no se tomó en cuenta. Por tal motivo exigimos la indemnización bajo los siguientes términos:

1.- El pago inmediato de nuestras propiedades en virtud del acuerdo convenido con el Presidente del INTI en el año 2008.

2.- El pago inmediato de daños y perjuicios ocasionados estos, por lo inoportuno y extemporáneo, por el detrimento de nuestras propiedades y nuestras vidas, por los intentos de homicidio en contra nuestra, por habernos sometido al escarnio público, por el daño moral y psicológico, por el lucro cesante, por la indexación monetaria, y por los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de nuestra familia.

3.- El debido soporte documental sobre la propiedad del lote de tierra acordado con el Presidente del INTI para la continuación de nuestra actividad agropecuaria.

Por último declaramos que mantendremos nuestra firme posición hasta que logremos una solución justa, digna y satisfactoria.

Provea Venezuela

Ortega descarta responsabilidad por retardo en caso "Mazuco"

2010-09-30T19:22:00.000-07:00

La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, recalcó que el Ministerio Público actuó en este caso con la diligencia de siempre, es decir, se presentó la acusación en el tiempo estipulado.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó que el Ministerio Público ha cumplido con los lapsos legales en el caso del diputado electo por el estado Zulia, José Sánchez "Mazuco", por lo que desmarca a esta institución de cualquier responsabilidad en el retardo procesal en la causa.

Ortega Díaz destacó que el Ministerio Público acusó a "Mazuco" en el lapso establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que otorga 30 días, más una prórroga de 15 días, para la presentación del acto conclusivo, reseñó el Ministerio Público en una nota de prensa.

Durante el programa "En Sintonía con el Ministerio Público", dijo que en el caso de que la Institución que preside no cumpla con el lapso legal referido, el imputado queda en libertad.

En ese sentido, la Fiscal General recalcó que el Ministerio Público actuó en este caso con la diligencia de siempre, es decir, se presentó la acusación en el tiempo estipulado.

Señaló que una vez que se realizó la audiencia preliminar, el 7 de julio de 2009, y fue ordenado el enjuiciamiento de Sánchez, al admitirse la acusación por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y privación ilegítima de libertad, ambos en grado de cómplice necesario, los fiscales han concurrido a todas las audiencias.

Aseguró que el retardo procesal no ha sido por falta del Ministerio Público en este caso.

Diputados y aún en la cárcel

2010-09-29T05:38:00.000-07:00

Presos políticos de Zulia y Yaracuy esperan para que les habiliten la inmunidad parlamentaria. Ni el CNE ni el TSJ acatan la voluntad del pueblo.

Aunque el Artículo 200 de la Constitución Nacional establece que "los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo", los Tribunales de Yaracuy y la junta del Consejo Nacional Electoral del Zulia han hecho caso omiso a la Carta Magna pues José Sánchez "Mazuco", elegido por el estado Zulia, y Biaggio Pilieri, electo por el estado Yaracuy; permanecen privados de su libertad.

Félix Herrera, abogado de Pirelli, indicó que el mismo día que el CNE dio los resultados de los escrutinios la defensa buscó los documentos que lo certifican como diputado principal de la Asamblea Nacional.

"Apenas obtuvimos las credenciales fueron anexadas al expediente de Biaggio Pilieri y solicitamos que fuese liberado. Estamos a la espera de los resultados del Tribunal", explicó Herrera.

Según la defensa del diputado electo por Yaracuy "el retraso es injustificado" y la presidenta del Circuito no les ha dado la cara. Por su parte, José Sánchez "Mazuco" corre con la misma suerte, pero en su caso el ente comicial no les ha otorgado las credenciales para que formalmente goce de inmunidad.

Nora Bracho, compañera de fórmula en calidad de suplente de Sánchez, declaró que están a la espera de las credenciales de los parlamentarios electos. "Una vez que recibamos las acreditaciones del CNE se las entregaremos a los tribunales, manifestó Bracho.

Entre tanto, el diputado electo a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, Stalin González, pidió a las juntas estadales que proclamen a los diputados electos lo más pronto posible.

BITÁCORA DE DOS PRESOS POLÍTICOS
A José Sánchez lo detuvieron en 2007 por su presunta participación en el homicidio de Claudio Macías, ex funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar. El ex fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, aseguró en su momento que había encontrados evidencias contundentes para realizar un juicio corto en contra de Sánchez.

Aún así, luego de 10 Jueces y nueve Fiscales del Ministerio Publico no se pudo esclarecer el caso. Hace tres años que el diputado electo se encuentra recluido en la cárcel Ramo Verde.

Asimismo, el periodista Biaggio Pilieri fue privado de su libertad en enero de 2005 y está acusado de malversación agravada de fondos públicos y de concertación ilegal con contratista.

Pilieri fue acalde del municipio Bruzual en el periodo 2000-2004, diputado regional y dos veces electo concejal. El parlamentario electo está recluido en la Comandancia General de la Policía de Yaracuy.

ANTECEDENTES
No es la primera vez que se eligen como candidatos al Parlamento a ciudadanos que se encuentran encarcelados. En los años setenta, Salom Meza Espinoza, del Movimiento Electoral del Pueblo y David Nieves, de la Liga Socialista, resultaron electos, fueron excarcelados y se incorporaron a sus curules ejerciéndolos durante cinco años.

Tal Cual Digital

Foro por la Vida propone a los próximos asambleístas decálogo parlamentario en derechos humanos

2010-09-22T06:17:00.000-07:00

Ante la inminencia de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre, el Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, ha dado a conocer un decálogo de gestión legislativa para incidir en el trabajo a desarrollar por los diferentes representantes electos para el próximo período en la Asamblea Nacional.

Dentro de las 10 propuestas, las cuales se pueden consultar íntegramente en el enlace http://issuu.com/foroporlavida/docs/agenda_ddhh, resalta en primer lugar la relacionada con el derecho a la vida, invitando el aprobar legislación especial sobre la tortura, como esta expresado en la Carta Magna, mediante ley especial o reforma del código penal. En materia de Seguridad Ciudadana, el Foro por la Vida exige un debate y diálogo nacional inclusivo sobre las normas y políticas para enfrentar el crimen; el resarcimiento de las víctimas secundarias de la violencia criminal y de género; la modificación de las disposiciones legislativas para garantizar que las Fuerzas Armadas no participen en labores de resguardo de la seguridad; la eliminación de las normas que organizan y conforman Cuerpos de Combatientes para la defensa integral de la nación; el diseño e implantación de un programa de control de armas y desarme así como la promoción de garantías de protección a las y los sobrevivientes de las víctimas de criminalidad y violencia de género, así como la asistencia para superar traumas producto de hechos violentos.

Sobre el derecho a la libertad de expresión e información se pide el garantizar el acceso a la información de carácter público a todas las personas de manera oportuna y adecuada, aprobando una ley de acceso a la información pública que garantice el ejercicio del derecho. Asimismo, reformar la ley de telecomunicaciones para garantizar la autonomía e independencia de CONATEL. Para garantizar el derecho a la manifestación los grupos de derechos humanos proponen la Eliminación de los artículos 284, 286, 297 y 358 del Código Penal; 47, 48, 49, 50, 53 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación; 139 y 141 de la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, así como el 20, 24 y 25 de la Ley especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot, los cuales han venido siendo utilizados para procesar judicialmente a líderes sindicales, comunitarios y estudiantiles por protestar.

Para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad sugieren aprobar normas y asignar presupuesto para impulsar un sistema penitenciario que asegure en igualdad para internos e internas, la rehabilitación y el respeto a sus derechos humanos. Sobre el derecho a la justicia insinúan el modificar las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana que establecen causales subjetivas para la destitución y suspensión de magistrados.

En cuanto al derecho a la libertad de asociación y libertad sindical el Foro por la Vida realizó dos propuestas: 1.- Evitar la promulgación de marcos normativos y reformar normas legales que restrinjan u obstaculicen la libre asociación de personas con fines lícitos como lo es la defensa y promoción de los derechos humanos, de la democracia y de la justicia social, incluyendo normas que limiten o condicionen la autonomía de las organizaciones y criminalice la recepción de fondos de la cooperación internacional. 2.- Promulgar una nueva Ley Orgánica del Trabajo, con la finalidad que el Consejo Nacional Electoral no intervenga en las elecciones de representantes sindicales o gremiales y sus formas de autogobierno.

Las organizaciones signatarias de este decálogo parlamentario son el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Espacio Público, Caritas Venezuela, Caritas los Teques, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Centro de Investigación, Formación y estudios de la Mujer (CISFEM), Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI), Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela (SJR), Centro Para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, Acción Solidaria (ACSOL), Comité de Familiares de las Victimas del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, Comité de Victimas contra la Impunidad del Estado Lara (COVICIL), Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho, Grupo de Monitores de Derechos Humanos de Táchira, Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui.

Provea Venezuela.

Las razones de Afiuni

2010-09-15T04:29:00.000-07:00

La magistrada tiene con qué desconocer a su juez. Su caso está lleno de irregularidades, desde violación de los DDHH hasta manipulación del expediente La acusada se rehúsa a que el juez Alí Paredes siga conociendo su caso, por razones personales

No en vano la jueza María Lourdes Afiuni se declaró en desobediencia civil citando el artículo 350 de la Constitución Nacional.

Desde que el juez Alí Paredes se hizo cargo de su caso, se han presentado anomalías en el proceso. Para comenzar, la acusada debió ser juzgada en libertad como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal pero, como se sabe, este procedimiento no tiene nada que ver con la realidad que vive la jueza actualmente.

Paredes comenzó con un mal pie pues según José Amalio Graterol, abogado de Afiuni, incurrió en un "fraude procesal" cuando en vez de constituir un Tribunal con escabinos, constituyó un Tribunal unipersonal.

Ya Afiuni había perdido la fe en este juez debido a que en contadas oportunidades la defensa solicitó a Paredes la revisión de la medida de privativa de libertad y se negó, alegando "que se trataba de un delito que superaba los 10 años", cuando la jueza Afiuni está siendo acusada por el delito de corrupción propia que establece una pena de tres a siete años.

En pocas palabras, el juez había determinado la pena de Afiuni sin haberse iniciado el juicio.

Uno de los argumentos en los que se basó el Ministerio Público para abrirle un procedimiento a Afiuni era que la boleta de excarcelación de Eligio Cedeño no aparecía.

Días antes de comenzar la primera audiencia, el nombrado documento apareció como por arte de magia. Graterol manifestó que el expediente de la jueza "ha sido manipulado de forma extraña", es por lo que la defensa solicitó el diferimiento de la audiencia alegando que este elemento modificaría por completo la defensa del caso.

La Fiscalía General de la República también argumentó "la presunta presencia de un soborno que determinó la liberación de Cedeño". La defensa comprobó que Afiuni no recibió ningún pago por la liberación del empresario.

Aparte de esto, Paredes revocó a los abogados privados de Afiuni sin su aprobación y le asignaron un defensor público.

LO HUMANO MÁS ALLÁ DE LO PROCESAL
Pero más allá de las irregularidades en torno al caso, Afiuni ha denunciado a Alí Paredes por violar sus Derechos Humanos.

La acusada ha presentado en varias oportunidades problemas de salud "y no ha sido debidamente atendida", aseguran sus abogados. La defensa exigió en reiteradas oportunidades que Afiuni fuese trasladada a un hospital civil puesto que en el Hospital Militar no la han atendido correctamente.

Hace nueve meses que María Lourdes Afiuni se encuentra detenida y ha salido de su celda de 3x2 metros sólo cuando se ha presentado en las audiencias.

Está interna con una seguridad extrema y no le llega la luz del sol porque su habitación tiene una ventana que apenas deja entrar la claridad. La acusada no consume alimentos del penal por medidas de seguridad. Cuando llegó a su celda no tenía dónde dormir.

A pesar de que estuvo trabajando por ocho años dentro del sistema de judicial, los vicios en torno a su caso le han dado pie para no creer en que se haga justicia.

Afiuni no confía en quien debe ser un árbitro imparcial de su caso, y menos desde que Alí Paredes escribió en una página Web del oficialismo que manifestaba su apoyo a la revolución bolivariana.

LA CANDIDATURA CONTINÚA
Aunque la jueza no cuenta con el respaldo de la Mesa de la Unidad para su candidatura a la Asamblea Nacional, no declina. Afiuni insiste en que tiene proyectos concretos y no está postulada sólo para salir en libertad.

Quienes la apoyan sostuvieron reuniones con representantes de Copei y Primero Justicia pero al parecer no recibirá el apoyo de estos partidos.

El Universal

Sufriendo la impunidad por partida doble

2010-09-13T07:24:00.000-07:00

Amilcar Rodríguez es un venezolano que desde el 2008 ha sufrido toda la ineficiencia del sistema judicial, su hija Eesha Rodríguez fue víctima de una severa golpiza por parte de su concubino y sus familiares, además, un caso de mala praxis médica, a la fecha, por ninguno de los dos hechos, existe algún avance.

Tanto para la víctima, como para su padre, el vía crucis comenzó el 28.04.08 cuando ella le comunica a su progenitor que se siente mal y que necesita ir al médico. En el Centro de Diagnostico Integral de Montalbán después de los exámenes de rutina se determina que la paciente sufre de un “trauma cerrado abdominal” con otra serie de complicaciones.

Los médicos que atendieron a la víctima le informan a Rodríguez que el cuadro que presenta su hija fue producto de “una severa golpiza” y es intervenida quirúrgicamente.

Según afirma Rodríguez su hija salió bien de la intervención, sin embargo, después de recibir una inyección intravenosa, de un medicamento que desconoce y no la han querido dar información, se presentó una marcado deterioro en la salud de ella y le ha dejado severas secuelas.

Sobre los hechos que llevaron a Eesha Rodríguez a un CDI de Montalbán, el padre explica “por investigaciones propias, determino que en la golpiza estuvo involucrada toda la familia, seis familiares que la golpearon y luego Jhonson Lugo (concubino) y Joel Lugo (hermano) le negaron el traslado al hospital”.

Después de ambos hechos, en mayo de 2008 Rodríguez interpone una denuncia en la Fiscalía a Jhonson Lugo e inicia diligencia para determinar las responsabilidades por el caso de mala praxis médica y “hasta ahora no hay ningún imputado, no hay investigación” en ambas situaciones.

“No solamente hay retardo procesal, sino también negligencia de parte de la fiscalía (…) y el caso sigue estancado”. Rodríguez asegura que no se han realizado las investigaciones respectivas y ante la ineficiencia del sistema se pregunta “cuántos años puedo esperar para que se haga justicia (…) 10 o 20 años”.

Amilcar Rodríguez, finalizada la entrevista, sale de la sede de Provea y su caminar pausado denota el cansancio y frustración del tiempo que lleva luchando y sin lograr respuesta de nadie, y la certez que todavía falta mucho por sufrir.

Provea Venezuela

Jueza Afiuni se niega a participar en audiencia de juicio

2010-09-10T05:54:00.000-07:00

La jueza María Lourdes Afiuni, quien se encuentra en los calabozos del Palacio de Justicia, se niega a subir a la audiencia de juicio que se sigue en su contra, así lo informó el abogado de la Defensa, José Amalio Graterol.

El abogado de la Defensa, José Amalio Graterol, informó que la jueza María Lourdes Afiuni, quien se encuentra en los calabozos del Palacio de Justicia, se niega a subir a la audiencia de juicio que se sigue en su contra.

"Ella se está negando a subir al juicio y quiero que el país sepa que si la suben a la sala de audiencia es porque lo hicieron con violencia física, arremetiendo violentamente contra ella. No vamos a permitir que un juez que esta parcializado políticamente y siente animadversión hacia las mujeres y chantajea a una mujer con enviarla a un médico si acepta ir a juicio, juzgue a la doctora María Lourdes Afiuni Mora", precisó.

Explicó que ayer fue recusado el juez Alí Fabricio Paredes por "tener actitudes misóginas" contra la jueza Afiuni y hoy "la chantajea diciéndole que si asiste a la audiencia de juicio él la envía al hospital a realizarse los exámenes por un quiste que presenta en el seno derecho".

"Eso es simplemente una violencia psicológica e institucional que está establecido en el articulo 15 numeral 1 y 16 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia".

Indicó que el juez Paredes recibió la recusación y la declaró improcedente, "cuando eso le corresponde a la Corte de Apelaciones".

"Es inaudito que el juez decida realizar el juicio cuando ha sido denunciado penalmente por la doctora María Lourdes Afiuni en la Fiscalía 64 del Ministerio Público. Eso es imposible realizarlo y violenta todo el estado de derecho y el debido proceso de la jueza", precisó.

La jueza 31 del Área Metropolitana, María Lourdes Afiuni, fue trasladada hoy bajo fuertes medidas de seguridad del Instituto de Orientación Femenina (INOF) a la sede del Palacio de Justicia para la audiencia de juicio que se le sigue en su contra.

Está acusada por la presunta comisión de corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir, luego de que fuese detenida por ordenar mediante decisión judicial la libertad condicional del empresario Eligio Cedeño, ex presidente del Banco Bolívar.

El Universal

Denuncian amedentramiento por razones políticas en la ciudad de Mérida

2010-09-09T05:02:00.000-07:00

“Sirva la presente para saludarle y desearle el mejor de los éxitos en sus funciones, igualmente deseo hacer de su conocimiento mi renuncia irrevocable al puesto de programador”.

Así comienza la carta que Miguel Ángel García Belandria entregó a la Gobernación de Mérida el 29 de julio de 2010.

García Belandria comenzó a trabajar en esa institución el 15 de agosto de 2006 como programador de la Unidad de Control de Gestión (UCG), donde pasó tres años “sin ningún problema”. Fue en noviembre de 2009 cuando el jefe de la UCG, coronel Pedro Guerrido, le solicitó un informe explicativo sobre su no participación en las primarias del PSUV.

El trabajador denunció en el informe la “violación clara de los principios éticos y legales que buscan cualquier vinculación política con la administración pública”, tal como lo establece el artículo 145 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y la vulneración de su libertad de asociación política, consagrada en el artículo 67 de la Constitución, al imponerle “por medio del amedrentamiento y el chantaje una participación política”.

Inmediatamente, García Belandria fue puesto a la orden de la Dirección de Recursos Humanos. “A mí no me contrataron para eso, esa no era parte de mi trabajo. No me podían botar porque tenía más de cinco contratos y, legalmente, debían darme el cargo fijo desde hacía más de un año”, expresa.

Y AHORA “MAISANTA”

Poco tiempo después, el departamento de Recursos Humanos le asignó un cargo en la Comisión de Servicios para el Plan PADRE (Plan de Desarrollo Acelerado de la Región), en el cual el ingeniero José Gregorio Vielma, representante de la estatal petrolera, le solicitó la instalación del software informático “Maisanta”, destinado a revisar si los trabajadores habían firmado contra el presidente Chávez en el referéndum revocatorio de 2004.

El programador se negó a llevar a cabo esa acción, pues asegura que se estaba violando el artículo 350 de la Constitución que prescribe que el pueblo venezolano “desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos”. Una vez más, fue puesto a la orden de la Dirección de Recursos Humanos.

DESPIDO INDIRECTO

El 9 de junio de este año, el Fondo para el Desarrollo Sustentable de Mérida solicitó los servicios de García Belandria, quien estuvo más de un mes sin recibir respuesta y con la obligación de seguir cumpliendo su horario de trabajo.

“Pasaba los días sentado en una silla del pasillo sin hacer nada. Era un puesto de trabajo inexistente. Tenía que pagar entre 15 y 20 bolívares al día en estacionamiento, así que me salía más caro ir a trabajar que quedarme en mi casa”, manifiesta.

García Belandria reitera que, como no podían despedirlo, hicieron todo lo posible para que fuera él quien renunciara. “El fin de ellos era que me obstinara y me fuera; fue un despido indirecto. El sueldo era una miseria, así que no valía la pena que me tragara mi orgullo”, añade.

Las ONG se le plantan al Estado y le exigen que deje de hostigarlas

2010-09-08T04:53:00.000-07:00

Ex presidente de la Corte IDH acusa al Gobierno "aplastar" todo lo autónomo

En un hecho sin precedentes, más de un centenar de organizaciones no gubernamentales venezolanas cerraron filas y se le plantaron al Estado, al cual le exigieron que ponga fin a las investigaciones abiertas contra agrupaciones como Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) por haber recibido fondos del extranjero; que anule las decisiones judiciales que pretenden atar su legitimidad a la nacionalidad de su financiamiento y que cese la campaña de desprestigio que los medios públicos mantienen contra algunos activistas pro derechos humanos.

El presidente de Sinergia, Feliciano Reyna, fue el encargado de leer el pronunciamiento, en el que se demanda de las autoridades cambiar su actitud ante las agrupaciones de la sociedad civil y se recuerda el papel desempeñado por ellas en materias como la educación, salud, ambiente, cultura y la defensa de las libertades fundamentales.

En similares términos se pronunció Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de 1989 (Cofavic), quien recordó: "¿Por qué se supo que en El Amparo murieron pescadores y no guerrilleros? Gracias a las organizaciones de derechos humanos que en el año 88 demostraron que la verdad oficial no era la realidad. ¿Por qué se conoció que casi 95% de las muertes del Caracazo ocurrieron dentro de sus casas y no en los saqueos? Gracias a las organizaciones que pudieron recopilar información de caso por caso. ¿Por qué se sabe que hay un muerto diario en nuestras cárceles? Gracias al Observatorio Venezolano de Prisiones que documenta rigurosamente lo que ocurre dentro de ellas".

Defienden el apoyo exterior
Aunque desde el Ejecutivo y hasta el Tribunal Supremo se les señala de estar incursas en traición a la patria por recibir recursos desde el exterior, Ortega defendió no solo la legalidad sino la importancia de esos aportes. "Gracias a los fondos de la cooperación internacional es que las madres de la Plaza de Mayo pudieron identificar los restos de muchos de sus hijos asesinados en la última dictadura argentina. ¿Cómo pudo llevarse a (el ex dictador chileno) Augusto Pinochet ante los tribunales? Gracias a las organizaciones de ese país y los fondos que recibieron del exterior (...) Más recientemente está el caso de los falsos positivos en Colombia. ¿Cómo se ha podido estudiar este caso? ¿Con los fondos del gobierno de (Álvaro) Uribe? No, con el apoyo de la cooperación internacional y el trabajo riguroso de las organizaciones colombianas".

Por su parte, el ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Nikken, explicó que mundialmente las organizaciones no gubernamentales buscan financiarse allende de sus fronteras para mantener su autonomía. "Las agrupaciones civiles no pueden recurrir a las empresas, porque sus intereses son contradictorios y porque ellas participan del poder; y no pueden aceptar fondos del Gobierno nacional porque él puede ponerle condiciones".

Quieren cerrarlas

Por su parte, Rafael Uzcátegui, miembro del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), indicó que la política de acoso a las organizaciones no gubernamentales y a los activistas de derechos humanos no son "hechos aislados" sino que forman parte del "contexto general de criminalización de la protesta", la cual persigue "invisibilizar las contradicciones y deficiencias de las políticas públicas".

"¿Por qué se le teme a las denuncias de violaciones a los derechos humanos y no se procede a investigarlas? ¿Por qué se teme a las víctimas organizadas y no se les da apoyo?", se preguntó Ortega.

El ex presidente de la Corte IDH respondió a estas preguntas afirmando que el Gobierno quiere "asfixiar a las organizaciones de la sociedad civil (...) Lo que ocurre, a mi parecer, es que el Gobierno desearía que no hubiera organizaciones no gubernamentales sino muy gubernamentales. Aquí lo que se busca es ocupar todos los resquicios de autonomía".

El Universal

Sigue el calvario para Rubén

2010-09-07T05:04:00.000-07:00

El 3 de septiembre debió tener lugar la audiencia de juicio para resolver el caso de Rubén González, secretario general de Ferrominera. Ese día debió haberse producido la primera sentencia penal en el país, por la participación de un dirigente sindical en un conflicto laboral. Pero el suspenso sigue: no hubo sentencia, la audiencia prevista para el viernes pasado ha sido diferida para el 4 de noviembre, si acaso. Y mientras tanto Rubén González sigue preso.

¿Qué podemos pensar de toda esta historia? ¿Qué pasa en este país, que se ha envenenado tanto, que ahora por protestar te pueden dar el trato de un delincuente, así hayas sido honorable toda tu vida?

Lo primero que viene a la mente es el reflejo miope que todos vamos desarrollando a medida que la crisis se instala y nos invade: ¿asaltaron a fulano y le quitaron los reales y lo amenazaron de muerte? ¡Qué tipo tan sortario, fíjate que no lo mataron! ¿No sentenciaron a Rubén? ¡Qué suerte tuvo, porque lo hubieran podido haber condenado!

Pero después no podemos evitar una reacción de rabia. ¿Quién le devuelve a Rubén esos meses de vida perdidos en un cautiverio inútil e infamante? ¿Con qué derecho se le mantiene ahora en prisión sin un pronunciamiento sobre su caso? Sine diae, además, porque nadie asegura que su calvario terminará el 4 de noviembre, pues ya había habido un primer diferimiento y no hay razón para pensar que no habrá otro u otros. ¡Rubén puede morirse de viejo esperando su sentencia!

¿Qué ocupaciones preferentes pudo tener el Tribunal para elegir dejar preso a Rubén, sin decisión? Este es un caso de máxima importancia y el Tribunal lo sabe. Está en juego la libertad de un ciudadano, de un dirigente sindical, que por tanto tiene amparo constitucional. Pero además está en juego la situación de más de un centenar de trabajadores y dirigentes, procesados como Rubén, por protestar, y atentos a la sentencia que le dicten, pues a ellos les puede ser aplicada la misma medicina. Que nadie se llame a engaño a este respecto. La gran diferencia que distingue a Rubén es que a él lo han juzgado en la cárcel.

Pero no sólo está en juego la situación de ciudadanos por haber protestado. También lo está la imagen del Estado, que parece no tolerar el ejercicio de libertades públicas. Y está en situación muy riesgosa la jueza de la causa. Una decisión absolutoria puede hacer pensar en el caso de la jueza Afiuni. Una decisión condenatoria puede generar insolubles problemas de conciencia. Y todo el cuadro debe significar un drama para la defensa, por la impotencia en que se le coloca, que ni siquiera puede obtener para su cliente la libertad condicional que se ha dado a los demás procesados por protestar.

La maquinaria represiva que fue puesta en marcha para criminalizar la protesta, con ayuda de togados, ha ido demasiado lejos y ha terminado entrampando a procesados y funcionarios. Es hora de terminar esta locura, con valentía; de cerrar estos procesos-tramoya, y de que los Rubén-González vuelvan a disfrutar de una paz plena.

Correo del Caroní

1581 manifestaciones públicas durante el primer semestre de 2010

2010-09-06T09:12:00.000-07:00

Espacio Público y Provea presentan el informe del primer semestre de 2010 sobre las protestas en Venezuela. El estudio abarca de enero a junio de 2010. Incluye un análisis pormenorizado del número de manifestaciones realizadas, demandas, actores, índices de represión, respuestas gubernamentales y diferentes tendencias de este fenómeno social. Presentando un total de 1581. Manteniendo la tendencia al crecimiento en las acciones de calle, indicando la posibilidad de ser el año con en el número más alto de protestas durante la gestión del presidente Hugo Chávez Frías.

Según en monitoreo realizado en los seis meses, el semestre cerró con 1581 manifestaciones públicas. Las demandas más comunes son aquellas relacionadas con derechos laborales así como las que tienen que ver con servicios básicos (ejemplo: calidad de vida, tales como servicios básicos, agua, vialidad y seguridad). Del levantamiento de información realizado se evidencia que cada vez hay un mayor ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. Se registraron 14% de manifestaciones más que en el mismo periodo de 2009, cuando se escenificaron 1380 protestas.

Asimismo, en estos seis meses se registró un total de 91 manifestaciones reprimidas impedidas u obstaculizadas, en las que resultaron 301 personas lesionadas y 272 detenidas.

A continuación se presenta la mayor frecuencia por día registrada y el promedio estimado de manifestaciones diarias si tuviesen una distribución equitativa. Por ejemplo, el día en el cual se produjo la mayor cantidad de manifestaciones fue en enero con un total de 37, y el mes donde se registró mayor cantidad fue enero con 359 manifestaciones. El estado donde se registró el mayor número de protesta fue Zulia con un total de 339 y el sector social que más se movilizó fue trabajadores con una cantidad de 394.

Oficina de reclamos

Las demandas por derechos laborales se mantienen como las más frecuentes (484). En segundo lugar encontramos las demandas por servicios básicos (18.6%).

El precio de manifestar

El monitoreo constata que la mayoría de las movilizaciones en el país se desarrollan de manera pacífica. El 97.91 % de las protestas son de carácter pacífico. Afirmando que se mantiene la tendencia observada desde 2009, y en el análisis de los primeros seis meses de 2010 sólo 1.90% de las protestas presentaron características violentas.

En estos seis meses registramos una alta frecuencia de manifestaciones, se observa al mismo tiempo un correlato de represión de las mismas. No hay pruebas para identificar que el factor mediático o político influya en la represión de las manifestaciones, sino más bien, se evidencia la estandarización de la represión, independientemente del grupo que esté realizando la demanda.

En el primer semestre 2010 se contabilizaron 91 manifestaciones reprimidas, de las cuales hubo 32 lesionados y en 37 de esas manifestaciones se produjeron detenidos.

Muerte en el contexto de manifestaciones pacíficas

En este período se registró el fallecimiento de dos estudiantes en el contexto de las manifestaciones, por presuntos civiles armados. Este hecho pone en evidencia el comportamiento de los cuerpos de seguridad y manifestantes en medio de la polarización sociopolítica que vive el país.

El 20.01.10 durante una jornada de protesta de varias horas, en el estado Mérida, a favor y en contra de un decreto gubernamental que prohíbe cualquier transmisión del canal de televisión Radio Caracas televisión (RCTV), es asesinado de un balazo en el pecho Yorsinio Carrillo (15), estudiante de cuarto año de bachillerato del liceo Alberto Carnevali de Mérida. Carrillo formaba parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Horas más tarde, en la misma entidad, es herido de tres impactos de bala Marcos Rosales (28), activista del partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT). Rosales fallece en el Hospital Universitario de los Andes.

Criminalización de la protesta pública

Durante el primer semestre de 2010 se confirmó la continuidad de una práctica sistemática orientada a criminalizar con procedimientos judiciales, principalmente juicios penales, a quienes ejercen el derecho a la protesta, estableciendo una evidente Política de Estado. Las organizaciones de derechos humanos, al igual que durante todo 2009, denunciaron la consolidación de un proceso de criminalización de las protestas y la obstaculización de manifestaciones con características pacificas.

Esta situación también fue denunciada en el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “democracia y derechos humanos en Venezuela”. De su resumen ejecutivo se destaca lo siguiente: “(…) la Comisión identifica una tendencia al uso de figuras penales para sancionar a personas que ejercen su derecho a manifestar o protestar en contra de las políticas oficiales. Información recibida por la Comisión señala que en los últimos cinco años más de 2.200 personas han sido sometidas a procesos penales por hechos relacionados con su participación en manifestaciones públicas. Así, la CIDH observa que en Venezuela se está restringiendo el derecho a manifestar a través de la aplicación de sanciones contenidas en normas emitidas durante el gobierno del Presidente Chávez, acusando a los manifestantes por la comisión de delitos tales como cierre de vías públicas, resistencia a la autoridad, daños a la propiedad pública, obstrucción activa de las funciones de las instituciones legalmente constituidas, ultraje a funcionario público, instigación y asociación para delinquir, instigación pública a la desobediencia de leyes, agavillamiento, restricción de la libertad del trabajo, incumplimiento al régimen especial de zonas de seguridad, entre otros. En su informe, la Comisión da cuenta de casos de personas que están enfrentando procesos penales por los que podrían ser condenados a más de veinte años de prisión, por hechos relacionados con su participación en manifestaciones contra el gobierno. En sus observaciones al presente informe, el Estado afirmó que cada vez que los sectores de la oposición al gobierno pretendan alterar el orden público violando las leyes de la República serán sometidos a juicio, sin que esto pueda ser interpretado como una restricción del ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, ni una criminalización a la legítima movilización y a la protesta social. A juicio de la Comisión, esta práctica constituye una restricción a los derechos de reunión y de libertad de expresión garantizados en la Convención Americana, cuyo libre ejercicio es necesario para el buen funcionamiento del sistema democrático inclusivo de todos los sectores de la sociedad”*.

Reiteramos que el Ministerio Público, los Tribunales Penales y los Cuerpos de Seguridad han establecido un triángulo de poder para someter a juicios penales a personas que ejercen el derecho a la protesta pacífica. Se continúan aplicando los artículos 191, 218, 283, 285, 286,357, 358 y 468 del Código Penal, los artículos, 47, y 56 de La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, los artículos 139 y 141 de la. Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, así como los artículos 24 y 25 de la Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot y Cualquier otra Conducta que Afecte el Consumo de Alimentos o Productos sometidos al Control de Precios.

Las organizaciones de derechos humanos de Venezuela denunciamos la criminalización de las diversas formas de protesta pacífica y reivindicamos el derecho a la protesta por reclamos sociales o demandas políticas que se realice en los términos establecidos en el artículo 68 de la Constitución. Los sectores que protestan en el país, por diversas motivaciones requieren de un trato igualitario con relación a quienes con derecho se manifiestan a favor del gobierno.

Rechazamos la política de Estado que pretende calificar como “conspiradora” toda protesta pues ello convierte en sospechoso de conspiración a todo aquel que manifiesta. El incremento de las protestas es un indicador de que la gente asumió la convocatoria a ser Protagónica. Y una forma de ejercer ese protagonismo es reclamando los derechos que considera le corresponden y que están garantizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos.

Un caso emblemático es el del secretario general del Sindicato de Ferrominera Orinoco (FMO), Rubén González. Privado de libertad el 29.09.09, por liderar una paralización de 16 días, exigiendo el cumplimiento del contrato colectivo. El 26.08.09, Radwan Sabbagh, presidente de FMO, en un hecho público, acordó con González la finalización del paro, así como la reactivación de las fichas de un grupo de trabajadores que habían quedado fuera de la empresa; no tomar represalias en contra de quienes acataron el cese de actividades; evaluar el pago de los salarios caídos de quienes no laboraron durante los 16 días de manifestación y la cancelación de las reivindicaciones laborales cuando la compañía tenga el dinero fueron los acuerdos alcanzados tras varias horas de reunión en una asamblea en Ciudad Piar. Un mes después el secretario general fue imputado por los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir y violación de la zona de seguridad. Actualmente se encuentra detenido en la sede policial Patrulleros de Caronì, en el estado Bolívar.

El movimiento de derechos humanos a través de la “Campaña contra la Criminalización de la Protesta” inició una jornada de solidaridad con González. Haciendo un llamado a todas las organizaciones sociales y populares tanto de Venezuela como de América Latina y el mundo, para que le envíen cartas de apoyo y solidaridad, a través de:

1) Correo electrónico solidaridadconruben@gmail.com, en donde semanalmente una persona los imprimirá y se los llevará a su sitio de reclusión.

2) Enviando una postal, carta o publicaciones a la siguiente dirección: Patrulleros del Caroní (A la atención de Rubén González), Parroquia Unare, sector Unare II, detrás de los trailers de CVG Alcasa y frente al hogar Madre Emilia, Municipio Caroní, Puerto Ordáz, estado Bolívar, Venezuela.

Recomendaciones y exigencias

1. Diseñar y ejecutar una política democrática de control de orden público sustentada fundamentalmente en: a.-Prohibición del uso de armas de fuego en el control de manifestaciones. b.-Prohibición del uso de gases tóxicos. c.-Uso de la fuerza en caso de ser estrictamente necesario. d.-Uso diferenciado y proporcional de la fuerza. e.-Trato igualitario a todos los sectores sociales y políticos interesados enmanifestar de manera pacífica. f.-Adopción de medidas adecuadas para evitar que terceros desarrollen acciones violentas contra quienes manifiesten.

2. Cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas y acciones de orden público según la sentencia de El Caracazo.

3. Establecer responsabilidades penales y administrativas a aquellos funcionarios que incurran en un uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de manifestaciones pacíficas.

4. Escuchar, canalizar y dar respuesta efectiva las demandas de las distintas protestas bien sea competencia nacional o municipal.

5. Eliminar las descalificaciones a los grupos manifestantes por parte de funcionarios públicos de cualquier jerarquía.

6. Optimizar los procesos de reclamo de la comunidad a nivel municipal para atender eficientemente las necesidades de las comunidades.

7. Adelantar una investigación imparcial que establezca responsabilidades en el asesinato de manifestantes.

8. Dejar de abrir procesos judiciales penales a quienes ejercen de manera pacífica el derecho a la movilización y a la huelga.

Descargar el informe enero-junio 2010 sobre manifestaciones en Venezuela en el siguiente enlace: http://www.derechos.org.ve/proveaweb/wp-content/uploads/manifestaciones-ene-junio2010.pdf

Tercer Camino: Libertad para Sabino Romero

2010-09-03T04:47:00.000-07:00

La comunidad Yukpa, perseguida desde el colonialismo español, pasando por el llamado “puntofijismo” y hoy por el socialismo del siglo XXI, continúa resistiendo para seguir en la defensa de sus tierras, y donde el gobierno del presidente Chávez entrega a las grandes trasnacionales del carbón.

Sabino Romero, cacique de los Yukpa, durante años viene resistiendo junto a su pueblo y otros pueblos originarios, la violencia ejercida por los terratenientes de la Sierra de Perijá, el paramilitarismo y las trasnacionales del carbón, quienes pretenden echarlos de sus espacios donde han vivido desde tiempos ancestrales.

Hoy el socialismo del siglo XXI y su justicia, que al igual que las culebras siempre muerden a los que están descalzos, pretenden encarcelar de por vida a SABINO ROMERO, por resistir, pelear y no ponerse de rodillas frente al capital trasnacional y el gobierno, quienes a nombre del socialismo pisotean y arremeten contra los pueblos originarios.

LA JUSTICIA SOCIALISTA

La comunidad Yukpa, permaneció durante muchos días, frente al Tribunal Supremo de Justicia, solicitando y exigiendo que se cumpla con la llamada Constitución Bolivariana, que establece en su artículo 260, de manera clara y precisa que los conflictos que se presenten en los espacios territoriales de los pueblos indígenas, deben ser resueltos por su propia justicia y no por el llamado Estado. La contradicción y la ambivalencia de la “justicia socialista” ponen a prueba lo que las clases dominantes llaman “Estado de Derecho”, cuando se trata de los intereses del capital trasnacional.

El profesor José Quintero Weir, titular de la Universidad del Zulia y especialista en lenguas y culturas indígenas, manifestó en nuestra redacción “que tal situación pone en evidencia la ejecutoria del gobierno, pues en su discurso reivindica a los indígenas, pero en la práctica los condena. No se esta pidiendo nada contrario a lo que dice la Constitución Bolivariana –continua diciendo el profesor Quintero- eso sólo se aplicaría si los muertos hubiesen sido en un conflicto entre indígenas y blancos en un espacio territorial no indígena. Pero lo que ocurrió en octubre del año pasado fue entre la propia comunidad indígena y en su propio territorio”El declarante manifestó a la redacción de RUPTURA, que las comunidades indígenas Chaktapa y Guamo Pamocha, se pusieron de acuerdo para darle solución al problema y ahora el Estado, no puede colocarse por encima de la Constitución y de lo que resuelvan los indígenas y la gran diferencia entre ambas justicias es que la del Estado es punitiva y la de los pueblos originarios es reparadora.

Es bueno indicar- afirma el profesor Quintero- que lo ocurrido en Guamo Pamocha, donde murieron tres personas y otros tantos resultaron heridos, fue responsabilidad de la Comisión Nacional de la Demarcación de Hábitat y Tierra, producto de la tardanza y la mala dirección y conducción del proceso de demarcación de tierras. Ese retardo trajo como consecuencia, unos heridos, unos muertos y ahora unos presos, entre los cuales se encuentran Sabino Romero, Olegario Romero y Alexander Fernández.

DEL ZULIA A TRUJILLO

A pesar de que el pueblo Yukpa, le exige a la “justicia bolivariana” que el caso de sus dirigentes detenidos debe ser resuelto por su propia justicia, tal y como lo establece la Constitución, el TSJ le ordenó al Tribunal del Zulia que remitiera el expediente al Circuito Judicial Penal de Trujillo y de esta manera empezar el acostumbrado ruleteo que tanto practicó la “justicia” adeco-copeyana del puntofijismo.

Ante esta situación, la comunidad Yukpa ha manifestado su preocupación por la vida de los detenidos y han señalado que no conocen la ciudad de Trujillo, tampoco sabemos como los irán a tratar y lo peor, no tenemos dinero para ir a visitarlos y estar vigilantes, sobre todo por la vida de nuestros detenidos. Es la voz de las comunidades originarias, que se levantan indignadas, para seguir denunciando la opresión, el maltrato, la persecución, el asesinato, porque pareciera que se continúan los planes de exterminio que tanto se practico durante la colonia, planes que culminaron para ese entonces, con el asesinato vil del heroico Guaicaipuro.

La práctica del gobierno del presidente Chávez, que se dice revolucionario, sin duda hoy día, le esta dando a los pueblos originarios una muy triste lección, que parece empujar hacia tras el tiempo de nuestra historia. Las indignadas protestas de los pueblos indígenas, ven en esta ejecutoria del gobierno socialista, revolucionario, protagónico y de participación, una afrenta a la dignidad de sus pueblos y donde en la práctica se sigue empeñado en forma solapada, seguir truncando la evolución de sus procesos culturales y lo peor, negando sus formas de organización social, de justicia, sus costumbres, sus lenguas, su derecho a decidir sobre su futuro y sus modos de vida.

ORGANIZAR LA RESISTENCIA

Frente a estas políticas gubernamentales, donde se les impone la “justicia revolucionaria del socialismo” a nuestros pueblos indígenas, pisoteando su condición humana, sólo queda el derecho inalienable de la rebelión. Para muchos miembros de las comunidades indígenas, que sentaron sus protestas frente al llamado Tribunal Supremo, indicaron que ante tanta injusticia y perversidad, sólo les queda organizar la resistencia frente al capital trasnacional, los terratenientes y el paramilitarismo, que han tomado la Sierra de Perijá como propiedad por los intereses que estos sectores allí tienen y donde el gobierno regional y nacional se confabulan para desalojar al pueblo Yukpa.

“No creemos en la justicia blanca” –señalaron muchos de ellos- pues es una justicia, que no cambia en absoluto, los métodos de rapiña del conquistador, cuyos objetivos bien precisos hoy día y bajo el manto del socialismo, no se han detenido ante la bondad de nuestro pueblo y blandiendo la bandera de la revolución y su ejército invasor, han desatado la más cruenta persecución, en una violencia de exterminio y despojo.

Sólo nos queda como alternativa, organizar la resistencia, frente a quienes pretenden quedarse con nuestras tierras y cuya política es dividirnos, para conseguir con mayor eficiencia y eficacia sus planes de despojo territorial. No nos dejan otro camino. Al igual que ayer, nos obligan a defendernos, porque de lo contrario desapareceremos como pueblos indígenas, culminaron diciendo los representantes de las comunidades originarias.

Provea Venezuela

Foro por la Vida responsabiliza a la intolerancia de los poderes públicos por el fallecimiento de Franklin Brito

2010-09-02T04:55:00.001-07:00

La Vocería del Foro por la Vida, coalición de organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela, expresa su más profundo sentimiento de solidaridad con los familiares, amigos y amigas de Franklin Brito, en especial a su señora esposa Elena de Brito y sus hijos e hijas, quienes lo acompañaron en la protesta de ayuno que mantuvo desde junio del 2009, hasta el día de ayer (30.08.10) cuando falleció en el Hospital Militar de Caracas.

Al mismo tiempo expresamos nuestra más enérgica condena a las autoridades del Estado venezolano quienes en vez de garantizar la vida e integridad del Sr. Brito y su familia, estimularon permanentemente la impunidad haciendo uso desmedido del poder del Estado para tratar de doblegarlo en sus justas peticiones.

Las constantes descalificaciones de la cual fue objeto presentándolo ante la población venezolana como un “demente”; las diversas presiones a los familiares; el traslado forzoso al hospital militar y su privación de libertad en ese recinto fueron parte de las medidas adoptadas por el Estado contra el productor agropecuario. La intransigencia, la prepotencia para gobernar y la falta de sensibilidad condujeron a un resultado que constituye un grave precedente en cuanto a la conducta de los Poderes Públicos frente al reclamo ciudadano.

Responsabilizamos del fatal desenlace a la Fiscal General de la República, Doctora Luisa Ortega Díaz, quien no solo no demostró voluntad de instruir una investigación expedita y transparente de las diferentes denuncias presentadas por la Familia Brito contra el Instituto Nacional de Tierras (INTI) por las irregularidades en las cartas agrarias otorgadas sobre un fundo donde desarrollaba legal y lícitamente la actividad agropecuaria. Por el contrario, en vez de garantizar una investigación imparcial como manda la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, concentró sus esfuerzos en solicitar una orden de traslado desde el lugar donde desarrollaba la huelga de hambre para trasladarlo a un Hospital Militar, bajo dirección y custodia Militar; con el agravante de no permitir el ingreso y la atención de la Cruz Roja Internacional. Recordamos que garantizar la vida de Brito fue el principal argumento de la funcionaria para ordenar su ilegítima privación de libertad en el centro hospitalario castrense.

Responsabilizamos a la Defensora del Pueblo, Doctora Gabriela del Mar Ramírez, quien se hizo cómplice de los actos violatorios de la dignidad de Franklin Brito, demostrando una vez más que sus intereses están al margen del mandato Constitucional que la obliga a defender los derechos humanos de todas las personas.

Responsabilizamos al presidente del Instituto Nacional de Tierras, Licenciado Juan Carlos Loyo, de no facilitar la entrega de documentos que formalizaran y explicaran las medidas de reparación por los daños causados a la actividad productiva del biólogo, la principal reivindicación por la que mantenía su huelga de hambre.

Responsabilizamos a los diputados del oficialismo en la Asamblea Nacional quienes alentaron a los otros poderes públicos, particularmente al Ejecutivo Nacional, para que no resolviera por vía democrática los reclamos de la familia Brito y se plegaron a la campaña de desprestigio contra el productor agrario.

Rechazamos la continuación de la campaña de descalificación contra Franklin Brito y sus familiares, cuando algunos medios de comunicación identificados con el oficialismo informan sobre su fallecimiento reiterando las acusaciones de chantaje, instintos suicidas e incapacidad mental.

Es importante destacar que Franklin Brito tenía medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las cuales fueron incumplidas en su totalidad por el Estado venezolano manteniendo su reiterada actitud de desconocer al Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos.

La pérdida humana del Sr. Brito representa la intolerancia con la cual actúan las autoridades para resolver conflictos de cualquier naturaleza, a la vez que es un claro indicador del deterioro institucional que atraviesa el Estado venezolano. Actualmente la acción gubernamental deriva de motivaciones políticas y no de la protección de los derechos humanos que merecemos todas y todos sin discriminación por razones de sexo, edad, origen social, tendencia religiosa, orientación sexual, opinión o postura política. Esta intolerancia se refleja cada vez más frente a cualquier tipo de protesta contra el funcionamiento de las instituciones del Estado que, en vez de buscar y aplicar mecanismos para revertir o reducir al mínimo cualquier posibilidad de violación a los derechos humanos, implementa estrategias de descalificación, represión y judicialización.

Exhortamos a la población venezolana a continuar reivindicando las formas pacíficas de exigibilidad de sus derechos, a no permitir que el uso abusivo del Poder continúe restringiendo sus libertades y las posibilidades de exigir los derechos constitucionales.

Vocería del Foro por la Vida:

Espacio Público
Justicia y Paz Nacional
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos

Se le garantizó la muerte

2010-09-01T04:59:00.000-07:00

El Foro por la Vida y Provea responsabilizan al Gobierno del fallecimiento del agroproductor Franklin Brito. Las ONG denuncian que en Venezuela no se protegen los derechos humanos

El Foro por la Vida responsabilizó al Estado, a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; a la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; al presidente del Instituto Nacional de Tierras, Juan Carlos Loyo; y a los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional, por la muerte del productor agropecuario Franklin Brito.

"Expresamos nuestra más enérgica condena a las autoridades del Estado venezolano, quienes en vez de garantizar la vida e integridad de Franklin Brito y su familia, estimularon permanentemente la impunidad, haciendo uso desmedido del poder para tratar de doblegarlo en sus justas peticiones", señaló la ONG, a través de un comunicado.

A juicio de esta organización, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, también es culpable del fallecimiento de Brito por no demostrar "voluntad de instruir una investigación expedita y transparente de las denuncias presentadas por la familia Brito contra el INTI, solicitar una orden de traslado y por "ordenar su ilegítima privación de libertad" en el Hospital Militar.

"Responsabilizamos a la defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez Pérez, quien se hizo cómplice de los actos violatorios de la dignidad de Franklin Brito, demostrando una vez más que sus intereses están al margen del mandato constitucional que la obliga a defender los derechos humanos de todas las personas", se añade en el texto.

El Foro por la Vida considera a su vez que Loyo no facilitó la entrega de documentos que "formalizaran y explicaran las medidas de reparación por los daños causados a la actividad productiva del biólogo, la principal reivindicación por la que mantenía su huelga de hambre".

Asimismo, repudia que los diputados pesuvistas "alentaron a los otros poderes públicos, particularmente al Ejecutivo Nacional, para que no resolviera por vía democrática los reclamos de la familia Brito y se plegaron a la campaña de desprestigio contra el productor agropecuario".

La ONG rechaza además la manera en que algunos medios de comunicación oficialistas han manejado la información de la muerte del biólogo. "La pérdida humana de Brito representa la intolerancia con la cual actúan las autoridades para resolver conflictos de cualquier naturaleza... La acción gubernamental deriva de motivaciones políticas y no de la protección de los Derechos Humanos".

UNA MUERTE ANUNCIADA
Por su parte, Marino Alvarado, coordinador de Provea, asegura que a Brito se le garantizó la muerte, pues su fallecimiento "es consecuencia de una manera de gobernar prepotente, intolerante y que no acepta el diálogo como vía para resolver conflictos".

Alvarado destacó que el productor agropecuario nunca se negó a recibir atención médica, sino que exigió ser atendido por médicos de confianza, como los de la Cruz Roja.

"A Brito no se le garantizó la vida, sino la muerte. Sus peticiones pudieron haberse resuelto, devolviéndole las hectáreas que le fueron arrebatadas de manera arbitraria por el INTI", agregó.

Provea Venezuela

Palabras de la familia Brito

2010-08-31T06:25:00.001-07:00

En un comunicado, la esposa e hijos del productor agropecuario explican las circunstancias del fallecimiento de Franklin Brito y rinden tributo a su dignidad de hombre recto

Hoy 30 de agosto de 2010 el agotado cuerpo de nuestro esposo y padre Franklin Brito, dejó de respirar.

Tras una lucha de más de seis años, más de ocho huelgas de hambre, la mutilación de un dedo y haber sido víctima de una irregular privación de libertad, el cuerpo de Franklin Brito dejó hoy de realizar funciones vitales.

Todo esto no significa, sin embargo, que Franklin Brito ha muerto. Franklin vive en la lucha del pueblo venezolano por el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia, por la vida en libertad y el respeto de los gobiernos a los derechos humanos, colectivos e individuales. Franklin Brito deja de ser carne para convertirse en símbolo y bandera para todos los atropellados por la soberbia del poder, para los ofendidos por la prepotencia de los gobernantes, para los que creen que la verdad y la justicia están siempre por encima de circunstancias y conveniencias.

El cuerpo de Franklin Brito muere en la institución militar donde lo mantenían retenido en contra de su voluntad. El gobierno del Presidente Hugo Chávez ignoró la petición de Franklin, el clamor de su familia y los llamados de los organismos internacionales para permitir que tuviera acceso a asistencia médica elegida por él mismo y, por lo tanto, merecedora de su confianza. Por eso, la familia Brito por ahora se abstiene de emitir opiniones sobre las causas directas del deceso, en virtud de las insólitas e inhumanas circunstancias que lo rodearon.

Pero lo que si podemos decir desde ya es que la lucha de Franklin Brito sigue. Nosotros, su familia, seguiremos luchando por el patrimonio de sus hijos. Y su consciente sacrificio no será en vano mientras los hijos de Venezuela estén también dispuestos a defender el patrimonio físico y moral de la Nación.

En momento posterior, cuando el dolor nos lo permita, emitiremos una nueva comunicación. Por ahora, sepa Venezuela que a Franklin Brito no pudo vencerlo la agresión, no pudo atemorizarlo la amenaza ni pudo doblegarlo la oferta corrupta. Por eso y por mucho más, en estos tiempos de muerte y dolor Franklin Brito es símbolo de decencia y vida.

Estamos seguros que el alma de Franklin, desde el reino de nuestro señor Jesucristo, nos seguirá iluminando. ¡Porque su lucha, que debe ser lucha de todos, CONTINÚA!

Elena Rodríguez de Brito
Ángela Brito Rodríguez
Francia Brito Rodríguez
Franklin José Brito Rodríguez
José Franklin Brito Rodríguez

Caracas, Hospital Militar
Lunes 30 de Agosto de 2010. 10:20 PM

Habla Peña Esclusa: El gobierno orquestó el caso y ordenó ’sembrar’ pruebas en mi casa

2010-08-30T06:45:00.000-07:00

Un miembro de la oposición venezolana que ha sido acusado de esconder explosivos en su casa dijo que el caso en su contra es una farsa, que no espera recibir un juicio justo y que está preparado para seguir expresando desde prisión su descontento contra el gobierno del presidente Hugo Chávez.

Alejandro Peña Esclusa, quien se encuentra encarcelado en la cárcel de la agencia de inteligencia en Caracas, dijo que fue arrestado porque Chávez quería neutralizar su labor.

El Ministerio Público anunció cargos contra Peña Esclusa el viernes, más de seis semanas después de su arresto el 12 de julio. El opositor fue acusado de tráfico de armas de guerra en la modalidad de ocultamiento y asociación para delinquir.

El Ministerio Público dijo en un comunicado que los agentes que allanaron su apartamento encontraron 100 detonadores y 900 gramos (2 libras) de explosivos C-4.

“Las acusaciones en mi contra son una farsa. Las autoridades lo saben muy bien, porque fue el propio gobierno el que orquestó el caso y ordenó ’sembrar’ pruebas en mi casa, recurriendo a policías corruptos, quienes aprovecharon para robar dinero, prendas y equipos electrónicos durante el allanamiento“, dijo por escrito el sábado en la noche Peña Esclusa, en respuesta a preguntas de The Associated Press.

La esposa de Peña, Indira, acusó a las autoridades de plantar explosivos en una gaveta del escritorio de su hija de ocho años. “No existe ninguna posibilidad de que un juez me absuelva, aunque presente las pruebas más sólidas”

Peña, quien dirige el pequeño grupo Fuerza Solidaria, también ha sido un fuerte crítico de los aliados latinoamericanos de izquierda de Chávez. En 2002, el opositor fue encarcelado por sospechas de que tenía vínculos con los militares involucrados en el fallido golpe de estado de ese año, pero luego fue liberado. “Definitivamente soy un prisionero político; eso lo reconoce toda Venezuela”, aseguró Peña. “Nunca he creído en la violencia como forma de lucha; condeno el terrorismo por ser inmoral e irracional; y, además, contraproducente en todo sentido.”

David Colmenares, director de contrainteligencia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional dijo, cuando Peña fue arrestado, que los agentes allanaron el apartamento sobre la base de la información que les dio el salvadoreño Francisco Chávez Abarca, acusado de colocar bombas en Cuba. El hombre fue enviado de regreso a la isla, donde enfrenta un juicio por una serie de ataques con bomba en 1997.

El ministro de Justicia Tareck El Aissami dijo que Chávez Abarca confesó que estaba planeando ataques para interrumpir violentamente las elecciones legislativas del 26 de septiembre en Venezuela y había contactado a algunos “sectores fascistas de la oposición”. “No existe ninguna posibilidad de que un juez me absuelva, aunque presente las pruebas más sólidas”, dijo Peña Esclusa. “La Justicia venezolana está totalmente secuestrada por el Ejecutivo”.

Si Peña Esclusa es encontrado culpable podría ser sentenciado a entre seis y 10 años de cárcel, según las autoridades.

Noticias 24

"Cadáveres en fila cubrirían distancia Caracas-Valencia"

2010-08-27T11:10:00.000-07:00

Primero Justicia ratificó su propuesta de ley de desarme para la nueva AN

Con el propósito de emplazar y "sacudir" a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la República y a la Asamblea Nacional para que actúen según las obligaciones que le asigna la Constitución, activistas de Primero Justicia, conducidos por el coordinador nacional del partido, Julio Borges, representaron una escena que a diario se vive en las zonas populares del país: que un cadáver yazga en la calle por horas.

En la plaza Morelos, donde se ubica la sede de la Defensoría, un centenar de personas cubiertas por sábanas blancas manchadas de rojo, semejando sangre, se tendieron a lo largo y ancho en representación de los casi veinte mil asesinados en 2009 en todo el país.

"Estamos haciendo esta protesta a las puertas de la Defensoría del Pueblo, porque esta institución está obligada a encontrar la posibilidad de que los derechos de los venezolanos se ejerzan y se cumplan plenamente". Borges explicó que si se colocaran los cadáveres de quienes han perecido víctimas de homicidios unos al lado de otros, cubrirían la distancia de Caracas a La Guaira, mientras que si se hiciera lo mismo con la cifra total de la década -que pasa de 116 mil personas- cubriría la distancia Caracas-Valencia, unos 160 kilómetros.

"En todos estos años las instituciones del Estado no han cumplido con sus verdaderos roles y no han ejercido acciones efectivas para garantizar la vida de los venezolanos en las calles", dijo Julio Borges, quien recalcó que "nunca" el Parlamento dominado por el chavismo ha aprobado una moción contra la violencia ni contra la impunidad.

"El reto de las elecciones del 26 de septiembre es tomar el camino de la justicia, para que sea accesible a los venezolanos y puedan hacer cumplir sus derechos. Queremos tener una Fiscalía, una Defensoría del Pueblo y una Asamblea Nacional que trabajen para la gente y no para un proyecto marxista. Que en lugar de defender un puesto estén determinados a resguardar la vida de todos por igual".

Borges, candidato a la Asamblea Nacional por el circuito 4 de Miranda y segundo en la lista de ese estado, recordó las propuestas que impulsa su partido como parte de la oferta programática de la Mesa de la Unidad, entre las cuales destaca una ley de desarme, así como otra de atención a las víctimas de la violencia.

Dijo el coordinador de PJ que hay quince millones de armas, cifras admitidas por los propios voceros del oficialismo en el Parlamento, que están "dando vueltas" sin ser desincorporadas por las autoridades.

El Universal.

Trabajadores de Norpro de Venezuela: “Estamos desguarnecidos”

2010-08-26T17:11:00.000-07:00

Cuatro meses sin salario llevan los trabajadores de Norpro de Venezuela. Desde que comenzó el proceso de nacionalización no han recibido ninguna remuneración por parte de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), empresa que tutela la administración de la fábrica.

No hay una junta administradora, un gerente, ni alguna autoridad dentro de la compañía, tampoco aparece la Gaceta Oficial que legalice el proceso.

Los trabajadores se las arreglan para mantener al personal permanentemente dentro de la planta. Se conformaron en dos grupos, uno para la mañana y otro para la noche, de manera de poder custodiar las instalaciones.
Molestos, un grupo ofreció este 25 de agosto una rueda de prensa para relatar la desidia a la que están sometidos, recordaron las palabras del presidente Hugo Chávez, cuando el pasado 15 de mayo desde CVG Alcasa anunció la nacionalización de la planta.

Alfredo Ojeda, trabajador de almacén, contó que hasta ahora han sobrevivido con las liquidaciones que recibieron por parte de las empresas contratistas, pues Norpro de Venezuela tenía a toda su mano de obra tercerizada.

“La población que hace vida acá somos todos jóvenes, tenemos niños pequeños a los que tenemos que pagarle guardería, tenemos que comprar útiles, en fin, necesitamos tener un trabajo estable”, dijo Ojeda.

La declaración contrasta con la información suministrada por el representante del Sindicato Profesional de Trabajadores de Abrasivos y Cerámicos, Conexos y Similares (Sinprotrac), William Vicente, quien el pasado 10 de agosto afirmó que los empleados sí estaban cobrando su salario.

“Estamos completamente desguarnecidos”, refirió Ojeda. El personal administrativo y los representantes de Norpro de Venezuela se fueron de la empresa en el momento de nacionalización.

El dirigente relató que los primeros días hubo presencia de una representación de Pdvsa Industrial, pero desde hace unos meses no cuentan con ninguna información oficial.

Queremos respuestas: En la empresa los trabajadores reclamaron. “¡Que nos digan qué vamos a hacer, que nos hablen claro, porque si no nos vamos y buscamos trabajo en otra parte. No podemos seguir aguantando”, reclamaba uno de los afectados.

Ojeda señaló que el 30% de los empleados ha decidido buscar empleo en otras empresas. “Hay gente que no puede esperar. Imagínate que te dejen de pagar ¿cómo haces? Tenemos compromisos que cumplir”

Provea Venezuela

Denuncian irregularidades en el hospital “Dr. José Gregorio Hernández” de Los Magallanes de Catia

2010-08-25T07:30:00.000-07:00

Elisa Linares Hernández, integrante del Comité de Observadores del Servicio de Salud, (COSS), denunció ante Provea una serie de irregularidades que están ocurriendo actualmente dentro del hospital “Dr. José Gregorio Hernández” ubicado en Los Magallanes de Catia, en Caracas.

El COSS, es un grupo conformado por familiares de hombres y mujeres afectadas y afectados por el mal funcionamiento del servicio de salud, con el objeto de monitorear y exigir el respeto y garantía del derecho a la salud, según lo establece el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Linares, denuncia que el pasado 11 de agosto se trasladó al hospital José Gregorio Hernández con su nuera Elizamar Contreras, “que se encontraba ya en proceso de parto y había votado todo el liquido amniótico”.

Señala que tuvieron que esperar mientras se realizaba el cambio de guardia para que esta fuera atendida “cuando la atendieron nos mandaron a hacerle un eco ya que en el hospital no tenian insumos para hacerlo”. Se dirigieron al Centro de Diagnostico Integral de Catia porque que no contaban con recursos para hacerlo en un centro de salud privado.

“Cuando regresamos al hospital con los resultados del eco, la doctora a cargo no quería aceptarlo ya que los cubanos no son médicos” aseveró Linares.

Luego de que familiares se comunicaron con varias personas dentro del hospital, aceptaron realizarle el eco a Contreras. En horas de la tarde fue ingresada al quirófano, “al rato se dirigió a nosotros una secretaria y nos informo que a Elizamar le habían realizado una cesárea y en ningún momento se nos había notificado y mucho menos ella había llevado un control en ese hospital para que esta le fuera realizada” puntualizó Linares.

Provea Venezuela

Más de tres mil casos de dengue cada semana en Venezuela

2010-08-24T09:33:00.000-07:00

El Ministerio de Salud admite, hasta el 30 de julio, 68.753 casos y 30 fallecidos, 25 confirmados y cinco en estudio.

El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, retornó la publicación de los boletines epidemiológicos, aunque con un rediseño en su formato, a pesar de que no ha concluido el año, lo que podría alterar la comparación y el seguimiento de las distintas enfermedades epidemiológicas. Además, los boletines solo han sido actualizados hasta el 30 de julio.

Según el análisis que realiza la Red de Sociedades Científicas Médicas de Venezuela, 49,78% de los casos de dengue se produjeron en las últimas diez semanas, que reportaron el mayor número de casos semanales en nueve años. Al decir de la Red, que plasma su análisis en el Alerta Epidemiológico 146, estas cifras indican que “la epidemia está en plena actividad” y que la cifra alcanzada en 30 semanas de 2010 es mayor que la cifra total de casos de 2009, cuando se ubicaron en 65.869.

Basados en las cifras, establecen que 18 entidades federales están en epidemia. En la última semana reportada, Amazonas registró 75 casos; Aragua 303; Carabobo 199 (la más elevada en 17 semanas); Delta Amacuro 26; Distrito Capital 261; Guárico 148; Lara 310; Miranda 456; Sucre 100; Trujillo 93; Vargas 69; Yaracuy 96 y Zulia 442. Esto se contradice con la posición de MinSalud, plasmada en el Boletín Epidemiológico 30 y que asegura que “seis estados mantienen franca tendencia descendente: Distrito Capital, Amazonas, Barinas, Mérida, Portuguesa, y Táchira, 7 estados se mantienen con frecuencia estable y 11 con tendencia ascendente. Destacan 5 estados fuera de calificación de epidemia: Cojedes, Portuguesa, Barinas, Apure y Bolivar”.

Del total de casos, 6.418 casos han sido hemorrágicos, la forma más letal de dengue. Esa cifra es mayor en 24,64% que todos los ocurridos durante 2009.

Apuntan que el análisis no hace mención de que la mayor prevalencia del hemorrágico se observa en menores de un año. Esto es importante enfatizarlo porque alerta a los profesionales de la salud sobre este grupo etario en particular. Las cifras son elocuentes. En menores de un año enferman 68,9 por cada cien mil habitantes, tres veces más que en el resto de las edades, de 22,3 por cada 100 mil”

Provea Venezuela

Conozca el último informe Iwgia sobre “Los Pueblos Indígenas Aislados o con poco Contacto” de Venezuela

2010-08-23T04:53:00.000-07:00

El informe Nº 8 del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, por su sigla en inglés) presenta una visión general de la situación y de la problemática de los pueblos indígenas en aislamiento relativo o con poco contacto en Venezuela.

Tal es el caso de grupos de los pueblos indígenas Hoti, Yanomami y Piaroa que habitan en los estados de Amazonas y Bolívar, al sur de Venezuela, en zonas de difícil acceso geográfico.

El informe elaborado por Luis Jesús Bello demuestra que los grupos indígenas con poco contacto en Venezuela se encuentran amenazados en su sobrevivencia física y cultural debido a la invasión y destrucción del territorio donde han permanecido.

Otro factor que los afecta es la ausencia, por parte de los órganos del Estado competentes en materia indígena, de políticas públicas sistemáticas para protegerlos.

El informe brinda información específica sobre la acción de diferentes agentes foráneos -sobre todo mineros ilegales provenientes de Brasil y Colombia- que en los últimos años han penetrado sistemáticamente estos territorios.

La movilidad permanente de los mineros coloca a los grupos con poco contacto de estos pueblos en una situación de fuerte vulnerabilidad, sobre todo por la introducción de enfermedades endémicas y epidémicas.

Además, la contaminación y destrucción de su territorio y la reducción del espacio para sus actividades tradicionales de subsistencia son otros factores que los amenazan.

Para descargar el informe, visitar el siguiente enlace

122 sindicalistas han sido asesinados en los últimos dos años en un contexto de alta impunidad

2010-08-20T07:15:00.000-07:00

Basados en datos recopilados por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, entre los meses de junio de 2008 y agosto del 2010 han sido asesinados/as en Venezuela 122 sindicalistas y defensores/as de los derechos laborales. La gravedad de esta situación no ha sido en su complejidad comprendida por las autoridades, por tanto, las condiciones que hacen posible los crímenes, como la existencia de una alta impunidad, se mantienen hasta el día de hoy.

Provea, utilizando el concepto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), considera que los/as sindicalistas son defensores/as de los derechos humanos. La ONU, y otras organizaciones del sistema internacional de protección como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) consideran que “toda persona que de cualquier forma promueva la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional e internacional, debe ser considerada como defensora de derechos humanos”.

La inmensa mayoría de las víctimas corresponden a la violencia relacionada con la obtención de puestos de trabajo bajo la modalidad de sicariato, principalmente en los sectores construcción y petróleo. Esta modalidad diferencia la situación de nuestro país de los crímenes contra los sindicalistas denunciados en otras partes del mundo, por ejemplo Colombia. En un estudio sobre ataques a defensores/as de derechos humanos en Venezuela, entre los años 1997 y 2007, elaborado conjuntamente por Provea y la Vicaría de Derechos Humanos, se registró que la primera víctima por esta modalidad, Wilmer Velásquez, falleció en julio del año 2001 en Coloncito estado Táchira. A partir de ese momento se inició una espiral de violencia que tuvo un primer momento álgido en el año 2006, cuando se registraron 23 asesinatos, sumando un total de 52 casos para mayo de 2007. De esta cifra el 42.2% de los ataques ocurrieron en el estado Bolívar. De continuar con las tendencias reflejadas hasta el momento, se proyecta que para el año 2011 se superarán las 200 víctimas.

El Estado ha incumplido sistemáticamente su deber de investigar y sancionar estos crímenes. Según el estudio realizado por las dos organizaciones de derechos humanos en 10 años, de los 52 casos apenas 3, es decir, en sólo el 5.7% del total, fueron sancionados los responsables de los ataques por una sentencia firme en tribunales y privados de su libertad en un centro penitenciario. Esto revela la existencia de una situación de alta impunidad y la ausencia de investigaciones sobre las denuncias que involucran la presunta participación de funcionarios policiales en los crímenes, así como de diferentes organizaciones sindicales como autoras intelectuales de los asesinatos.

Para Provea son varias las causas de esta espiral de homicidios. En primer lugar la situación general de violencia e impunidad existente en el país, donde según cifras oficiales del CICPC para el año 2008 ocurrieron 14.467 homicidios en el país, 3 asesinatos cada dos horas en Venezuela. En segundo lugar, la existencia de la cláusula 53 en la Convención Colectiva del sector construcción, la cual estipula que “el empleador se compromete a solicitar del respectivo Sindicato el setenta y cinco (75%) de los trabajadores que requiera”, la cual ha ocasionado que las organizaciones gremiales prioricen atribuciones patronales sobre la defensa de los derechos de sus agremiados. El denominado “paralelismo sindical”, mediante el cual se han creado, de manera artificial y por motivaciones políticas, organizaciones gremiales que rápidamente han desnaturalizado sus funciones. Por último, y relacionado a lo anterior, la actual debilidad del movimiento sindical en el país, que a pesar del aumento de la cantidad de organizaciones no posee incidencia real en el diseño y ejecución de políticas públicas para la defensa de los derechos de los y las trabajadoras. La fragmentación, poca autonomía, débil capacidad de presión política y polarización de las centrales sindicales existentes, han influido en que la violencia sindical por la obtención de puestos de trabajo, no se encuentre entre las principales preocupaciones y exigencias de las movilizaciones obreras en Venezuela.

Provea solicita a los poderes públicos, tanto al Presidente de la República, al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, a la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo un explícito reconocimiento de la gravedad del problema; el inicio de un debate amplio con la participación de los/as diferentes actores involucrados/as, sobre sus causas, y el diseño de políticas a corto, mediano y largo plazo para revertir esta situación que ha enlutado a decenas de familias venezolanas.

Si desea conocer la lista completa de las 122 víctimas de los últimos dos años, consultar el siguiente enlace: http://www.derechos.org.ve/proveaweb/?p=6059

Provea Venezuela

Reporteros Gráficos: Estamos en la obligación y derecho de captar imágenes noticiosas

2010-08-19T06:16:00.000-07:00

El Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela (CRGV) rechazó, a través de un comunicado, las declaraciones de la Coordinadora Nacional de Ciencias Forenses del CICPC, Carmen Centeno, quien calificó de “Pornografía Periodística”, “Podredumbre Mediática” y “Morboso” el ejercicio profesional.

Comunicado

El Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela es una organización gremial con 67 años de historia que agrupa a los profesionales de la lente, los cuales son los que día a día han llevado a los lectores la información gráfica necesaria que complementa lo requerido en todos los momentos políticos, en circunstancias fuertes y tensas de nuestro país.

El CRGV quiere llamar la atención a la opinión pública en relación a las funciones de un reportero gráficos y en ese sentido podemos definir lo que debe ser la información fotográfica “El Reportero Gráfico está en la obligación y derecho de captar imágenes noticiosas que observe en cualquier momento que éste considere de interés informativo”

Es importante resaltar que en estos momentos, cuando una fotografía se ha querido presentar como grotesca por intereses de algunos, indicamos que durante años también se han publicado graficas provenientes del exterior de hechos crueles y lamentables, muy extensos de explicar en caso de mencionarlos.

Pensamos que el hecho noticioso siempre va a estar frente a las cámaras de fotografía o de video, lo que indica que el trabajo profesional de un reportero grafico no puede ser obstaculizado por ningún interés que pretenda silenciar una realidad evidente, que está a la vista de todos quienes la padecen.

En tanto, nuestra organización gremial rechaza contundentemente los calificativos utilizados por la Coordinadora Nacional de Ciencias Forenses del CICPC, Carmen Centeno, al referirse como “Pornografía Periodística”, “Podredumbre Mediática” y “Morboso” al referirse a nuestro ejercicio profesional. Recordamos que no se trata de manipular algún escenario, es simplemente mostrar lo que ocurre en la sede de Medicatura Forense, cuyo contacto es obligado para quienes allí laboran y para quienes lamentablemente deben acudir a la Sala de Autopsias para reconocer a su familiar fallecido.

Reiteramos nuestro compromiso a seguir luchando por esa verdad que queda plasmada en nuestras herramientas de trabajo para defender la libertad de información que permite vivir a los venezolanos contacto con lo que acontece y aqueja

Provea Venezuela

Juez prohíbe a diarios publicar fotografías violentas por un mes

2010-08-18T05:25:00.000-07:00

Expertos cuestionan la medida de censura por considerar que viola la Constitución
Durante las siguientes cuatro semanas ningún diario, revista ni semanario del país podrá publicar imágenes de tipo "violento, sangriento, grotesto, bien sea de sucesos o no". La prohibición la giró el juez 12 de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, William Páez, al admitir la petición que 24 horas antes le hiciera la Defensoría del Pueblo para que impidiera que otros medios impresos siguieran el ejemplo del diario Tal Cual y reprodujeran la imagen del interior de la morgue de Bello Monte que el pasado viernes publicó El Nacional en su primera página.

La medida, según consta en el oficio 111/2010 que Páez le remitió a Teodoro Petkoff, editor de Tal Cual, busca proteger "la integridad psíquica y moral de los niños y adolescentes". En ese mismo documento le pide al directivo del matutino abstenerse de difundir más imágenes violentas.

Horas antes el mismo juez envió a El Nacional otro oficio en el que le informaba que había dado trámite a la denuncia que el Ministerio Público interpuso por la publicación de la foto donde se veían varios cadáveres apilados dentro de la Medicatura Forense y le ordenaba que no solo no divulgara más fotografías de este tipo, sino tampoco informaciones y publicidades con "contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas, imágenes que aticen contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y decesos que puedan alterar el bienestar psicológico de los niños".

Aun cuando la razón que motivó al Ministerio Público y a la Defensoría a acudir a los tribunales es la misma: la difusión de la polémica foto. El juez adoptó resoluciones que afectan de maneras distintas a El Nacional, Tal Cual y los demás medios impresos.

Pronunciamiento curioso

Para el ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Jesús María Casal, la decisión del juez Páez contra la prensa escrita es "curiosa", pues la orden que prohíbe la publicación de imágenes violentas dura un mes y ese lapso coincidirá con la venidera campaña para las elecciones parlamentarias, la cual arranca este 25 de agosto.

En similares términos se pronunció el catedrático Rafael Chavero, quien denunció que "se está aprovechando el caso de una foto para restringir la circulación de informaciones sobre el principal problema de los venezolanos. Esto es una demostración más de que se busca silenciar todo aquello que molesta y suena a crítica".

El jurista no dudó en calificar el dictamen judicial como "una medida de censura desproporcionada, arbitraria, injustificada y caprichosa" y recordó que "los jueces no pueden censurar, pues constitucionalmente no hay posibilidad de establecer la censura previa".

La Carta Magna en sus artículos 57 y 58 proscribe la censura para opiniones e informaciones; mientras que en el artículo 143 establece que la misma no puede ser impuesta a los funcionarios públicos y que ellos pueden informar a la colectividad sobre los asuntos bajo su responsabilidad.

Posiciones encontradas

Horas antes de que se produjera la resolución judicial, la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Silvia Allegret, había mostrado su rechazo a cualquier medida en contra de los medios. "Lo que debería hacer el Gobierno es tomar la información que se da en los medios para tomar acciones y mejorar la situación. No puede ser que la solución sea cerrar y amonestar a los medios por haber puesto una foto que es una realidad".

En contraposición, la presidenta del Instituto Nacional de los Derechos del Niño (Idena), Litbell Díaz, se mostró partidaria de ponerle un coto a la circulación de ciertas imágenes e informaciones, por considerar que se han vulnerado los derechos de los infantes.

"Los que publicaron la foto saben que la imagen afecta mucho a los niños y a los adolescentes. Pero como su intención es desestabilizar, lo hacen con premeditación, lo cual es mucho más grave", afirmó la funcionaria, quien no realizó ninguna petición a las autoridades para que eviten que diariamente niños sean afectados por la violencia, bien sea porque quedan huérfanos o porque fallecen a manos de ella.

Tres mil niños fueron asesinados entre 2003 y 2005 en el país, según distintas organizaciones no gubernamentales.

El Universal

'La Justicia venezolana ha muerto con Chávez por falta de autonomía'

2010-08-17T05:04:00.000-07:00

María Lourdes Afiuni es jueza de la República Bolivariana de Venezuela, pero comparte prisión con varias mujeres que ella mismo condenó. Afiuni, de 47 años, asegura que teme por su vida.

"No puedo salir de esta área; ir al comedor o al patio. Llevo ocho meses sin poder disfrutar del cielo abierto". Algunas internas la amenazan desde el otro lado pasillo; "te vamos a sacar los ojos", y han tratado de meterse en su habitación con un puñal artesanal.

Ella afirma que es "una presa de Chávez". "No he cometido ningún delito, él me condenó por televisión", dice en su celda de "dos por tres metros". En realidad la condenó tres veces. Las tres veces que habló de su caso en sus frecuentes intervenciones públicas. "Habrá que meterle pena máxima a esa bandida: ¡30 años de prisión! Esa jueza tiene que pagar con todo el rigor de la Ley por lo que ha hecho, y a cualquier otro juez que se le ocurra algo parecido", dijo Chávez en cadena nacional el pasado 12 de diciembre.

Un día después, el líder revolucionario insistió que "debería ser condenada a la pena máxima" y agregó que en tiempos de Simón Bolívar, la jueza hubiera sido fusilada.
Cumplir la ley

Afiuni contesta que se limitó a cumplir el Código Penal. Su delito: excarcelar al empresario Eligio Cedeño; acusado de sustraer 27 millones de dólares del sistema cambiario. El pasado 10 de diciembre, la jueza liberó al empresario y le dictó prohibición de salida del país, con régimen de presentación cada 15 días. Pero el banquero venezolano huyó a Florida.

"Cedeño llevaba tres años preso sin sentencia firme, y la Ley dice que un acusado sólo puede estar 24 meses. Lo que hice fue cumplir la Ley", señala. "El expediente de Cedeño tenía hasta una resolución de la ONU donde me instaba a darle una medida cautelar".

La Fiscalía ordenó su detención media hora después de poner en la calle al empresario. Pero en lugar de enviarla a una prisión para condenados por delitos administrativos, Afiuni ingresó a una cárcel de presos comunes a las afueras de Caracas, donde hay una docena de internas que ella mismo puso tras las rejas.
"Comparto prisión con sicarias con 18 asesinatos, infanticidas, narcotraficantes...". Esta jueza con 10 años de experiencia en los circuitos de Caracas fue acusada de "corrupción, abuso de autoridad y ayuda a la fuga" por actuar sin la presencia de un fiscal. Durante la audiencia preliminar, los fiscales no encontraron nada extraño en sus cuentas de banco que demostrara el cobro dinero. La jurista hace comparaciones: "Imputar corrupción sin beneficio económico es un disparate. Es como un homicidio sin cuerpo...".

Durante estos ocho meses, el Parlamento Europeo; la comisión de la ONU sobre la detención arbitraria; la organización Human Rights Watch; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y colegios de abogados de todo el continente han pedido su liberación, pero Chávez desestima las críticas, argumentando que una jueza "que libera a un bandido es peor que el bandido mismo".

"El enfado de Chávez por televisión confirma que Eligio Cedeño era un preso político... A él le pierde su boca".

-¿Y con su caso?
-Supongo que es una medida aleccionadora. Detener a un juez por dictar una medida cautelar es un atropello. El sistema judicial en Venezuela falleció y perdió su autonomía. Los jueces tienen mucho miedo y obedecen al presidente. Sólo los que están retirados se atreven a denunciar lo que está pasando públicamente. La Fiscalía hace lo que le da la gana...

La jueza explica que ella y muchos de compañeros de lo penal se "la pasan rezando para no nos caiga un caso donde el Gobierno tenga interés", porque actuar según el Derecho "nos puede costar el cargo". Ella, dice, es el mejor ejemplo. "Yo pienso que los jueces que se dejan intimidar son unos cobardes. ¿Dónde está su juramento? Qué renuncien si no son capaces de cumplirlo".]

Blackberry y Twitter
La única ventana que tiene Afiuni con el mundo es un Blackberry y su cuenta de Twitter (@mariafiuni), donde la siguen 27.025 personas. Antes disfrutaba de un ordenador portátil, pero en Semana Santa se lo requisaron. Su celda la comparte con otras dos presas, aunque sólo hay una litera con dos camas. "La cárcel está diseñada para 250 internas y estamos recluidas 714. Te puedes imaginar las condiciones".

Como no puede ir a la cantina, Afiuni guarda debajo de su cama una pequeña cocina portátil que enchufa en el pasillo. Algunas amigas la ayudan a cocinar porque ella "no sabe ni freír un huevo". Su madre trae la comida. "Mi situación es terrible. Si Chávez me va a tener presa que por lo menos sea en El Helicoide (sede de los servicios de inteligencia), donde están las esposas de los banqueros corruptos", dice con ironía.
En la celda hay una televisión -sin señal-, un devedé, una nevera, una mesa y tres taburetes plástico. En la mesa se amontonan discos de Roberto Carlos, Maddona, Marc Anthony y Robin Williams. También series de televisión y algunos libros de autoayuda. "El último que leí fue sobre Baltasar Garzón; "Mundo sin miedo'", dice la jueza.

Afiuni lleva un lazo rosa en el pecho. Hace seis meses se detectó un bulto en la axila y estuvo peleando para poder visitar a un médico de su confianza. "Me llevaron al Hospital Militar como si fuera una narcotraficante (esposada, con chaleco antibalas y custodiada por 25 funcionarios de la Guardia Nacional). No me hicieron biopsia, sólo una ecografía y el médico dijo que era benigno. Tendré que confiar en su criterio", dice con incertidumbre y resignación.

Su arresto es sólo uno más de una ola de detenciones que sacude este año Venezuela, donde los adversarios de Chávez le acusan de querer consolidar sy poder al más puro estilo cubano. En marzo, la policía arrestó al ex candidato presidencial, Oswaldo Álvarez Paz, quien pasó dos meses en prisión por criticar la presencia de grupos terroristas y narcotraficantes en el país y sus presuntos nexos con funcionarios del Gobierno. En junio los dos máximos accionistas de la cadena opositora Globovisión, Guillermo Zuloaga y Nelson Mezerhane, huyeron del país tras ser acusados por sendos delitos corrupción económica. En los ocho meses que lleva encarcelada, María Lourdes Afiuni ha perdido cerca de 10 kilos. Su hermano Nelson bromea que antes estaba "un poco gordita", pero lo hace para quitar hierro sobre su precaria situación carcelaria.

Esta madre soltera de una hija de 18 años, que amontona en su celda decenas de perfumes y estuches de maquillaje, dice que cuando llegó a prisión el cuarto de baño no funcionaba. Tampoco la ducha. "Lo peor fue en la época de lluvias; las alcantarillas se atascan y aparecen las ratas". Afiuni asegura que por las noches escucha a los roedores mordisquear su comida. Los miércoles y los domingos, sin embargo, recobra algo de humanidad. Son los días de visita. Hoy la acompañan su madre, sus dos hermanos, su tía, cuñada y una sobrina de seis años, que no comprende lo qué ocurre pero le echa la "culpa a Chávez". Lo que más odia es la rutina de la cárcel. Se levanta a las cinco de la mañana, porque a las 05:30 empieza el conteo de presos. Luego prepara café y arepas (una especie de pan hecho con harina de maíz) en su cocina eléctrica, y regresa a su celda para ver pasar las horas. "Todas tienen actividades menos yo", se queja este jueza que lleva ocho meses sin poder disfrutar de los rayos del sol.

El Mundo.es

El sindicalista Rubén González tiene fecha de juicio

2010-08-16T05:08:00.000-07:00

El juicio de Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera, será el 3 de septiembre de 2010 en el Tribunal Sexto de Juicio, a cargo de la juez Magda Hidalgo.

El dirigente, privado de libertad desde septiembre de 2009, enfrentará este proceso en un juicio unipersonal sin presencia de escabinos, según lo que informó el abogado defensor Frank Silva.

El tribunal se conformó este jueves a las 2:00 de la tarde en el Palacio de Justicia de Puerto Ordaz.

El caso de Rubén González se ha extendido y ha sido tomado como bandera de la criminalización de la protesta por organizaciones defensoras de derechos humanos como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
El dirigente mantuvo desde septiembre casa por cárcel. En enero -por situaciones aún no esclarecidas- fue trasladado a Patrulleros de Caroní, donde espera por una sentencia.

Sin libertad
Rubén González fue privado el 29 de septiembre de 2009, luego de que se le imputara de diversos delitos entre los que destaca agavillamiento, y violación de la zona de seguridad en los cerros San Isidro y cerro Bolívar.

El 26 de agosto de 2009, Radwan Sabbagh -presidente de Ferrominera Orinoco- en un hecho público acordó con González la finalización del paro, así como la reactivación de las fichas de un grupo de trabajadores que habían quedado fuera de la empresa; no tomar represalias en contra de quienes acataron el cese de actividades; evaluar el pago de los salarios caídos de quienes no laboraron durante los 16 días de manifestación y la cancelación de las reivindicaciones laborales cuando la compañía tenga el dinero fueron los acuerdos alcanzados tras varias horas de reunión en una asamblea en Ciudad Piar.

Un mes después el secretario general fue imputado por los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir y violación de la zona de seguridad.

Provea Venezuela

Miami Herald: “Jueza que liberó a Cedeño languidece en prisión”

2010-08-14T12:30:00.000-07:00

Durante los últimos ocho meses, las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Colegio de Abogados de Nueva York han sido incapaces de lograr la liberación de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni, quien languidece en una repleta prisión en las afueras de Caracas.

Ahora, algunos de sus aliados preparan un nuevo plan: elegirla al Parlamento Nacional. Si gana las elecciones el 26 de septiembre, tiene derecho a la inmunidad parlamentaria y pudiera quedar en libertad.

Se espera que las elecciones del próximo mes den a la oposición una oportunidad de arrebatarle algún grado de poder a los partidarios del presidente Hugo Chávez, que han dominado el Parlamento desde el 2005. Pero algunos también esperan usar la votación para centrar la atención en un sistema judicial que, según alegan, se ha convertido en un arma política para reprimir a los disidentes.

Tres presos políticos en una lista

El partido independiente La Base Decide ha incluido en su boleta a Afiuni y a otras dos personas que considera presos políticos, un policía y un soldado.

“Están presos por cumplir su trabajo”, dijo el lider partidista y personalidad radial Iván Ballesteros. “Son el ejemplo vivo del abuso de poder del gobierno”.

Aunque las definiciones varían, el grupo defensor de derechos jurídicos Justicia y Proceso calcula que en Venezuela hay unos 28 presos políticos.

La ira del Gobierno de Chávez

Afiuni provocó la ira del gobierno el 10 de diciembre cuando ordenó la liberación del banquero Eligio Cedeño hasta que se fijara una audiencia. Cedeño estaba esperando juicio desde hacía tres años bajo cargos de fraude fiscal y contrabando.

Sentada sobre una cubeta boca abajo y fumando sin parar en su celda pintada de blanco, Afiuni dijo que en el expediente de Cedeño no hay nada que amerite su detención. Además, los fiscales no se han presentado repetidamente en las audiencias del caso y la ONU calificó recientemente su detención de ilegal.

Cedeño fue liberado y menos de una hora más tarde Afiuni estaba tras la rejas acusada de corrupción y abuso de poder.

Días más tarde, Cedeño huyó a Estados Unidos, donde ha solicitado asilo. El abogado de Cedeño no contestó a varias llamadas y mensajes electrónicos en busca de comentario.

Al día siguiente de su detención, Chávez calificó a Afiuni de “bandida” en la televisión nacional y sugirió que la habían sobornado. La fiscalía finalmente reconoció que no había habido soborno pero mantiene la acusación de corrupción.

Chávez también exigió que la condenaran a 30 años, la sentencia más fuerte, que por lo general se reserva para los asesinos. Al día siguiente volvió a la televisión y dijo que en otra época a la jueza la habrían fusilado por su delito.

Enviada a una prisión con presos comunes

En vez de encarcelarla en una prisión para condenados por delitos administrativos, Afiuni fue enviada a una prisión llena de presos comunes, entre ellos más de dos docenas a los que había condenado como jueza durante su carrera de dos décadas. La jueza comparte su pequeña celda con otras dos personas. Varios prisioneros trataron de prenderle fuego en una ocasión.

Afiuni dijo que tiene pocas esperanzas de tener un juicio justo.

“El mejor ejemplo de que estamos en dictadura es la destrucción total del sistema judicial”, señaló. “Los jueces sólo obedecen al presidente de la republica”.

Afiuni nunca había participado en política y era prácticamente desconocida fuera de los círculos legales. Pero ahora, la situación de esta madre soltera ha generado una oleada de apoyo. Recientemente, simpatizantes suyos llevaron a cabo una marcha pidiendo que la pusieran en libertad, y la prensa de oposición ha mantenido su nombre en los titulares.

Poco probable que sea electa diputada

Aun así, analistas dicen que la situación política en Venezuela está tan polarizada que es poco probable que Afiuni –o cualquier otro candidato independiente– pueda ganar suficientes votos para desplazar a los contendientes del partido gobernante o de los varios candidatos de coalición de la oposición.

Incluso si ganara, Afiuni dijo que el gobierno ha pisoteado tan completamente la Constitución que ella duda que le permitirían ocupar su escaño en el Parlamento.

Detención de opositores

Su arresto es sólo uno de una ola de detenciones que según los críticos tiene el objetivo de intimidar a los enemigos del gobierno antes de las elecciones.

En marzo, las autoridades arrestaron a Oswaldo Alvarez Paz, miembro de la oposición y ex candidato presidencial, por cargos de conspiración, luego de que él sugirió que Venezuela se había convertido en un refugio para traficantes de drogas y guerrilleros izquierdistas. Fue puesto en libertad dos meses más tarde con órdenes de no hacer comentarios sobre el caso.

También en marzo, funcionarios detuvieron brevemente al legislador de la oposición Wilmer Azuaje acusándolo de haber golpeado a un agente de policía. Azuaje había acusado recientemente a la familia del presidente de haberse enriquecido durante su administración.

En junio, Guillermo Zuloaga, presidente de la estación televisiva opositora Globovisión, huyó del país después de que él y su hijo fueron acusados de acaparar automóviles en su agencia de venta de Toyota para jhacer subir los precios.

El mes pasado, el gobierno encarceló a Alejandro Peña Esclusa, un franco opositor político, acusándolo de terrorismo. Esclusa y su familia afirman que la policía le tendió una trampa, escondiendo explosivos en su casa y afirmando que eran suyos.

Otros candidatos potenciales han sido despojados de su derecho de presentarse a elecciones.

El gobierno niega que haya nada de político detrás de estos casos.

“Cada vez que ellos caen presos, ellos le dan la vuelta mediática y tratan de ponerse como unos perseguidos políticos”, dijo Freddy Bernal, ex alcalde de Caracas y aliado incondicional de Chávez, que está ayudando a coordinar la campaña legislativa del partido gobernante. ‘‘Aquí no hay un solo hombre o mujer de oposición que esté perseguido o en la cárcel por delitos de opinión. Están por delitos de peculado, mal uso de fondos públicos; ninguno por delitos de opinión”.

La apariencia superficial de que se trata de procesos legales legítimos hace difícil identificar a los presos políticos, dijo Theresly Malavé, directora ejecutiva del grupo de derechos legales Justicia y Proceso.

“Este gobierno se cuida de dar aparencia de legalidad”, dijo. “Pero no hay un juez que decida de manera independiente o imparcial”.

Afiuni dijo que pasa la mayor parte del tiempo limpiando su celda, pensando en su hija adolescente y estudiando su caso. Debido a preocupaciones de seguridad, no se le permite comer con otras presas o participar en actividades colectivas.

Durante las horas de visita –dos veces por semana– se reúne con familiares suyos y con los partidarios políticos que la convencieron a entrar en la campaña. De todos modos, tiene demasiado tiempo libre y la cárcel la deprime. Algunos de sus amigos piensan que, si ella pidiera perdón a Chávez, el gobierno podría ser más indulgente. Esa perspectiva hace estremecerse a Afiuni.

“No le voy a pedir perdón a ese señor”, dijo ella. ‘‘El me tiene que pedir perdón a mí”.

Por un pedazo de justicia

2010-08-13T04:46:00.000-07:00

Aunque Franklin Brito está muy delicado, insiste en radicalizar su huelga de hambre en espera de que Chávez se pronuncie. Ahora sólo tomará agua durante 10 días, y si no obtiene respuesta, iniciará huelga de sed indefinida. Médicos advierten que el productor agropecuario podría no soportar el reto

En vista de que su protesta no ha sido efectiva, el productor agropecuario Franklin Brito radicaliza su huelga de hambre durante diez días en espera de que el presidente Chávez se pronuncie sobre su caso.

“Suspendió la ingesta de suero y ahora sólo consume agua. En caso de que Chávez no se manifieste en estos diez días, iniciará una huelga de sed indefinida hasta que se resuelva el problema”, afirma la hija del productor, Ángela Brito.

La joven asegura que la única persona capaz de resolver el problema es el mandatario nacional. “Se nos ha hecho difícil solucionarlo de manera digna y justa a través del INTI porque esto dañaría la imagen de Chávez, ya que se vería que el Presidente no lo ayudó a pesar de que se comprometió luego de que mi padre se amputó un dedo públicamente”, explica.

“Creemos que ninguna institución va a ir en contra del Presidente. Entonces, mientras él siga involucrado, no creemos que se resuelva nuestra situación. Chávez ha dicho en dos ocasiones que mi papá tiene razón. Quiero saber qué va a decir esta vez si se pronuncia”, añade en referencia a los actos de corrupción que se cometieron las dos veces que el mandatario se comprometió con Brito.

TORTURAS DESCARADAS
Una vez más la hija de Brito insiste en que su padre está siendo torturado en el Hospital Militar, lugar donde “está recluido en contra de su voluntad a pesar de no haber cometido ningún delito”.

Ángela Brito detalla que su padre permanece en un cubículo de la terapia intensiva en el que las enfermeras entran y salen constantemente para buscar suero y jeringa. “También está al lado del baño y cerca del motor del aire acondicionado que sirve a toda la terapia, por lo que las vibraciones no lo dejan dormir”, agrega.

“Creemos que lo hacen para torturarlo porque se los hemos explicado varias veces y no lo corrigen. Hoy mi papá cumple 78 días en terapia intensiva y, cuando lo recluyeron ahí no había necesidad de ese servicio. Él dice que lo quisieron tener ahí para aislarlo y evitar que se le tomen fotos y que las personas lo vean. Únicamente podemos verlo mi mamá y yo. Los médicos de la Cruz Roja pueden ir por poco tiempo. Siempre estamos custodiados por militares. Está en un régimen peor que el de los presos porque ni siquiera tiene el privilegio de ver a sus abogados”, manifiesta.

HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE
Los médicos que atienden a Franklin Brito advierten que es probable que su cuerpo no aguante 10 días en dieta de agua.

“Su salud está bastante grave. Su índice de masa corporal está por debajo de 11 y ya en 13 era peligroso. Tiene daños hepáticos, en los pulmones y en los riñones”, señala su hija. Brito no levantará la huelga, pues desde el inicio de la protesta ha asegurado estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. “Con esto evita que se le haga esa injusticia a otra familia venezolana”, expresa Ángela Brito.

Tal Cual Digital

Falta de controles sanitarios en alimentos para ganado puede afectar a los productos de consumo humano

2010-08-11T05:15:00.000-07:00

En 2004, el Centro de Producción, Recría y Comercialización de “Los Zabaleta”, de la familia con el mismo nombre, contaba con 7 machos, 60 hembras para la producción lechera y 120 animales de reemplazo. Sin embargo, un año después murieron súbitamente cuarenta (40) hembras adultas en plena producción y dos (2) de los machos reproductores.

Según María Zabaleta, propietaria del centro ganadero, la muerte del ganado Caprino se produjo por la contaminación del alimento “Cabrarina”. En consecuencia, Zabaleta realizó una demanda ante el juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario por daños y perjuicios contra la empresa Protinal, C.A.

“Antes de la muerte de los animales, un estudio técnico en Los Zabaleta del Ingeniero Agrónomo Gustavo Maldonado Dupuy concluyó que las condiciones para el ganado caprino estaban por encima de los niveles óptimos para el desarrollo”, aseveró Zabaleta. Además el alimento fue subministrado bajo las instrucciones e indicaciones del veterinario de la familia.

La justicia no termina de responder
Con dos sentencias a favor la familia Zabaleta todavía no ha recibido indemnización. Justamente, en 2007 los tribunales dictaminaron una sentencia a favor de Los Zabaleta. Sin embargo, los abogados de la empresa fabricante del producto “Cabrarina apelaron la decisión.

La causa pasó al Tribunal Superior Cuarto Agrario. En febrero de 2010, esta instancia falló a favor de María Zabaleta, sin embargo, la decisión que fue apelada nuevamente por la empresa.

La agraviada acude al Tribunal Supremo de Justicia desde mediados de Junio de este año, pues fuentes personales le informaron que ya el dictamen estaba listo. No obstante, hasta los momentos no ha obtenido una respuesta. “El tribunal ya decidió pero a la fecha no han hecho pública la sentencia”, declaró.

Caso con interés colectivo
El ganado de Los Zabaleta murió por alimentos contaminados con alta dosis de aflatoxinas. El nombre no suena común, pero en el país ya existe un precedente: en 1997 murieron cientos de perros y mascotas por la contaminación con este hongo, el conocido caso Perrarina.

En esta oportunidad, la gravedad se centra en que estos animales forman parte de la cadena alimenticia del consumo humano. Por consiguiente, la existencia de animales consumiendo altas dosis de aflatoxinas condiciona la calidad de los mismos para el uso humano y puede afectar la salud de las personas.

En este sentido, la familia denuncia que existen irregulares en la supervisión de la elaboración y comercialización de alimentos para animales. Por consiguiente, piensan que deben investigarse las irregularidades en los permisos, estudios de laboratorios y composición de dichos productos. Así como la actuación de organismos públicos de higiene, como el Indepabis y el Ministerio de la Salud.

Prensa Provea

CIVICUS: El Gobierno venezolano debe proteger, no perseguir, a los defensores de derechos humanos

2010-08-06T04:25:00.000-07:00

Un grupo de organizaciones de sociedad civil de distintas partes del mundo han expresado su seria preocupación por las sistemáticas restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión de la sociedad civil en Venezuela, que incluyen amenazas a los defensores de derechos humanos.

El 14 de julio, el Presidente Chávez solicitó una investigación penal a organizaciones de defensa de derechos humanos acusadas de recibir fondos del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica con el propósito de desestabilizar al gobierno de Venezuela. El llamado a realizar una investigación “a fondo” acerca de las fuentes de financiamiento de las ONG venezolanas es visto como la más reciente de una serie de restricciones a la vigencia de los derechos humanos, en particular los que se refieren a la libertad de expresión.
Tácticas de hostigamiento, que incluyen amenazas públicas y la apertura de procesos judiciales, son utilizadas regularmente por el gobierno de Venezuela para silenciar las voces críticas y socavar el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas.

A principios de este año, un miembro de la oposición política, Oswaldo Álvarez Paz, fue arrestado bajo el cargo de “conspiración contra el gobierno” por opinar acerca de la participación de Venezuela en el tráfico de drogas. Por esta acusación podría recibir una sentencia de dos a dieciséis años de cárcel. El 11 de junio, el periodista Francisco Pérez recibió una sentencia de prisión de 3 años y 9 meses, se le despojó de su licencia profesional y se le ordenó pagar una multa equivalente a US$ 20.000 por publicar un artículo sobre la corrupción del gobierno local de la ciudad de Valencia. Informes acerca de las amenazas, hostigamiento y abusos se han hecho cotidianas, mientras activistas y miembros de la prensa se han visto forzados a operar en condiciones peligrosas.

La última de las medidas gubernamentales busca obstaculizar el acceso de las ONG a importantes recursos de la cooperación internacional, al calificar esta actividad como una violación a la autonomía y soberanía venezolanas. La cooperación internacional ha sido utilizada para servir a la población venezolana por más de veinte años y es un recurso esencial para la protección de los derechos humanos y para el fortalecimiento de la sociedad civil. El derecho a recibir recursos de la cooperación internacional está claramente establecido en el artículo 13 de la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los derechos de defensores de derechos humanos, y establecido de manera integral como parte de los mecanismos necesarios para la protección de los derechos humanos en la Resolución 53/144 de la Asamblea General.

Muchas organizaciones venezolanas de defensa de los derechos humanos no podrían continuar haciendo su trabajo sin la cooperación y el financiamiento internacional. Al restringir el acceso a la cooperación internacional, el gobierno de Venezuela estaría no solo actuando en contra de sus propias obligaciones internacionales y de la protección a la libertad de expresión consagrada en la Constitución venezolana, sino además afectando seriamente a la población venezolana al privarla de recursos invalorables.
Urgimos al gobierno de Venezuela a proteger los derechos civiles de sus ciudadanos, poniendo en práctica inmediatamente los siguientes correctivos:

Reconocer y aceptar el valor de la cooperación internacional y del trabajo en derechos humanos, como una manera de proteger los derechos civiles y la estabilidad;

Poner fin a las acciones de hostigamiento, persecución y amenaza hacia los defensores y defensoras de derechos humanos, demostrando su compromiso con la protección de los derechos humanos y con las garantías de seguridad personal para todos los ciudadanos;

Acabar con las prácticas de descrédito hacia las organizaciones de derechos humanos, poniendo fin a las acusaciones e investigaciones penales en contra de organizaciones que reciben cooperación internacional; y

4) No aprobar el Proyecto de Ley de Cooperación, que restringiría aún más las libertades civiles y la vigencia de los derechos humanos.

Nosotros, como representantes de la sociedad civil, nos oponemos firmemente a cualquier tipo de política oficial de hostigamiento, así como a las deficiencias del Estado en cuanto a la protección de los defensores de derechos humanos.

Las organizaciones de sociedad civil que suscriben este documento son:
Artículo 19, Organización independiente de defensa de los derechos humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza la libertad de expresión.

CIVICUS, Alianza Mundial para la participación Ciudadana, es un movimiento global de la sociedad civil, con miembros y aliados en más de 100 países. El Observatorio de Sociedad Civil es un programa de CIVICUS que hace seguimiento a las amenazas a las libertades de expresión, asociación y reunión en todo el mundo.

El Intercambio de Servicios para el Desarrollo (Development Services Exchange) es una organización paraguas de las Islas Salomón, establecida en 1984, con el objetivo de facilitar y coordinar servicios de desarrollo para las ONG y sus aliados.

La Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (NANGO) es una comunidad de ONG de Zimbabwe, comprometida con el fortalecimiento, la representación y la coordinación del trabajo de las ONG en Zimbabwe.

La red de Organizaciones de Nigeria (NNNGO) es la primera institución de miembros de la sociedad civil de Nigeria, que facilita el activismo efectivo para lograr cambios en temas de pobreza y otros relacionados con el desarrollo. Fue creada en 1992 y agrupa a más de 800 organizaciones, que van desde grupos pequeños que trabajan en el nivel local, hasta redes más grandes que trabajan a nivel nacional.

La Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo (RNDDL), es una organización paraguas dedicada a la promoción del desarrollo local incluyente en Nicaragua, con base en la equidad de género, oportunidades para personas de todas las edades y el multiculturalismo.

El Consejo Escocés de Organizaciones de Voluntariado (SVCO) es una asociación nacional de sociedad civil de Escocia.

Sinergia, es la Asociación Venezolana de organizaciones de sociedad civil, que tiene como centro de su acción la promoción y defensa de los derechos de libre asociación y de participación.

www.civicus.org

Provea: Presidente Chávez, en la Venezuela bolivariana sí hay sindicalistas asesinados

2010-08-05T05:44:00.000-07:00

En su columna impresa semanal “Las líneas de Chávez”, correspondiente al pasado domingo 1 de agosto de 2010, el primer mandatario nacional escribió: “Debe entender el pueblo colombiano, que en la Venezuela bolivariana no tenemos ni sindicalistas asesinados, ni desplazados, ni fuerzas insurgentes a lo largo y ancho del país; no tenemos grupos paramilitares, ni importantes extensiones de tierra al servicio de la producción de drogas, ni bases militares estadounidenses, ni fosas comunes ahítas de cadáveres. Nadie puede ignorar que estos sí son elementos definitorios de la realidad colombiana”. Acerca de la primera afirmación, lamentamos contradecir al presidente: En nuestro país sí tenemos sindicalistas asesinados y, al igual que en Colombia, la mayoría de estos asesinatos han quedado impunes debido a la omisión del Estado venezolano.

Si bien el asesinato de sindicalistas, mayoritariamente en conflictos relacionados con la obtención de puestos de trabajo, han ocurrido en toda la década de gobierno del presidente Chávez, sólo transcribiremos la lista de los líderes gremiales asesinados entre junio de 2008 y marzo del 2010, datos recopilados por la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas.

1) José Gabriel Brito, Valencia, asesinado el 30.06.08
2) Rafael Antonio Itriago Aricaguan, Valencia, asesinado el 30.06.08
3) Freddy Fernández Montaño, Valencia, asesinado el 30.06.08
4) Carlos Abreu, Municipio Ravenga de Aragua, asesinado el 04.07.08
5) Nestor Condat, El Consejo de Aragua, asesinado el 11.07.08
6) Luis Fernando Mosquera Linares, Ocumare del Tuy, asesinado el 01.08.08
7) Jose Gregorio Villegas Jimenez, Ocumare del Tuy, asesinado el 02.08.08 cuando se dirigía al funeral de Luis Mosquera
Juan Carlos Gerdel Oliveros, Ocumare del Tuy, asesinado el 02.08.08 cuando se dirigía al funeral de Luis Mosquera
9) Robert Antonio Jiménez Vitriago, Aguas Calientes de Carabobo, asesinado el 23.08.08
10) Regulo Castillo, San Félix, asesinado el 21.09.08 en un estadio, tras lo cual sus guardaespaldas dispararon contra los sicarios, asesinando a su vez a dos espectadores
11) José Rafael Lugo Colinas, Charallave, asesinado el 27.11.08
12) Jesús Ramón Matiguan, Charallave, asesinado el 27.11.08
13) Richard Gallardo, La Encrucijada de Aragua, asesinado el 28.11.08
14) Luis Hernández, La Encrucijada de Aragua, asesinado el 28.11.08
15) Carlos Requena, La Encrucijada de Aragua, asesinado el 28.11.08
16) Nelson Jaramillo, Sucre, asesinado el 17.01.09
17) Jean Carlos Miguens, Maracay, asesinado el 06.10.09
18) David Alexander Zambrano, San Félix, asesinado el 07.02.09
19) Ricardo López, Autopista Regional del Centro en Carabobo, asesinado el 20.01.09
20) Emilio Celestino Sánchez Pericana, Barcelona, asesinado el 21.01.09
21) José Javier Marcano Hurtado, Barcelona, asesinado por funcionarios policiales el 21.01.09
22) Pedro Jesús Suárez, Barcelona, asesinado por funcionarios policiales el 21.01.09
23) Ramón Montilla Sandoval, Ciudad Guayana, asesinado el 03.02.09
24) Ysaac Caldera Carrillo, La Concepción de Zulia, asesinado el 02.02.09
25) Ramón Suárez, El Tigre, asesinado el 26.02.09
26) Ilian Antonio González, San Félix, asesinado el 27.02.09]
27) Wilfredo Rafael Marquez, Puerto Ordaz, asesinado el 14.03.09
28) José Gregorio Torres Bautista, Los Teques, asesinado el 27.04.09
29) Germán Rosalino Herrera, Barcelona, asesinado el 29.04.09
30) Keller Orangel Maneiro García, Puerto Ordaz, asesinado el 04.04.09
31) Argenis Vasquez Marcano, Cumaná, asesinado el 05.05.09
32) Wilmer Bermúdez López, Carayaca de Vargas, asesinado el 06.05.09
33) Sergio Bladimir Devis, Ciudad Guayana, asesinado el 06.05.09
34) Argenis Alemán, Ciudad Guayana, asesinado el 18.05.09
35) Carlos Chacón, Avejales de Táchira, asesinado el 19.05.09
36) Alcides Rafael Alcazar Barreto, San Félix, asesinado el 21.06.09
37) Wilfredo Rafael Hernández Aviles, El Tigre, asesinado el 24.06.09
38) Jesús Argenis Guevara, El Tigre, asesinado el 24.06.09
39) Jesús Alberto Hernández, El Tigre, asesinado el 24.06.09
40) Felipe Alejandro Mata, Charallave, asesinado el 25.06.09
41) Reinaldo Hernández Berroterán, Charallave, asesinado el 25.06.09
42) José Enriquez, Los Teques, asesinado el 26.06.09
43) Jhon José Portillo Mora, Maracaibo, asesinado el 10.07.09
44) Eduardo Bolívar, Municipio Zamora de Aragua, asesinado el 10.07.09
45) José Antonio López Ibarra, Municipio Zamora de Aragua, asesinado el 10.07.09
46) Eduardo José Trias Delgado, Barcelona, asesinado el 20.07.09
47) Giovanny Gabriel Díaz, Municipio Urdaneta de Miranda, asesinado el 23.07.09
48) Juan Carlos Waldrop, Caracas, asesinado el 03.08.09
49) Endrick Esteban Millan Leal, Maracaibo, asesinado el 05.08.09
50) José Angleminir Mejias, Barcelona, asesinado el 11.08.09
51) Alberto José Mejias Sotomayor, Santa Lucía de Miranda, asesinado el 29.08.09
52) Alexander Machado Díaz, Santa Lucía de Miranda, asesinado el 29.08.09
53) Ricardo Buenaventura, Villa de Cura, asesinado el 30.09.09
54) Enjojar Moya, Porlamar, asesinado el 30.09.09
55) David Alexander Zambrano, Santa Teresa del Tuy, asesinado el 29.10.09
56) Freddy Miranda, Santa Teresa del Tuy, asesinado el 29.10.09
57) Alexander Morales, Valencia, asesinado el 11.12.09
58) Jose Luis Gomez, Santa Lucía de Miranda, asesinado el 20.11.09
59) Anderson José Torres Brito, Naguanagua, asesinado el 10.12.09
60) Franklin Jesús Morales, Maracaibo, asesinado el 02.12.09
61) Jesús David Velisario Salazar, Ciudad Bolívar, asesinado el 17.12.09
62) Hector Ramón López Montaño, San Félix, asesinado el 23.12.09
63) José Martínez, Puerto La Cruz, asesinado el 03.01.10
64) Vilma Jenitza Zambrano, Caracas, asesinada el 09.03.10
65) Rafael Antonio García, Caracas, asesinado el 09.03.10

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)

CIDH demandó al Estado ante la Corte por abusos policiales

2010-08-04T04:23:00.000-07:00

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al Estado venezolano ante la Corte Interamericana, por impunidad en los presuntos abusos cometidos por agentes de la Policía contra la familia Barrios, varios de cuyos miembros fueron asesinados.

"El caso Familia Barrios, Venezuela, fue presentado el 26 de julio de 2010 por la persecución por parte de agentes de la Policía del estado Aragua contra los miembros de la familia", indicó la Comisión en un comunicado difundido ayer. "Como parte de esta persecución, cinco miembros de la familia Barrios han sido asesinados, uno de ellos siendo aún niño", señaló la CIDH, que afirmó que estos crímenes "permanecen en la impunidad".

Los abusos contra la familia han continuado a pesar de que la CIDH pidió desde 2004 medidas de protección al Gobierno venezolano.

La familia Barrios comenzó a sufrir los abusos luego de que denunciara en 2004 el asesinato de Narciso Barrios, presuntamente a manos de policías de Aragua. Ese mismo año, dos miembros más de la familia fueron asesinados.

En enero de 2005 también lo fue otro miembro de la familia, de 15 años, y otro más en noviembre de 2009.

El grupo, además, ha sido objeto de detenciones, allanamientos, amenazas y hostigamiento, según la Comisión.

La Comisión destacó que varios miembros de la familia siguen en situación de riesgo. Estos hechos "se enmarcan en el contexto más general de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela por parte de las fuerzas policiales regionales".

El Universal

Lusbi Portillo: “vamos a la CorteIDH a demandar al gobierno por violación de los derechos indígenas”

2010-08-03T05:10:00.000-07:00

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió la decisión sobre el Amparo Constitucional introducido el 25.02.10, el máximo representante judicial negó la posibilidad que Sabino Romero, Alexander Fernández y Olegario Romero sean juzgados por leyes indígenas.

En el documento publicado en la página Web del TSJ, en el apartado V Decisión, “declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida -conjuntamente con medida cautelar innominada- por el abogado Ricardo Antonio Colmenares Olivar, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos SABINO ROMERO IZARRA y ALEXANDER FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ”.

Para Lusbi Portillo, coordinador de Homo et Natura, el fallo atenta con la constitución y contra los derechos de los pueblos indígenas, además, de presentar un retardo injustificable de 5 meses.

El coordinador de la ONG agrega “en ningún momento nos atendieron, no nos dieron la audiencia que se solicitó. Por la página Web del Tribunal Supremo de Justicia los abogados se enteraron que el pronunciamiento es inadmisible, no se admite el amparo”.

Al respecto de la tardanza en la respuesta expresó “eso lo tuvieron que decir en febrero y no desgastarnos”.

“A estas alturas nos dicen que es inadmisible, como ya cubrimos todas las instancias regionales y nacionales, nos vamos ahora a nivel internacional, vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a demandar al gobierno por violación de los derechos indígenas, por violar la constitución, por violar leyes y acuerdos internacionales que se ha firmado que tienen rango constitucional” explicó.

Para Portillo la decisión del TSJ, al igual que el infructuoso proceso de demarcación de tierra, es otro capítulo de la negación de los derechos al pueblo indígena agrega “está reconocido pero no se acepta el goce de esos derechos, el derecho a la justicia indígena”.

“Esto es un Estado colonial, solo tienen derecho los criollos (…) pero los pueblos indígena, los 36 pueblos indígenas no tienen derecho a ser juzgados por su propia justicia, a gozar de su propia justicia, porque el Estado lo prohíbe” acotó.

Rueda de Prensa

El integrante de Homo et Natura realizó una llamado a los medios de comunicación para que asistan mañana a las 10:00 am a la sede del TSJ, en la plaza Manuela Sanz, para una rueda de prensa.

Los Yukpas y representantes de las distintas organizaciones que acompañaron a los manifestantes anunciarán cuáles serán las acciones que se realizarán para solicitar justicia en el caso de Sabino Romero y expresarán sus impresiones sobre el fallo del máximo tribunal.

Sobre la acciones a seguir como complemento a la demanda que se interpondrá ante la CorteIDH Portillo explicó “lo que queda es denunciar esta decisión (…) denunciar a un Estado con instituciones burguesas (…) por todos los medios posibles”.

Provea.com

Derechos Humanos en peligro

2010-08-02T05:41:00.000-07:00

El Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia Penal y DDHH presenta su informe 2010. Se estima que 98% de los tratos crueles por parte de funcionarios no han sido sentenciados

“A pesar de que se mantiene el presupuesto nacional del sistema de justicia, que es de 2%, no es suficiente porque se están considerando los ingresos petroleros muy por debajo de los ingresos reales. Además, dentro del dinero que aprueba la Asamblea Nacional por créditos nacionales debería estar una parte destinada a la justicia”, destaca Alfredo Ruiz, de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, una de las once organizaciones que conforman el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos.

Esa red defensora de DDHH presentó el informe anual con el fin de “realizar una veeduría social sobre la justicia en Venezuela y generar propuestas y recomendaciones para disminuir la impunidad, los retardos, los abusos policiales y la violencia, así como incentivar la participación ciudadana para optimizar la administración de justicia en el país”.

En el estudio se destacó la dificultad de acceder a informaciones públicas sobre la administración de justicia y la debilidad de las instituciones en la recopilación y difusión de estadísticas que permitan identificar problemas, logros y deficiencias de instituciones públicas.

También se dio a conocer el déficit de funcionarios del Poder Judicial, sobre todo en los estados Aragua y Carabobo.

“El promedio nacional es de 3 jueces penales por cada 100 mil habitantes, mientras que en esos estados no llega a 1,5. Si tomamos en cuenta las cifras anuales de delito, divulgadas por el Cicpc, notamos que cada juez debe atender aproximadamente 300 casos y, en Aragua y Carabobo, deben encargarse de más de 800 casos”, explica Ruiz.
A juicio del representante de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, esta situación es consecuencia de que aún no se ha instalado la Comisión Nacional del Sistema Judicial que debió ponerse en marcha el año pasado, luego de que se aprobara la Ley del Sistema Judicial.

“El retardo es de la Asamblea Nacional, pues al aprobarse una ley tiene un plazo de 30 días para convocar a todas las instituciones del sistema de administración de justicia y crear esa comisión”, añade.

TORTURAS EN AUMENTO: En el informe también se destacó el incremento de las denuncias de tratos crueles por parte de funcionarios públicos, razón por la cual los defensores de DDHH recomiendan que se apruebe una ley contra tortura.

Ruiz explica que la disposición cuarta de la Constitución establece que la AN tenía hasta el año 2001 para crear una ley contra la tortura. Como no se ha promulgado, "no se están aplicando las sanciones adecuadas a los funcionarios responsables de estos actos, no hay programas de atención médica, psicológica ni de rehabilitación para las víctimas de la tortura. Tampoco se ha creado un fondo de indemnización para las víctimas de abusos policiales y militares en general".

El vocero de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz añade que "Venezuela está en mora con su propia Constitución y con los reglamentos internacionales", pues también están aprobadas la Convención contra la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (ratificada el 26 de junio de 1991).

Asimismo, señala que el Ministerio Público registró en 2008 un total de 22 casos de sentencia condenatoria contra funcionarios responsables de violación de DDHH y, en 2009, fueron 57 casos. “Con respecto a las denuncias, es menos de 2%, por lo que todavía 98% de las violaciones de DDHH por parte de funcionarios no han sido sentenciadas”.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: El Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos propone la participación ciudadana y obtención de datos a partir de las experiencias de los individuos.

Las once organizaciones que conforman dicha red funcionan como “un espacio abierto al diálogo y formación dentro de la comunidad”, y tiene por finalidad “dar seguimiento a la actuación del sistema de administración de justicia penal ante denuncias de violaciones a DDHH, capacitar a la comunidad y brindar acompañamiento a organizaciones comunitarias para la atención de víctimas de torturas de funcionarios públicos”.

Tal Cual Digital

Jueza tras las rejas por fallo contrario al Gobierno venezolano contó su historia

2010-08-01T08:02:00.000-07:00

Para la jueza María Lourdes Afiuni, el presidente Chávez pidió 30 años de cárcel. Aún no tiene fecha para su juicio. Afiuni todavía es jueza de la República Bolivariana de Venezuela, aunque está con varias mujeres que ella misma mandó a encarcelar por haber cometido, más que una falta, una especie de "pecado revolucionario".

En teoría, el hombre -de nombre Eligio Cedeño- coadyuvó a la adquisición ilegal de 27 millones de dólares del sistema de control cambiario, pero se comenta que el desprecio oficial se lo habría ganado por haber ayudado a fugarse al ex sindicalista y líder del paro petrolero Carlos Ortega.
Cedeño, quien ya llevaba tres años preso sin juicio culminado (la ley venezolana establece que a los dos años sin juicio, la persona debe ser liberada), hoy se encuentra en Estados Unidos. Afiuni, en cambio, paga una cárcel que hasta el propio presidente Hugo Chávez exigió que alcanzara la pena máxima de 30 años, por supuesta corrupción y abuso de autoridad. Todavía no se le prueba el delito, pero ella sigue presa, a pesar de los llamados de atención hechos por Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y decenas de asociaciones de abogados de América Latina.

A través de un breve cuestionario escrito y una corta llamada, EL TIEMPO pudo contactarla en la cárcel, desde donde asegura que su prisión busca doblegar al resto del sistema judicial. Todavía no le han asignado fecha de juicio.

¿Antes de ordenar la libertad de Cedeño, pensó que podría sufrir alguna represalia?
Todos los operadores de justicia teníamos conocimiento de que era un caso problemático. Se sabía que el juez que tuviese esa causa podía tener represalias si no tomaba las decisiones de las personas interesadas.

¿Entonces por qué decidió hacerlo, consciente de esa circunstancia?
Cuando uno ejerce la función de juez y lo hace por convicción, por carrera judicial, uno puede tomar decisiones de acuerdo a nuestras leyes, nuestra Constitución y nuestros tratados internacionales. Me parece increíble que la norma sea lo contrario. El expediente de Cedeño tenía hasta una resolución de la ONU donde me instaba a darle una medida cautelar.
Si esa decisión estuvo ajustada a derecho ¿por qué le ha costado tan caro?
Porque definitivamente el señor Eligio Cedeño era un preso político. Qué te puedo decir, él venía preso arbitrariamente desde sus inicios, yo lo que hice fue aplicar la ley como cualquier otro caso. Me ha costado porque me convertí yo en la presa política del caso y a la vez puedo decir que es un amedrentamiento a todos los jueces de Venezuela. Muchos abogados que me vienen a visitar me dicen que la justicia se convirtió en antes y después de mi detención. Ningún juez quiere tomar una decisión, por más mínima que sea, por temor a que se tomen represalias en su contra. En 23 años de ejercicio judicial no había visto este desastre que estoy viendo ahora.

Con esa radiografía y en vista de que todas las acciones ejercidas por sus abogados han sido rechazadas ¿qué expectativa tiene sobre su caso?
Desde el punto de vista jurídico procesal, por como están las cosas en Venezuela, yo no espero absolutamente nada. A mí en febrero me salió una bolita en la axila, pero hasta la semana pasada no hubo manera de que me llevaran a un especialista. Si ni siquiera autorizaban a que un médico me viera ¿cree que voy a esperar que se va a hacer justicia conmigo?

Además de esto que me narra ¿ha ocurrido algún otro episodio? ¿le han amenazado? Se dijo que usted tiene dos heridas por armas blancas.
Estoy bajo resguardo en una celda de 2x3, de la que no es que yo no quiera salir, es que no puedo, porque tengo un candado en el pasillo donde me encuentro. ¿Amenazas? Me han amenazado verbalmente. En cuanto a las lesiones físicas que haya podido haber sufrido eso me lo reservo para las actas. Me mandaron a hacer un reconocimiento físico, tengo el resultado verbal de los médicos forenses y cuando lo tenga por escrito, que yo esté convencida que lo que está colocado allí fue lo que me vieron, se harán las gestiones que sean necesarias. Por ahora puedo decir que desde que ingresé aquí en diciembre estoy rodeada de internas que he condenado y que he procesado. Muchas me han ayudado, pero también muchas están llenas de resentimiento, porque uno representa su detención.

¿Cómo debió haber sido su caso?
Yo estoy facultada para dictar medidas privativas, para dictar medidas de libertad y para dictar medidas cautelares (provisionales), y también para modificar esas medidas. En el caso de Cedeño, la Constitución venezolana y nuestro código nos dice que si una persona pasa más de dos años detenida y no se le ha culminado su juicio que no sea por culpa de él se le debe dar su inmediata libertad. Además, encontré en el expediente una resolución emanada de la ONU donde instaba al Fiscal, al juez del caso e incluso al canciller del país que a ese señor se le juzgara en libertad, pues tenía más de tres años preso.
Los jueces anteriores cometieron irregularidades y yo no iba a ser cómplice de eso. Entonces criminalizaron la medida cautelar diciendo que yo lo favorecí para que él se fugara, que abusé de mi autoridad y por último dijeron que era corrupción, que obtuve un beneficio o una promesa a cambio de algún acto que yo ejecutara. En mi audiencia, el fiscal, a viva voz, reconoció que yo no había recibido dinero y por eso es que estoy detenida: por corrupción sin dinero, por supuesto abuso de autoridad y por favorecer la evacuación de un señor que salió por la puerta principal del Palacio de Justicia.

¿Qué sintió cuando el presidente Chávez pidíó la pena máxima de cárcel para usted?
Tuve conocimiento de esas dos cadenas nacionales creo que tres o cuatro días después de la detención, y al escuchar lo que el Presidente había manifestado confirmé que ese señor era un preso político.

¿Cree que la salida del país de Cedeño la ha perjudicado aún más?
A pesar de que no me beneficia el hecho de que se haya ido, tampoco considero que me haya perjudicado. Si él se hubiera quedado estaríamos los dos detenidos, eso es un hecho. No debemos olvidar que mi detención es para que los demás no hagan lo que hice yo. De hecho, hay una tercera "cadena" en la que el Presidente está en un acto de graduación de abogados de la Universidad Bolivariana donde él les dice: "Espero que ustedes no vayan a hacer lo que hizo esa jueza en estos días".

Me dice que está en una celda 2x3 con candado ¿cuál es su rutina?
El candado estuvo en la celda de mi puerta al principio, ahora está puesto en el pasillo. Igual yo no salgo de mi celda porque en el pasillo hay 7 celdas y en todas hay internas. ¿Qué te puedo decir de una rutina 24 horas al día en una celda? Bueno, es imposible mantener una rutina aquí, se lee, se reza, se recibe a los abogados cuando te lo permiten, se conversa con dos o tres internas del pasillo, y se la pasa uno mucho tiempo sola. Pero todo cansa, llega un momento en que dices ¿y ahora qué hago?
¿Qué mensaje daría sobre lo que está pasando en Venezuela a nivel de Poder Judicial?
Los que estudiamos derecho sabemos que la justicia es la base, el corazón de una nación independiente. Una nación sin justicia no es nación, menos independiente. Porque todas las instituciones giran alrededor de ella, y sin justicia, todo falla. Es duro, mi mensaje es que se mantengan alerta, porque Venezuela no es un Estado de Derecho, menos social y de justicia. Es nefasto.

VALENTINA LARES MARTIZ CORRESPONSAL DE EL TIEMPO CARACAS

Magistrado advierte que TSJ desatendió criterio de CIDH: Rondón Haaz cree que sus colegas faltaron a sus obligaciones

2010-07-30T05:11:00.000-07:00

Pedro Rondón Haaz rechazó fallo que tilda a Súmate de agente de EEUU. Dijo que la Corte pidió a Venezuela "abstenerse de restringir los medios de financiación de las organizaciones de derechos humanos y deben además permitir y facilitar el acceso de las organizaciones de derechos humanos a fondos extranjeros...".

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desatendió las recomendaciones y mandatos que desde la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han girado a todos los Estados de la región en materia de asociación, cuando rechazó un recurso de Súmate bajo el argumento de que ella está sometida "a la línea de actuación" del Gobierno de Estados Unidos porque recibió fondos de una organización pública de ese país.

El señalamiento lo realizó el magistrado de la Sala Constitucional, Pedro Rondón Haaz, al rechazar el dictamen número 796 de la instancia judicial de la que es miembro, en el cual se advirtió a la asociación civil que podría estar incursa en el delito de traición a la patria por haber recibido recursos de la National Endowment for Democracy (NED).

Rondón Haaz, en su voto salvado, recordó que la CIDH le ha pedido a las autoridades venezolanas "abstenerse de restringir los medios de financiación de las organizaciones de derechos humanos y deben además permitir y facilitar el acceso de las organizaciones de derechos humanos a fondos extranjeros en el marco de la cooperación internacional".

Asimismo, señaló que el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha fijado que cualquier límite a las agrupaciones civiles debe respetar lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos.

El texto antes mencionado, en su artículo 16, contempla: "Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás".

Por último, Rondón citó a la Corte Interamericana, la cual en febrero de 2001, al resolver una demanda contra Panamá, estableció que el derecho a asociarse no sólo implica la posibilidad de constituir organizaciones, sino además "poner en marcha su estructura interna, actividades y programa de acción, sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del respectivo derecho".

El Universal.

Carta de Otto Gebauer Preso Politico a la Juez de Ejecución de Sentencia

2010-07-29T12:13:00.000-07:00

Yo, Otto Adolf Gebauer Morales, portador de la CI No 6.631.989 actualmente recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, Los Teques, Edo. Miranda. Sentenciado en un juicio POLÍTICO, a cumplir una pena de 12 años,6 meses, 22 días y 12 horas por los delitos de “Privación Ilegítima de la Libertad -en el grado de complicidad- e Insubordinación” en contra del Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez Frías, los días 11, 12 y 13 de Abril de 2002.

Me dirijo a usted en la oportunidad de solicitar que CESEN EN MI CONTRA LAS VIOLACIONES A MIS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES y se me OTORGUE LA FORMULA ALTERNATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA PENA “RÉGIMEN ABIERTO” contemplado en el Art 500 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que textualmente dice:

“… El destino al régimen abierto podrá ser acordado por el tribunal de ejecución, cuando el penado o penada haya cumplido, por lo menos, un tercio de la pena impuesta…”

Ciudadana Jueza, también es preciso recordar que nuestra Carta. Magna en su Art 272 referente al caso en cuestión, consagra

“… En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso, las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicaran con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria…”

Como se desprende de nuestra legislación, la reclusión será la ultima instancia en la cual se mantendrá al reo cuando le nazca una de las fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena. Cabe destacar, que en mi caso fui sentenciado en un Juicio militar de NATURALEZA POLÍTICA por DOS (02) DELITOS en los cuales en la fase “Oral y Publica” nunca se demostró mi responsabilidad penal y sin embargo, los jueces militares cumpliendo una orden de sus superiores, no solo me sentenciaron por “Complicidad en el delito de Privación Ilegítima de la Libertad” sino que la pena aplicada -en mi caso- era la correspondiente al delito de “Desaparición Forzada” contemplada en el Art 180-A del Código Penal Venezolano y no a la de Privativa de Libertad. Posterior a mi sentencia, en Abril de 2006 fue condenado el Coronel del Ejercito, Luis Beltrán Vaamonde Rojas, por esa misma instancia militar como “Autor, culpable y Responsable” de los mismo delitos -donde “YO” era el cómplice- a cumplir una pena de 3 años y 2 meses. Sentencia esta que ya se cumplió y el referido coronel está gozando de libertad plena desde el mes de marzo de 2009.

Para mayor asombro y es aquí donde se evidencia una muestra fehaciente de lo que significa una vulgar retaliación de carácter político, al “SUPUESTO CÓMPLICE” se le condena a una pena 4 veces mayor a la establecida al “AUTOR, CULPABLE Y RESPONSABLE” Y en 5 años, 07 meses y 15 días que llevo privado de la libertad, NINGUNA INSTANCIA QUE ADMINISTRA JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA -DIGASE TRIBUNALES, CORTE MARCIAL O TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA- HA SUBSANADO SEMEJANTE ABERRACIÓN JURÍDICA Y LA CUAL NO TIENE OTRO FIN, QUE TENER A UNA PERSONA INOCENTE PRIVADA DE LA LIBERTAD PARA TAPAR LA RESPONSABILIDADES DE UNOS Y LAS COBARDÍAS DE OTROS.

Ciudadana Jueza, desde el 10 de septiembre de 2008 me corresponde el “Régimen Abierto” Formula esta que no contempla la Libertad Plena, pero me permite estar junto a mi núcleo familiar. En reiteradas oportunidades he conversado con usted, y luego de vencer un sin numero de obstáculos y la imposición de extremas limitaciones por intereses que por ahora son oscuros, el 13 de marzo de 2009 se me otorgo dicha formula. Pero, el 28 de mayo de ese mismo año, es decir, luego de 2 meses y 15 días, usted, a solicitud del Fiscal Militar Segundo Capitán Jesús Arnoldo Rosales Castro, procedió -en menos de 4 horas al pedido de la vindicta publica militar y sin haberse efectuado la investigación correspondiente- a revocarme la Formula Alternativa del Cumplimiento de la Pena “Régimen Abierto”

Dicha premura en calificar mi comportamiento como de supuesto transgresor de sus disposiciones, trajo como resultado que el 11 de Junio de 2009 la Corte Marcial dejara sin efecto el auto dictado por ese tribunal a su cargo, pero, ordenaba mantener la privativa de la libertad, hasta tanto el Ministerio de Relaciones Interiores y de Justicia (MRIJ) me practicara el “Examen Psico-social” exigido por nuestra legislación para ser beneficiado y que anteriormente me había practicado el Hospital Militar por mandato suyo. Lo que no se ordenó investigar, ni establecer alguna responsabilidad -por parte de ese mandato de la Corte Marcial- fue a la “GOLPIZA” que me propinaron los funcionarios del la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) cuando ese 28 de mayo en horas nocturnas me notificaban que “SU ORNDEN ERA PRIVARME DE LA LIBERTAD” y por solicitar a las autoridades del Centro de Tratamiento Comunitario “Dr. Francisco Canestri de LA PLANTA” una Constitución Nacional y un Abogado, porque no existía en dicha detención la presencia de un Fiscal Militar que garantizara mis derechos, fui golpeado y pateado por una decena de miembros de esa Policía Política.

Desde que se ordenó la nueva realización del Psico-social en Junio de 2009, a esta cárcel han venido en infinidad de oportunidades el personal del MRIJ y según sus funcionarios “No han recibido de usted, la orden para efectuarme la mencionada evaluación” muestra de ello, fue el pasado jueves 20 de mayo y miércoles 02 de junio del año en curso, cuando sendas comisiones del referido Despacho vinieron a este centro a practicar la prueba y cuando fui a verificar si estaba incluido, estos me notificaron “que desconocían la existencia de alguna solicitud para efectuarme dicho examen” Agrava esta situación el hecho, que usted el viernes 7 d mayo de 2010, me garantizó que enviaría nuevamente un oficio para informar de mi situación al MRIJ y que con la urgencia del caso, me efectuara la prueba correspondiente.

Ciudadana Jueza, tengo una hija que en la actualidad cuenta con 8 años de edad y quien desde que tenia 7 meses de nacida no ha tenido el derecho de tener a su padre al lado por razones meramente políticas. Nuestro país está inmerso en una profunda crisis de gobernabilidad, gracias a los intereses mezquinos y criminales de factores, que estoy seguro deberán rendir cuentas al Sistema de Justicia Internacional. Pero, mientras eso ocurre la miseria, la delincuencia, el alto costo de la vida y los atropellos de un aparato represivo, generan un caos sin precedente ¡POR LO QUE LA PRESENCIA EN MI NUCLEO FAMILIAR ES DE PRIMORDIAL NECESIDAD!

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, LE SOLICITO TOME MEDIDAS EN MI CASO, CON EL FIN DE QUE SE ME RESTITUYAN MIS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, CONCEDIENDO EN FORMA INMEDIATA LA FORMULA ALTERNATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA PENA QUE CORRESPONDE POR LEY O MI LIBERTAD PLENA. YA QUÉ USTED, SABE MEJOR QUE NADIE QUE SOY INOCENTE!

Observe el video de VTV criminalizando el trabajo de Espacio Público

2010-07-29T05:46:00.000-07:00

Este video ha estado siendo emitido en la programación de Venezolana de Televisión desde el jueves 28 de julio, criminalizando el trabajo de Espacio Público y la cooperación internacional para el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Además de vulnerar el derecho constitucional a la organización social para la defensa de los derechos, que a su vez supone el derecho a recibir cooperación para el trabajo en derechos humanos, constituye una incitación al odio a través de una campaña gestada en un canal público.

PROVEA VENEZUELA

Los Yukpa no se rinden

2010-07-28T05:30:00.000-07:00

Tras nueve días de protesta, insisten en que permanecerán en el TSJ hasta que los atiendan. Exigen que Luisa Estella Morales les diga si los tres detenidos irán a juicio ordinario o no. La Constitución dicta que estos pueblos pueden aplicar instancias propias de Justicia

"No estamos en contra del Presidente ni de nadie. Lo que queremos es que se respete el artículo 260 de la Constitución y que el Tribunal Supremo de Justicia diga si los tres Yukpa presos van a juicio indígena u ordinario", explica Sabino Romero Martínez, cacique de la comunidad de Chaktapa.

Más de cien familiares de los dirigentes indígenas Yukpa detenidos en el Fuerte Macoa en Machiques (Sabino Romero Izarra, Olegario Romero y Alexander Fernández) permanecen desde hace nueve días en la plaza Manuela Sanz, frente al TSJ, para exigir que la Sala Constitucional decida si es posible que el caso sea sometido a la justicia indígena.

La Constitución establece en su artículo 260 que "las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional".

En febrero de este año, el grupo de indígenas presentó una acción de amparo y todavía no han recibido respuesta.

"Hay un retardo procesal porque el pronunciamiento de cualquier tribunal del país en materia de amparo debe hacerse en un tiempo no mayor a 15 días y ya van cinco meses. Hace más de un año hubo una situación confusa en la que murieron tres personas y se abrió un proceso penal. Los familiares introdujeron el amparo para que el TSJ dé una argumentación bien fundamentada, pues los tres Yukpa llevan nueve meses privados de libertad", señala Marino Alvarado, coordinador general de Provea.

HASTA QUE LOS ATIENDAN
"Queremos que los presos sean liberados porque ese problema lo podemos resolver nosotros mismos. No pasó en territorio watía (hombre blanco), sino indígena. Estamos exigiendo nuestros derechos. Hoy son ellos pero en otro momento podría ser otro compañero o hermano indígena", manifiesta Daisy González Romero, cacique de la comunidad de Guamo Pamocha y esposa de Olegario Romero.

Por su parte, Carmen Fernández, cacica de la comunidad de Kuse y madre de Alexander Fernández, asegura que también están solicitando que sus parientes sean trasladados a un sitio de reclusión especial para indígenas, como el Centro Piloto de El Tocuco, en la Sierra de Perijá, donde se encuentran recluidos más de 60 caciques.
"En el Fuerte Macoa están sufriendo: les dan agua sucia, comen comida ácida y se bañan con agua sucia. Las mujeres cuando vamos a la visita también somos maltratadas. Nos mandan a quitarnos la ropa", añade.

Aunque no han recibido la visita de ningún funcionario del TSJ, los Yukpa no se rinden y afirman que seguirán protestando hasta obtener respuesta.

"Estamos aquí viviendo y durmiendo para exigir a la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, que nos informe qué va a pasar con nuestros familiares. No nos vamos a mover de aquí hasta que no nos atiendan", advierte.
Tal Cual Digital.

Manifestantes indígenas solicitan ser atendidos por el TSJ

2010-07-25T12:24:00.000-07:00

El grupo de indígenas Yupka y Wayuú concentrados en la Plaza Manuela Sanz del Tribunal Supremo Justicia (TSJ) se mantiene a la expectativa de una respuesta de la Sala Constitucional sobre el amparo interpuesto el 10.02.10.

Al respecto Deisy González Romero aseguró “hasta ahorita no vemos ni una respuesta” Por otra parte agregó “no estamos violando ninguna ley, tomamos esto para ver si nos atendían. Por qué yo creo que este problema que habíamos tenido allá, nadie lo sabía”.

Los manifestantes mantienen su posición de permanecer el tiempo que sea necesario para lograr que Sabino Romero, Alexander Fernández y Olegario Romero, detenidos en el Fuerte Macoa en Machiques, no sean procesados por leyes ordinarias.
Romero González enfatizó “exigimos que se respete nuestra ley y nuestras costumbres como lo dice en la Ley Orgánica de los Pueblos Indígenas”. La indígena se refirió a las personas e instituciones que deberían velar por sus derechos y acompañarlos en esta situación “para ellos eso quedo archivado, no les interesa. Eso lo hemos visto en esto diez meses”.

La representante indígena recordó palabras del el Presidente Chávez “tienen que escuchar aquellas personas que son necesitadas de escuchar”.

La manifestante enfatizó el motivo de la concentración “Nosotros estamos aquí por que hemos esperado 10 meses y 10 meses sin respuesta. Ya Basta. Estaremos aquí hasta recibir una respuesta”.

“Venimos a buscar la vida de nuestro hermanos presos, ellos se sienten desesperados”, aseguró.

En caso de tener la oportunidad de hablar con el Jefe de Estado, Romero González expresó “si yo tuviera la oportunidad de hablar con el presidente de la república, gracias a él tenemos la constitución, gracias a él tenemos un amparo (…) él no has dado un gran oportunidad y yo le pediría que liberen a nuestros hermanos”.
Por otra parte, Lusbi Portillo, director de Homo et Natura, aseguró que en caso de no lograr un pronunciamiento por parte del TSJ que garantice que Sabino Romero, Alexander Fernández y Olegario Romero sean juzgados por las leyes indígenas, acudirán ante la OEA.

Los manifestantes solicitan que las personas solidarias con la causa indígena los acompañen en esta acción, y les brinden su apoyo mediante la donación de agua, frutas y alimentos no perecederos.

Artículo 260
Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Prensa Provea,

Fiscalía acusó solo en tres de cada 100 casos de abuso policial

2010-07-22T05:44:00.000-07:00

La información figura en el informe que Ortega Díaz presentó a la AN. La fiscal promete que en 2010 se verán los "resultados más contundentes" en el caso de los ex directivos de los bancos intervenidos.

En 2009, el Ministerio Público conoció 9.610 casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes policiales y efectivos militares. Sin embargo, solamente en el 3,28% de esas denuncias (315) terminó acudiendo ante un juez para solicitarle que sentara en el banquillo de los acusados a los supuestos responsables de esos abusos.

La información figura en el informe anual que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó semanas atrás a la Asamblea Nacional.

En el reporte también se anuncia que de esos casi 300 casos llevados a los tribunales, los jueces resolvieron 177, de las cuales 139, 78%, terminaron en condenatorias (82 por admisión de los hechos por parte de los autores y 57 por las pruebas presentadas por los fiscales); y 38, es decir el 21%, concluyeron en absolutorias.

La mitad de las denuncias, 4.899, terminaron siendo archivadas, lo que significa que el Ministerio Público está a la espera de obtener nuevas evidencias que le permitan decidir si solicita o no el procesamiento de los involucrados. Por su parte, en 3.711 (38,62%) denuncias terminó pidiendo el sobreseimiento de los señalados.

En mayo del año pasado, la fiscal general anunció que su despacho había contabilizado 155 casos de ajusticiamiento y que en 2008 la cifra ascendió hasta los 600.

En marzo pasado, la instancia garante de la legalidad puso en marcha la Unidad Criminalística, instancia que ayudará a investigar los más de 8 mil casos de abusos policiales registrados por ella desde el año 2000; y una de sus principales iniciativas.

En su informe, Ortega Díaz también resaltó la importancia de los procesos de exhumación de los restos de las víctimas de casos como el Caracazo, Yumare y Cantaura, realizados en 2009, por considerar que los mismos ponen de manifesto el compromiso del Estado por investigar estos hechos y por reparar a los afectados y a sus familias.

El Universal.

TSJ pone límites al acceso a la información pública

2010-07-16T06:34:00.000-07:00

El pronunciamiento tiene carácter vinculante. En el dictamen también se estableció que datos como el ingreso de los funcionarios públicos o sus declaraciones juradas de bienes no tienen por qué publicarse, pues "forman parte de su intimidad".

Al TSJ fueron el SNTP, CNP y Espacio Público venancio alcázares
¿Por dónde pasarán las futuras líneas ferroviarias que proyecta construir el Ministerio de Transporte? ¿Cuántos millones de bolívares destina al Gobierno a la lucha contra el cambio climático? ¿Cuántos jueces penales hay en el país? Los ciudadanos que deseen conocer las respuestas a estas y otras preguntas deberán acudir a los organismos públicos respectivos y manifestarles "expresamente las razones o propósitos por los cuales requieren esa información" y además deberán demostrar que "la magnitud de la información que se solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar" a la misma.

Así lo estableció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en su sentencia número 745, en la cual rechazó el recurso de amparo que Espacio Público interpuso contra la Contraloría General de la República por negarse a suministrarle las remuneraciones del contralor Clodosbaldo Russián; y del resto de los funcionarios que laboran en el despacho encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos.

En el fallo redactado por la magistrada Carmen Zuleta de Merchán se afirma que el acceso a la información pública no es un derecho absoluto, como sí lo es el derecho a la vida.

En el dictamen también se estableció que datos como el ingreso de los funcionarios públicos o sus declaraciones juradas de bienes no tienen por qué publicarse, pues "forman parte de su intimidad".

La Sala indicó que los accionantes no demostraron cómo el saber cuánto ganan las autoridades y los empleados del Estado y cuáles son sus bienes "sería de utilidad para la participación ciudadana en pro de la transparencia de la gestión pública".

El pronunciamiento del máximo juzgado tiene carácter vinculante; es decir que todos los tribunales del país deben guiarse por él hasta que la Asamblea Nacional apruebe una ley.

Exigen anular al Cesna
Horas antes de que se difundiera el contenido de este fallo, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y de Espacio Público demandaron ante el TSJ la nulidad del Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna).

Las tres organizaciones consignaron ante la Sala Político Administrativa un recurso de nulidad contra el decreto presidencial número 7.454, por considerar que viola los ar- tículos 57, 58, 143, 325 y 339 de la Constitución y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Juan Francisco Alonso EL UNIVERSAL